Attachments
PREFACIO
La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha mostrado progreso en muchas áreas socioeconómicas en la última década. Entre 2004 y 2014, la mayoría de los países experimentaron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron y los ciudadanos de ALC se volvieron más saludables y alcanzaron un mayor nivel de estudios. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.
En contraste, el crimen aumentó. ALC continúa siendo la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes en 2015 (cuatro veces la media mundial). Sin embargo, a pesar de la gravedad del problema, los costos que la delincuencia y la violencia imponen a la región solo han comenzado a recibir atención sistemática hace muy poco tiempo. Ante los altos índices de criminalidad, los costos de la delincuencia pueden ser considerables: las personas cambian su comportamiento para evitar (o participar) en la actividad criminal, los hogares gastan para protegerse de la delincuencia, las empresas reducen su inversión e incurren en pérdidas de productividad y los gobiernos cambian la asignación de recursos.
Por lo tanto, preguntamos: ¿Cuán grandes son los costos del crimen y la violencia en ALC? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden reducir? Las estimaciones de dichos costos resultan útiles para concientizar sobre la magnitud del problema, situar el tema en las agendas nacionales e internacionales, identificar áreas para mejorar la asignación de recursos públicos y privados, y diseñar mejores políticas de prevención del delito y control de la delincuencia.
La inseguridad en ALC es un desafío para el desarrollo. Es por esto que el Banco-Interamericano de Desarrollo (BID) está ayudando a los países de la región mitigar esta alza de violencia. Construir conocimiento es fundamental para evaluar y abordar este desafío. El BID ha puesto en marcha una agenda de investigación sobre seguridad ciudadana que tiene como objetivo avanzar en la frontera del conocimiento y producir valiosas investigaciones que puedan traducirse en mejores políticas en el sector. A partir del trabajo iniciado en 2012, el Banco publicó en 2015 el volumen Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe. Este fue el primer paso para establecer un marco conceptual para calcular los costos de los crímenes y proporcionar estimaciones sistemáticas de costos directos para cinco países de la región, así como también contabilizar los costos indirectos en algunos casos específicos.
Este nuevo volumen amplía nuestro conocimiento de varias formas clave, respondiendo en muchos casos a las demandas de los formuladores de políticas de toda la región.
En primer lugar, en comparación con el volumen anterior, los costos se computan para 17 países de manera comparable (y en seis países desarrollados utilizados para comparar la región) entre el 2010-2014. En segundo lugar, los cálculos de este volumen contienen avances metodológicos en cuanto a la medición de todos los componentes de los costos directos con el objetivo de asegurar la comparabilidad entre países y obtener estimaciones más precisas de los tres componentes analizados del costo de los crímenes: los costos sociales (victimización letal y no letal, y pérdida de ingresos de la población carcelaria), el gasto privado en seguridad de las empresas y de los hogares, y el gasto público (incluidos los costos del sistema de justicia, el gasto en servicios policiales y el gasto en administración penitenciaria).
Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta en promedio, a los países de ALC, un 3% del producto interno bruto (PIB), con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%, y una amplia gama de variaciones que ilustran la heterogeneidad del delito en la región. En algunas naciones, los costos del crimen duplican el promedio regional (especialmente en Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad. Esto representa, para toda la región, un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados, cifras que equivalen a unos US$300 per cápita, como un promedio de los costos per cápita de cada país. Estos costos se descomponen de la siguiente forma un 42% corresponde al gasto público (sobre todo en servicios policiales), un 37% a gastos privados, y un 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización.
Estas estimaciones son conservadoras para permitir la comparabilidad entre países, y solamente incluyen un conjunto de costos directos. Aun así, el costo del crimen en ALC representa el doble del costo promedio de los países desarrollados. ALC muest ra mayores costos sociales y duplica el gasto privado en seguridad como proporción del PIB. El gasto público de ALC en seguridad, en términos de porcentaje del PIB, es similar al de Reino Unido o al de Estados Unidos. Sin embargo, como proporción del gasto público total, el porcentaje de gasto público relacionado con el crimen en ALC (en un 5 %) es casi el doble del promedio de los países desarrollados, lo cual deja en evidencia la prioridad que los gobiernos de ALC atribuyen a la seguridad ciudadana.
No obstante, la eficiencia de este gasto es cuestionable. Si bien el gasto en educación y salud parece estar correlacionado positivamente con mejores resultados en esos sectores, el gasto en seguridad ciudadana no se ha asociado con resultados en términos de mejoras en seguridad y tasas delictivas más bajas . De hecho, países con similares niveles de gasto pueden enfrentar tasas de homicidio completamente diferentes, lo que sugiere la presencia de ineficiencias potenciales en el gasto público. En este estudio también se muestra que los costos privados en ALC se correlacionan más que los costos del gobierno con el ambiente criminal de cada país, lo que sugiere que el sector privado es más flexible para adaptar sus gastos en seguridad al contexto criminal que el sector público.
En este volumen se examinan en profundidad áreas geográficas específicas que ostentan altos costos en términos de bienestar debido al crimen. Brasil, con estimaciones subnacionales de los costos del crimen para cada estado, muestra tanta heterogeneidad dentro del país como ALC en su conjunto. Este volumen también se centran en una subregión que tiene los mayores costos del crimen en ALC: el Triángulo Norte de Centroamérica (compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala). Luego se analiza la segunda subregión más importante en términos de costos del crimen: el Caribe, destacando sus similitudes y diferencias con respecto a América Latina. Además, se abordan otros desafíos “antiguos” y “nuevos” relacionados con la seguridad, entre ellos la violencia contra la mujer y la ciberseguridad, y se demuestra que la región se halla muy rezagada en términos de su disposición a abordar estos graves problemas. Por último, en este estudio se describen las variadas formas que puede cobrar el denominado “crimen organizado”, un fenómeno que opera en la región y que podría contribuir a exacerbar la violencia en algunos países.
De este volumen se desprende que el crimen en ALC es costoso y genera múltiples distorsiones para todos los agentes de la economía. Los resultados ponen de relieve que diferentes políticas pueden tener efectos diversos sobre la delincuencia, como el aumento del gasto público. Por lo tanto, es importante promover e implementar sólidas evaluaciones de impacto de las políticas de prevención del delito y de control de la delincuencia para llevar a cabo análisis robustos de costo-beneficio y costo-efectividad.
La región necesita en forma urgente contar con los conocimientos que le permitan aplicar políticas públicas basadas en la evidencia en materia de seguridad ciudadana.
Las estimaciones de costos de este libro brindan una clara imagen del impacto de la delincuencia y la violencia en ALC, y sirven para promover mejoras en las políticas públicas que en última instancia pueden reducirlas.
Quisiera agradecer a los autores, y a quienes han colaborado con este volumen, por sus valiosos aportes: Beatriz Abizanda, Nathalie Alvarado, Victoria Anauati, Pablo Bachelet, Dino Caprirolo, Sebastián Galiani, Mauricio García, Rogelio Granguillhome Ochoa, Laura Jaitman, Philip Keefer, James Andrew Lewis, Renato Sergio de Lima, Marcela Mello, José Antonio Mejía Guerra, Miguel Porrúa, Inder Ruprah, Carlos Santiso, Heather Sutton, Iván Torre, Federico Weinschelbaum, David Weisburd y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ana Maria Rodriguez-Ortiz Gerente, Instituciones para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Washington D.C., noviembre de 2016