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Contexto
En febrero de 2025, Honduras continúo siendo uno de los países más violentos de la región, con cinco masacres y 41 femicidios reportados desde enero.
En el Bajo Aguán, un conflicto agrario de larga data escaló en un enfrentamiento entre campesinos, empresarios y estructuras criminales. Las pandillas tomaron el control de las vías que conectan fincas y comunidades, convirtiéndolas en zonas de tránsito peligrosas. Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por el desplazamiento forzado de 150 familias y solicitaron garantías para su retorno seguro.
En Chamelecón, San Pedro Sula, se intensificaron las disputas territoriales entre pandillas, afectando comunidades donde ACNUR mantiene presencia operativa.
Un deslizamiento en la carretera hacia la frontera de Las Manos con Nicaragua interrumpió la conectividad y el acceso humanitario, obligando a la mayoría de los socios a suspender sus actividades. ACNUR intensificó el monitoreo de protección y análisis de riesgos, identificando amenazas para las personas refugiadas y migrantes reunidas cerca de la frontera o aquellas que usaron rutas alternas inseguras.
Desde el 1 de enero, ACNUR identificó a más de 8.100 personas viajando de norte a sur. Muchas llegaron a México, pero decidieron regresar debido a cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos de América, dirigiéndose principalmente hacia Colombia, Venezuela o Costa Rica.
Las deportaciones de hondureños continuaron en aumento, con más de 5.700 retornos reportados desde enero. En este sentido, ACNUR y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas se reunieron con el Consejo de Gobernanza Migratoria del Gobierno para discutir el plan “Hermana, Hermano, Vuelve a Casa”. Adicionalmente, una proyección de una caída del 20% en remesas y más de 260.000 hondureños en riesgo de deportación podrían afectar gravemente la estabilidad económica y social del país.
ACNUR sigue apoyando a actores nacionales y locales en el monitoreo de movimientos poblacionales, garantizando el acceso a protección e identificando personas con necesidades de protección internacional en puntos fronterizos clave.