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Honduras continúa en el tercer lugar a nivel mundial por el riesgo a sufrir desastres producto del impacto de fenómenos naturales, sobre todo meteorológicos, según la última medición de la organización alemana Germanwatch.

De acuerdo a esta organización que por sexto año consecutivo midió el riesgo mundial a desastres, basado en la vulnerabilidad ambiental y social de los países, en 2011 Honduras continuó en el tercer lugar del índice, solamente superada por Bangladesh y Birmania.

La vulnerabilidad del país quedó de nuevo evidenciada luego del paso de la depresión tropical 12-E, en octubre anterior, que ocasionó pérdidas económicas por el orden de los cuatro mil millones de lempiras, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Luego de realizar el análisis sobre el efecto que tuvieron las lluvias sobre todo en el sur del territorio nacional, la CEPAL urgió al gobierno de la república a invertir en labores de prevención, para lo cual debe fortalecerse el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), bajo la coordinación de COPECO.

Después de la aprobación de la Ley del SINAGER a principios del 2010, COPECO asumió la responsabilidad de impulsar a nivel nacional una estrategia integral de gestión de riesgo, sin dejar de realizar las tareas que le manda su Ley Constitutiva de atender emergencias.

Aunque organismos internacionales reconocen que se ha avanzado en materia de legislación para prevenir desastres, consideran que en vista de la vulnerabilidad del territorio nacional, que lo expone a fenómenos recurrentes, es necesario que se fortalezcan las labores de prevención.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina, Honduras es el país con menor capacidad de sobreponerse a pérdidas económicas provocadas por un desastre.

Honduras aparece también como el primero en el Índice de Déficit por Desastre (DDI, según sus siglas en inglés) del BID.

Este índice muestra las potenciales pérdidas económicas que los países pueden padecer y la capacidad financiera de sus gobiernos para enfrentar esos costos. Mide la capacidad del Estado para pagar a fin de recuperarse de las pérdidas económicas, en caso que un evento catastrófico —semejante a los que pueden ocurrir una vez cada50, 100 o 500 años— Un DDI superior a 1,0 indica pérdidas económicas que exceden la capacidad financiera del Estado (mientras mayor sea el DDI, mayor es la brecha financiera.

Actualmente ese organismo, y otros de crédito internacional exigen que todos los perfiles de proyectos financiados en diversas comunidades tengan el enfoque de gestión integral del riesgo.