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Resumen
Durante el período sobre el que se informa, que abarca desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se produjeron grandes cambios tanto en la dinámica política como en la dinámica de la seguridad en Haití. Tras semanas de protestas contra el Gobierno en todo el país, y en previsión del tan esperado despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, algunas bandas de las dos coaliciones oponentes, la G9 y la G-Pèp, activaron la alianza “Viv Ansanm” en febrero de 2024 y realizaron varios ataques coordinados en Puerto Príncipe.
La violencia de las bandas repuntó en el período que abarca el presente informe. Desde finales de febrero, algunas bandas, entre ellas las encabezadas por las cinco personas que figuran actualmente en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas, han atacado reiteradamente instalaciones gubernamentales e infraestructura crítica, como puertos marítimos, aeropuertos y comisarías de policía, además de bancos, comercios y bienes privados. Las dos prisiones más grandes del país fueron atacadas en marzo, y más de 4.600 reclusos se fugaron, algunos de los cuales se han unido a las filas de las bandas. Los ataques no solo han tenido importantes consecuencias humanitarias, puesto que han causado la muerte de muchas personas y el desplazamiento de miles y han dejado a parte de la población sin acceso a productos básicos, sino también han paralizado aún más la economía y el sector financiero.
Esta violencia extrema contribuyó a que el Primer Ministro, Ariel Henry, anunciara su dimisión el 11 de marzo durante una reunión facilitada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), en la que se estableció una nueva hoja de ruta para la transición política. Desde entonces, pese a las dificultades para fomentar la cohesión entre las partes interesadas haitianas, se han adoptado varias medidas importantes para poner en marcha arreglos de transición, entre ellas la formación del Consejo Presidencial de Transición, el nombramiento, el 29 de mayo, de Garry Conille, antiguo Primer Ministro y alto funcionario de las Naciones Unidas, como Primer Ministro Interino, y la toma de posesión del nuevo Gobierno el 12 de junio.
A pesar de estos avances, la violencia de las bandas ha seguido asolando Haití. Continúan los ataques en varias partes de la capital y, en el momento de redactarse el presente informe, las bandas controlan alrededor del 85 % del área metropolitana de Puerto Príncipe. Las bandas siguen socavando activamente la transición política, mediante, entre otras cosas, sus continuos ataques contra el personal y las instalaciones policiales y judiciales, en particular en los departamentos del Oeste y Artibonito, obstaculizando así el restablecimiento de la autoridad del Estado y la futura organización de elecciones. En este contexto, se han multiplicado los grupos de autodefensa, lo que ha generado un notable aumento de las ejecuciones extrajudiciales y los linchamientos por turbas.
El establecimiento del Gobierno de Transición y el despliegue inicial de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que coincidieron en junio, indican una posible reactivación del control del Estado y una respuesta más eficaz y coordinada a la violencia. Ante esto, y pese a haber instado al diálogo con la esperanza de conseguir una amnistía, las bandas han demostrado violentamente su oposición a la Misión y a cualquier amenaza a su hegemonía. Más allá de algunas luchas internas, seis meses después de su establecimiento, la alianza Viv Ansanm sigue vigente, y las bandas han ampliado sus territorios para aumentar los ingresos procedentes de los secuestros, la extorsión y el tráfico de drogas. Han emprendido una campaña activa de reclutamiento, en particular de niños, han reforzado la protección de sus bastiones y han almacenado armas y municiones.
Pese al fortalecimiento de las medidas de embargo de armas, el tráfico de armas no cesa, como lo demuestran los altos niveles de violencia armada en el país y el nuevo material que exhiben las bandas, las cuales han venido adquiriendo cada vez más armas de mayor calibre, lo que produce más daños y representa un mayor desafío para la policía y la Misión. En respuesta al vacío de seguridad, más civiles han comprado armas, y algunas empresas privadas de seguridad, así como unidades de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, han seguido adquiriendo armas de fuego de forma ilícita, lo que fomenta aún más la dinámica del tráfico. El Panel de Expertos está analizando varias tendencias regionales del tráfico, según las cuales las principales rutas sobre las que se informó anteriormente no se han modificado. La aplicación eficaz del embargo de armas por Haití y los Estados Miembros de la región en general continúa siendo fundamental para poder reducir la violencia armada en el país.
Siguen cometiéndose violaciones graves de los derechos humanos a gran escala con total impunidad. Las bandas continúan atacando de manera indiscriminada a la población, asesinando, violando, torturando y secuestrando a civiles, sobre todo en los departamentos del Oeste y Artibonito. El aumento del número de desplazados internos y las penosas condiciones de vida de estas personas agravan el riesgo de que las mujeres y las niñas sean víctimas de agresión y explotación sexuales. Al Panel le preocupan particularmente los casos de niños que son víctimas de reclutamiento forzoso, violencia sexual y malnutrición, así como la privación del acceso a la educación y a los servicios de salud. En el momento de redacción del presente informe, unas 600.000 personas se encontraban desplazadas dentro del país y cientos de miles habían huido al extranjero, incluso a través de redes de contrabando vinculadas a organizaciones delictivas regionales. Dada la gran cantidad de niños y jóvenes que no asisten a la escuela ni a la universidad, así como de personas cualificadas que parten al extranjero, el futuro del país está en juego.
La crisis reciente ha puesto de manifiesto la relación que existe entre la actuación de las bandas y otros agentes armados y las acciones de determinadas personalidades de los ámbitos político, económico y de seguridad, por lo que el Panel está investigando las actividades de varias de ellas. Además, las redes de tráfico transfronterizo, en las que participan miembros de las bandas, están aprovechándose de las deficiencias en materia de seguridad y gobernanza, a fin de introducir de contrabando grandes cantidades de bienes en el país en nombre de empresarios haitianos que financian a las bandas. Esto priva al Estado de los impuestos de importación y facilita el tráfico de armas y municiones, así como de drogas, lo que alimenta la violencia armada.
Para los interlocutores haitianos, la imposición de sanciones a estos agentes, que continúan respaldando a las bandas y amenazando la paz y la seguridad de Haití con total impunidad, es una prioridad fundamental. Teniendo en cuenta la reactivación del proceso político y el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, este es un momento crucial para que el régimen de sanciones contribuya eficazmente a la estabilización de Haití.