Haití: Plan de Respuesta Humanitaria 2023 - Lo esencial (Abril 2023)

Contexto e impacto de los choques y análisis de las necesidades

Desde 2021, los grupos armados han ido ampliando su presencia en Puerto Príncipe, donde los asesinatos, los secuestros y las violaciones son el pan de cada día. Los grupos armados están extendiendo ahora su influencia más allá de Puerto Príncipe, incluso en las zonas del norte que son consideradas como el granero del país, en un momento en el que casi la mitad de la población pasa hambre. La creciente inseguridad sigue empujando a miles de personas a abandonar sus hogares, paraliza el funcionamiento de los servicios básicos y aumenta el riesgo de que se reviertan los avances logrados en la lucha contra la epidemia de cólera declarada el 2 de octubre de 2022.

Contexto político-socioeconómico.

Desde el asesinato del Presidente Jovenel Moise en julio de 2021, Haití se enfrenta a un impasse político y de seguridad en medio del tercer año consecutivo de recesión económica. La inflación supera el 48 por ciento del PIB. Desde entonces, la moneda haitiana, el gourde, ha perdido casi el 65 por ciento de su valor. Según el Banco Mundial, cerca del 90 por ciento de los haitianos viven por debajo del umbral de la pobreza, y casi un tercio de ellos en la pobreza extrema ($2,15 dólares al día). El elevado coste de la vida, la inseguridad, la escasez de combustible y el anuncio del gobierno de suprimir las subvenciones a los carburantes a mediados de septiembre de 2022 han provocado manifestaciones masivas, a veces violentas, y el bloqueo por los grupos armados de la principal terminal petrolera de Haití durante varios meses. Este bloqueo paralizó la actividad económica y social, limitando el acceso de la población a los servicios básicos, obstaculizando las operaciones de ayuda y creando dificultades considerables para el acceso de la ayuda humanitaria.

Más de 300 pandillas en Haití, entre 100 y 150 sólo en el área metropolitana de Puerto Príncipe (AMPP).

Desde hace más de 20 años, los grupos armados ocupan zonas de Haití. Hay al menos 300, más de la mitad de ellas en el área metropolitana de Puerto Príncipe (AMPP), y sus acciones están alimentadas por intereses políticos, económicos y de seguridad. El dominio de las pandillas se ha reforzado desde 2021, hasta el punto de cercar Puerto Príncipe, donde controlan o influyen en el 80 por ciento del territorio según OCHA, mediante tácticas sofisticadas y la aparición de coaliciones muy poderosas. Los enfrentamientos entre pandillas por el control del territorio y con la Policía Nacional Haitiana (PNH) han creado un clima de miedo permanente. La mayoría de la población capitalina se ve directamente afectada por la violencia y ve restringida su libertad de movimiento y el acceso a los servicios básicos.

Una grave crisis de protección.

La violencia sexual ha alcanzado niveles alarmantes, y las bandas utilizan la violación como arma de terror y sometimiento de las poblaciones. Los abusos de los grupos armados y las actividades delictivas han alcanzado niveles sin precedentes. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2022 se produjeron 1.119 secuestros, es decir, tres secuestros al día. En el primer trimestre de 2023, al menos 807 personas fueron asesinadas (un 107 por ciento más que en el último trimestre de 2022), 746 resultaron heridas (un 114 por ciento más) y 627 fueron secuestradas (un 125 por ciento más). El Sistema Único de Información en Salud (SISNU) registró 16.470 incidentes de violencia de género en 2022.
El miedo a la estigmatización o a las represalias, así como la falta de presencia policial en algunos barrios y las diferencias del sistema judicial, impiden a las víctimas obtener justicia. Además, muchos supervivientes no reciben apoyo o atención debido a la falta de instalaciones cercanas y el costo inasequible de los transportes. Los niños se ven especialmente afectados por el brusco deterioro de la situación de seguridad, económica y social, sobre todo los que viven en las zonas afectadas por las bandas y los niños repatriados.

La mitad de la población sufre inseguridad alimentaria grave (CIF 3+).

