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En una carta de fecha 29 de noviembre de 2024 de la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2024/868), los miembros del Consejo me solicitaron que les presentara una evaluación exhaustiva del contexto actual y de los esfuerzos en curso de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en Haití. Los miembros del Consejo pidieron recomendaciones de nivel estratégico con todas las opciones del posible papel que podían desempeñar las Naciones Unidas, incorporando las enseñanzas extraídas de misiones anteriores, la evolución política y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Las recomendaciones debían seguir una perspectiva a largo plazo orientada a mantener la seguridad y la estabilidad, para lo que debían abordarse las causas profundas de la crisis multidimensional del país. La solicitud hacía referencia a la carta de fecha 21 de octubre de 2024 dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo Presidencial de Transición (S/2024/765, anexo), en la que este solicitaba que la Misión se transformara en una operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
La Secretaría llevó a cabo la evaluación solicitada por el Consejo de Seguridad, con el apoyo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Se llevaron a cabo amplias consultas con interlocutores haitianos, incluidos miembros del Consej o Presidencial de Transición, el Primer Ministro, partidos políticos, la sociedad civil y los altos mandos de la Policía Nacional de Haití. Otras consultas incluyeron a miembros del Consejo de Seguridad, Estados Miembros de la región, la Organización de lo s Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), así como la dirección de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La Secretaría escuchó diversas opiniones sobre el futuro papel que podrían desempeñar las Naciones Unidas en Haití, in cluida la posible transformación de la Misión en una operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que facilitara un apoyo internacional inmediato, sólido y sostenido para neutralizar a las bandas armadas.
Contexto actual
Haití sigue inmerso en una frágil transición política que comenzó tras el asesinato del Presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 . Se ha avanzado de manera desigual en la hoja de ruta para la celebración de elecciones y el restablecimiento de las instituciones democráticas antes de febrero de 2026 , conforme a lo previsto en los acuerdos de gobernanza del 11 de marzo de 2024 . Se han establecido órganos de transición como el Consejo Presidencial de Transición, un Primer Ministro Interino, un Gabinete, el Cons ejo Electoral Provisional y el comité directivo de la Conferencia Nacional, mecanismo concebido para ampliar la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a la crisis, incluida la reforma constitucional. Sin embargo, las disputas sobre el reparto del poder han ralentizado la aplicación de la hoja de ruta para l a transición, si bien estas disputas han sido menos frecuentes en los últimos tres meses. Las acusaciones de corrupción no resueltas contra tres miembros del Consejo Presidencial de Transición han contribuido a erosionar la confianza pública.
La prolongada transición política ha dado margen para que las bandas desafíen la autoridad del Estado. Como se destaca en varios informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) al Consejo de Seguridad, las bandas han sacado cada vez más provecho de la delincuencia organizada —secuestros, extorsión y tráfico de drogas, entre otros delitos — para obtener independencia financiera. Muchas de ellas han transcendido su papel de meras representantes de determinadas élites económicas y sociales. Los ataques de las bandas también se han vuelto más organizados, con mayor planificación, sofisticación táctica y acceso a armamento pesado. Los ataques de gran envergadura que tuvieron lugar en marzo y noviembre de 2024 en Puerto Príncipe y el departamento de Artibonito ilustraron esta tendencia, ya que las bandas aprovecharon momentos de inestabilidad política y demostraron su capacidad para llevar a cabo ataques coordinados a gran escala. Es probable que la violencia se recrudezca consider ablemente durante el próximo período electoral, puesto que los líderes de las bandas buscan obtener inmunidad y legitimidad convirtiéndose en figuras políticas.
Las bandas están compuestas principalmente por niños y jóvenes varones de entre 10 y 30 años, que son reclutados en las zonas más empobrecidas. Obligan a mujeres y niñas a mantener relaciones con los miembros de las bandas. Se estima que entre un tercio y la mitad de los miembros de las bandas son niños, que cumplen funciones de vigilantes, mensajeros, escudos humanos o combatientes. Es poco frecuente que abandonen las bandas, ya que los desertores son sometidos a severos castigos y sus familias son objeto de represalias. En la actualidad, no hay ningún Gobierno o asociado internacional que apoye a los niños, jóvenes y mujeres que intentan salir de esta situación.
