CIFRAS CLAVE
- 300K personas afectadas por un gran derrame de petróleo en Ecuador
- 216K familias afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en Bolivia
- 60K personas desplazadas debido a la violencia armada en el último mes en ZMPAP, Haití
SUDAMÉRICA: LLUVIAS INTENSAS
BOLIVIA: hasta el 17 de marzo, las fuertes lluvias e inundaciones han afectado a más de 216.000 familias en 186 municipios de 9 departamentos, lo que representa un aumento de más del 130% desde el 17 de febrero. A nivel nacional, 73 municipios se han declarado en desastre y 19 en emergencia, mientras que se mantiene una alerta hidrológica roja para 105 municipios debido al aumento del nivel de los ríos y los riesgos inminentes de desbordamiento. Se ha movilizado asistencia humanitaria, incluidas casi 115 toneladas de ayuda, pero las necesidades siguen aumentando a medida que persisten las lluvias.
ECUADOR: Las graves inundaciones y deslizamientos de tierra continúan empeorando, afectando a más de 108.000 personas en varias provincias, incluidas Manabí, Guayas y Pichincha. Hasta el 19 de marzo, el número de víctimas mortales ascendía a 20, con seis personas aún desaparecidas y 95 heridas. Casi 30.000 casas han resultado dañadas, de las cuales 138 han sido destruidas.
ECUADOR: DERRAME DE PETRÓLEO
El 13 de marzo se rompió un importante oleoducto en la provincia de Esmeraldas, contaminando varios ríos y zonas costeras. El derrame ha afectado a más de 300.000 personas, principalmente debido a la suspensión del suministro de agua potable, lo que aumenta los riesgos para la salud y las tensiones sociales. Las enfermedades respiratorias y gastrointestinales están aumentando, especialmente entre niños, niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. El Gobierno declaró el estado de emergencia en los cantones de Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde. A pesar de la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y los esfuerzos de distribución de agua, persisten las brechas en la cobertura, lo que aviva las protestas y los disturbios. La crisis se ve agravada por los continuos problemas de seguridad y las fuertes lluvias. El 20 de marzo, el Gobierno solicitó formalmente la asistencia de las Naciones Unidas, incluido el apoyo de la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente (JEU) y el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC) para ayudar en los esfuerzos de contención y socorro.
HAITÍ: VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO
Solo en el último mes, la violencia en la capital de Haití ha desplazado a más de 60.000 personas, lo que supone un fuerte aumento de una crisis humanitaria ya de por sí grave. Los ataques armados desde el 11 de marzo han desplazado a más de 23.510 personas en varios barrios de Puerto Príncipe, entre ellos Carrefour-Feuilles, Bas Peu de Chose, Avenue Christophe, Bois Verna y Morne à Tuf. Miles de personas desplazadas buscan refugio en 48 sitios, incluidos 12 de reciente creación, mientras que otros han recurrido a familias de acogida. Muchos han sido desplazados varias veces, lo que ha sobrecargado aún más los sitios ya saturados. A pesar de los esfuerzos en curso, la magnitud de las necesidades supera con creces los recursos disponibles. La OIM insta a la comunidad internacional a brindar apoyo adicional tanto a las comunidades desplazadas como a las fuerzas de seguridad para ayudar a restaurar la estabilidad y satisfacer las necesidades urgentes. Con más de un millón de personas desplazadas en todo el país, la situación en Haití sigue siendo crítica.
COLOMBIA: RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD
Durante 25 días, desde finales de febrero hasta el 12 de marzo, grupos armados no estatales (GANEs) bloquearon vías fluviales y embarcaciones provenientes del puerto de Buenaventura, restringiendo la movilidad de aproximadamente 64.800 personas en La Tola, El Charco y Santa Bárbara, municipios de la subregión de Sanquianga, en Nariño. El bloqueo se aplicó mediante extorsiones a las embarcaciones que pasaban por el lugar. En consecuencia, las comunidades se enfrentaron a una grave escasez de alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros suministros básicos. Aunque el acceso ha sido restablecido, las restricciones de movilidad persisten, y los GANEs siguen ejerciendo presión tanto sobre la población local como sobre las instituciones.
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