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Contexto
En marzo de 2025 se celebraron elecciones primarias marcadas por irregularidades, incluyendo el retraso en la entrega de materiales electorales, protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y denuncias sobre votaciones múltiples. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron violencia política durante todo el proceso electoral, especialmente dirigida a mujeres en roles de liderazgo.
La violencia contra las mujeres y niñas continuó siendo una constante. Al cierre de marzo se registraron 53 femicidios, la mayoría contra mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años. Dos de estos femicidios ocurrieron en un lapso de 24 horas en Choluteca y El Paraíso—zonas donde ACNUR mantiene presencia operativa.
Los retrasos en la aprobación de la Ley Alerta Púrpura, orientada a prevenir la desaparición de mujeres, provocaron protestas a nivel nacional y bloqueos de carreteras. La línea nacional contra la violencia doméstica recibió más de 5.000 llamadas durante el primer trimestre, lo que derivó en 122 detenciones. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, más de 1.400 mujeres fueron desplazadas forzadamente por violencia en 2024.
Las preocupaciones de seguridad aumentaron, con seis masacres reportadas solo en marzo, elevando el total anual a 12 incidentes y 42 víctimas. En Rivera Hernández, San Pedro Sula, cuatro personas fueron asesinadas por individuos armados vestidos con uniformes tipo militar. Adicionalmente, la extorsión siguió afectando al sector de transporte público, con reportes de cobros mensuales de hasta 2.000.000 USD por parte de estructuras criminales.
Asimismo, se registraron conflictos por tierras en Islas de la Bahía y Lempira; mientras tanto, se reanudó el diálogo entre autoridades, sector privado y organizaciones rurales para abordar disputas en el Bajo Aguán. Persistieron además las preocupaciones sobre la libertad de prensa, con 75 periodistas bajo protección estatal. Un índice reciente de criminalidad ubicó a Honduras entre los tres países más peligrosos de la región.