La violencia relacionada con las bandas se cobró la vida de al menos 5 .601 personas en 2024 , cifra que superó en más de 1 .000 la de 2023 . En diciembre, una banda ejecutó en el curso de varios días a 207 personas o más, y quemó o descuartizó los cadáveres para destruir las pruebas. La masacre de Pont - Sondé (Artibonito) del 3 de octubre, en la que murieron 100 personas, ilustra la magnitud de la expansión de las bandas fuera de la capital y la necesidad de una mayor movilidad y capacidad policial.
La violencia sexual de las bandas sigue siendo alarmante. Se utilizan las violaciones (incluidas violaciones colectivas) para, en combinación con las mutilaciones o ejecuciones , aterrorizar a las comunidades y expandir el control territorial de las bandas. La débil aplicación de la justicia se ha traducido en la impunidad generalizada de estas atrocidades.
Los departamentos del Oeste y Artibonito, que representan más del 40 % del electorado, son los más afectados por las bandas. La mayor parte de la capital (departamento del Oeste) se encuentra ya fuera del control del Estado, y las bandas imponen controles de carretera y actúan como autoridades de facto . La violencia y la coacción han trastocado la prestación de bienes y servicios públicos, intensificando los agravios entre las comunidades y el Estado. Existen múltiples zonas controladas por las bandas dond e las autoridades estatales, incluida la policía, llevan años sin poder acceder o mantener una presencia permanente.
Las infraestructuras estratégicas — como las centrales eléctricas, las fábricas, los cables de fibra óptica y las instalaciones de combustible — son blanco frecuente de atentados. El área metropolitana de Puerto Príncipe está cada vez más aislada, dado que los vuelos comerciales desde y hacia el principal aeropuerto internacional del país siguen suspendidos como consecuencia de los incidentes de disparos contra aviones en febrero y noviembre de 2024 . Las bandas también controlan las principales carreteras de entrada y salida de la capital, de manera que tienen la ciudad rodeada.
La erosión de la autoridad del Estado queda patente en la destrucción de la infraestructura policial. Al 31 de diciembre de 2024 , 67 de las 412 instalaciones policiales de Haití no estaban operativas, y cerca del 70 % de estas se encontraban en el departamento del Oeste. Muchas están situadas en zonas controladas por bandas o han sido demolidas o dañadas por incendios. De las 21 prisiones del país, 7 han quedado inservibles debido a la magnitud del daño causado por las bandas, incluidas las tres más grande s, todas ellas situadas en el departamento del Oeste. Los tribunales de primera instancia de Puerto Príncipe y Croix - des - Bouquets han quedado a su vez fuera de servicio por los ataques de las bandas.
Los hospitales y las escuelas son también objetivos frecuentes de la violencia de bandas. A nivel nacional, la proporción de establecimientos de atención hospitalaria que siguen funcionando a pleno rendimiento es de apenas un 28 %; el 54 % han cerrado y el 18 % funcionan con capacidad reducida. En el área metropolitana de Puerto Príncipe, el 43 % de estos establecimientos siguen funcionando, pero el 38 % han cerrado debido a la inseguridad. Más de 1.000 escuelas permanecen cerradas debido a la violencia, p or lo que a enero de 2025 unos 200.000 niños se encontraban privados de educación. Desde el asesinato del Presidente Moïse los desplazamientos internos han experimentado un marcado aumento, y en el último año las cifras de desplazados han pasado de 330.000 a más de un millón, dado que los haitianos siguen huyendo de la violencia de bandas. Un reto adicional que enfrenta el país es el inminente retorno forzoso de un gran número de haitianos, lo que añade presión a la volatilidad del entorno .
La escalada de violencia ha obstaculizado gravemente la presencia internacional en Puerto Príncipe. Los riesgos para la seguridad y la falta de medidas de reducción del riesgo adecuadas han obligado a reducir temporalmente y de manera considerable el perso nal diplomático, de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales. La principal opción de evacuación sigue siendo un único helicóptero del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas con capacidad para 14 pasajeros, si bien este rec ibió disparos el pasado octubre. La incertidumbre con respecto a la financiación de donantes supone un obstáculo importante para la continuación de este servicio. En enero de 2025 , varias bandas abrieron fuego contra vehículos con distintivo diplomático, causando una víctima mortal y seis heridos.