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Honduras: buscando respuestas duraderas a los desplazados internos por la violencia

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En Honduras, la crisis humanitaria desatada por la pandemia se sumó a la ya existente por la violencia. Brindarles asistencia y protección a las personas desplazadas que buscan hoy soluciones duraderas a su situación no da más espera en un país en el que cada día se profundizan las causas de la violencia y, por lo tanto, aumentan los riesgos de la expulsión.

Por Karim Khaallayoun, Jefe de Misión del CICR para Honduras

La violencia generalizada es la principal causa de desplazamiento interno en Honduras. La presencia de grupos ligados a actividades criminales, organizados en maras o pandillas, así como la disputa territorial de bandas dedicadas al narcotráfico, son los grandes motores de esta violencia. Las dos principales ciudades del país: Tegucigalpa -la capital- y San Pedro Sula - urbe industrial- han figurado en los últimos años en los primeros puestos de la lista de las ciudades más violentas del mundo, con tasas de homicidios que oscilan entre los 40 y 55, respectivamente, por cada 100 mil habitantes.

El incremento del crimen y la violencia, sumado a la frágil institucionalidad y a la profundización de las desigualdades en uno de los países más pobres de América (Honduras ocupa el puesto 132 de 189 países en el índice de desarrollo humano, con una tasa de pobreza del 71%), son caldo de cultivo para la existencia de altas cifras de desplazamiento interno y migración, dos fenómenos interconectados entre sí.

Muchos de los desplazados internos por la violencia, al no encontrar alternativas de subsistencia o formas de proteger sus vidas dentro del país, deciden migrar hacia Estados Unidos, ya sea de forma individual o en las ya reconocidas caravanas de migrantes.

El Gobierno de Honduras reconoce desde el año 2013 la problemática del desplazamiento forzado por violencia en el país. Para atender su impacto creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), cuyo objetivo es "impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia, así como la atención, protección y soluciones para las personas desplazadas y sus familiares" .

La CIPPDV realizó un ejercicio de caracterización para conocer el perfil de las personas desplazadas por la violencia y registrar las cifras e impacto del desplazamiento. A finales de 2019, los números indicaban que entre 2004 y 2018, 247,090 personas se habían desplazado internamente a causa de la violencia, lo que equivale al 2.1% de la población de Honduras. El 69% de las personas desplazadas se concentra en las zonas urbanas más pobladas del país.

El informe global "Desplazados en ciudades", publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, señala que en los últimos veinte años el número de personas en el mundo obligadas a desplazarse dentro de su propio país a raíz de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, se elevó de manera constante hasta superar, en 2016, los 40 millones de desplazados internos.

En el estudio se tomó en cuenta la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, por sus altos niveles de violencia y desplazamiento. La mayoría de las personas allí incluidas fueron desplazadas por resistirse a la extorsión por parte de las maras y pandillas, mientras que otras habían recibido amenazas directas por vinculación a sus familiares amenazados. Todas habían intentado salir de Honduras hacia México o Estados Unidos, pero no habían podido cruzar la frontera o habían sido repatriadas.

Un proyecto de ley para abordar la problemática del desplazamiento interno fue presentado oficialmente al Congreso Nacional de Honduras el 27 de marzo de 2019. Este marco legal otorgaría facultades para implementar una política pública sobre el desplazamiento interno a nivel central y local, buscando prevenir y proteger a las personas desplazadas. Sin embargo, dicha iniciativa de ley permanece engavetada y no ha sido siquiera discutida.

Como institución humanitaria acompañamos el esfuerzo de la CIPPDV y la iniciativa de ley. Mientras tanto, el CICR por su parte ha implementado una ruta de atención a las personas desplazadas, enfocándose en asistir a migrantes retornados desde México y Estados Unidos con necesidades de protección y a aquellas que aún no han cruzado la frontera. Más de mil personas desplazadas han recibido asistencia por parte del CICR, consistente en reubicación, alimentación, apoyo a proyectos productivos, entre otros. Nuestro objetivo es que las personas se alejen del riesgo a sus vidas e integridad física y psicológica, y puedan avanzar en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Sin embargo, la respuesta tanto del CICR y otras instituciones humanitarias es temporal e insuficiente. Por ello, se requiere de una mejor visión a largo plazo para satisfacer las necesidades de las comunidades afectadas y hacer frente a las vulnerabilidades individuales, fortaleciendo la respuesta estatal.

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 también ha representado un reto en la forma en que brindamos la asistencia, ya que una de las primeras necesidades de las personas desplazadas es la búsqueda de resguardo y espacios seguros. Todo esto debe realizarse tomando en cuenta las medidas de protección para sus vidas e integridad, al mismo tiempo evitando el riesgo al contagio y el impacto en la salud de los desplazados. Además, hay que tomar en cuenta las restricciones al movimiento de las personas, los cierres de las fronteras y políticas migratorias de otros países que impactan en la búsqueda de protección internacional.

La necesidad de proteger internamente a las personas desplazadas es hoy más necesaria que nunca. Para ello debemos alcanzar ese balance fundamental de responder a las necesidades inmediatas de la población desplazada sin dejar de lado las causas estructurales que puedan exacerbarse por el impacto de la COVID-19.

La aprobación de la ley para la protección de personas desplazadas internamente por la violencia sería un gran paso en el camino a una solución duradera. Más de 247.000 personas desplazadas lo merecen.

Editorial publicado el 12 de enero de de 2021 en Australian Outlook.