Haití tiene uno de los niveles de inseguridad alimentaria más altos del mundo, con casi la mitad de la población en situación de inseguridad alimentaria grave. Según los resultados de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) para el periodo de marzo a junio de 2023, el 18 por ciento de la población analizada está clasificada como CIF Fase 4 (Emergencia humanitaria) y el 31 por ciento como CIF Fase 3 (Crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia), es decir, el 49 por ciento de la población necesita medidas urgentes para proteger vidas y medios de subsistencia. Se ha registrado una ligera mejora en la zona de Cité Soleil, que en el último recuento tenía al 5 por ciento de su población (casi 20.000 personas) en la fase 5 de la CIF (catástrofe humanitaria). La ayuda alimentaria humanitaria, que en los últimos meses ha llegado al 30 por ciento de la población meta de Cité Soleil, ha sido un factor atenuante muy importante. Aunque se calcula que la prevalencia de la desnutrición aguda severa (DAS) es del 2,1 por ciento, la situación en el área metropolitana de Puerto Príncipe es especialmente alarmante, con una prevalencia de DAS cercana al 3 por ciento.

Un acceso comprometido a los servicios sanitarios.

El acceso a la atención sanitaria preocupa especialmente a los haitianos, ya que el país experimenta un rebrote del cólera. Después de que se notificaran los primeros casos del AMPP el 2 de octubre de 2022, la epidemia se extendió rápidamente por todo el país, alcanzando más de 35.000 casos sospechosos en marzo de 2023. Más de la mitad de los casos corresponden a niños. A pesar de las dificultades logísticas relacionadas con la presencia de grupos armados, la repetida escasez de combustible y la falta de personal cualificado debido al éxodo masivo de personal sanitario y a la falta de insumos que afecta al 73 por ciento de los 22 centros sanitarios más grandes. El gobierno haitiano, el personal sanitario y sus socios han conseguido frenar la curva de la epidemia.

Una cuarta parte de los hogares del país utilizan fuentes de agua no aptas para beber.

El acceso al agua potable y a los servicios básicos de higiene y saneamiento en Haití es muy bajo, especialmente en las zonas rurales y periurbanas, donde vive la mayoría de la población. Sólo el 55 por ciento de los hogares tienen acceso a servicios básicos de agua potable y el 61 por ciento de los hogares no tienen acceso a letrinas en buen estado.

La violencia ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares.

El aumento de la violencia en el área metropolitana de Puerto Príncipe ha desplazado de sus hogares a casi 128.000 personas. Más de 2.500 personas siguen desplazadas en el sur y en Grand'Anse tras el terremoto de agosto de 2021. Según la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos (DTM), el 62 por ciento de los desplazados internos por la violencia urbana se han refugiado en comunidades de acogida cuyas condiciones de vida también se han visto gravemente alteradas. En diciembre de 2022, la violencia de las pandillas se había extendido más allá de las fronteras de la AMPP hasta el departamento de Artibonite, desplazando a casi 8.500 personas en la región.

La desesperación empuja a cada vez más personas a abandonar el país, mientras continúan las repatriaciones forzosas.

De acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en julio de 2022 el número de repatriados por mar y aire había superado el registrado en todo 2021. Los retornos forzosos desde la República Dominicana fueron especialmente elevados en 2022, con 154.333 personas repatriadas. Las condiciones de repatriación fueron extremadamente duras, sin respeto por los derechos humanos. Se denunciaron casos de niños no acompañados que aún vestían sus uniformes escolares y deportaciones de haitianos que tenían documentos de identidad y, en teoría, cumplían con las leyes de migración legal. En septiembre de 2022, la agitación social y el aumento de la actividad de las bandas llevaron a muchos países a detener las repatriaciones, ya que las condiciones no permitían un retorno seguro y sostenible al país.

La violencia contra las escuelas se ha multiplicado por nueve.

Según UNICEF, los tiroteos, saqueos y secuestros de profesores y alumnos se han multiplicado por nueve en un año. En los primeros cuatro meses del año escolar (octubre de 2022 a febrero de 2023), 72 escuelas fueron presuntamente blanco de ataques, en comparac ión con ocho en el mismo período del año pasado. En los departamentos del sur, los esfuerzos para reconstruir las 1.250 escuelas destruidas en el terremoto del 14 de agosto de 2021 se han visto obstaculizados por dificultades logísticas relacionadas con la actividad de las bandas y la crisis del combustible. El deterioro del contexto económico y de seguridad y las tensiones sociales han provocado el aplazamiento del inicio del curso escolar 2022- 2023, previsto inicialmente para septiembre, hasta noviembre de 2022. Las escuelas no reabrieron hasta principios de 2023, aunque no todos los alumnos volvieron a clase (véase Panorama de Necesidades Humanitarias), lo que les expone a un mayor riesgo de ser utilizados y reclutados por las pandillas.