Guatemala

Situación de los derechos humanos en Guatemala: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/46/74)

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Consejo de Derechos Humanos
46º período de sesiones
22 de febrero a 19 de marzo de 2021
Tema 2 de la agenda
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General

Resumen

El presente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de su Oficina en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. En él se destacan los avances logrados y los retos que persisten en la promoción y protección de los derechos humanos, prestando especial atención a los temas relacionados con la igualdad y la no discriminación, el desarrollo humano sostenible e inclusivo, la justicia, el espacio democrático y el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los derechos humanos. El informe concluye con recomendaciones a varias instituciones del Estado.

I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con el acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Guatemala, firmado en enero de 2005 y renovado en septiembre de 2020 por un año1 . El informe abarca el año 2020 y se basa en información proporcionada por instituciones del Estado y otros interesados, así como en información recopilada y analizada por el ACNUDH en Guatemala. El informe también proporciona un resumen sobre algunas de las principales actividades organizadas por el ACNUDH en Guatemala durante 2020.

2. El ACNUDH brindó asesoría técnica a instituciones del Estado, en particular al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), el ministerio público, el Organismo Judicial, el Congreso, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Oficina también impartió 65 cursos para fortalecer las capacidades de instituciones del Estado; organizó 39 foros sobre varios temas de derechos humanos, como la participación, la salud, el agua y el saneamiento, la protección social, el acceso a la justicia, la violencia contra las mujeres y niñas y los derechos laborales; y realizó seminarios web sobre los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y los jóvenes.

3. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. El ACNUDH se mantuvo en pleno funcionamiento durante el período del que se informa y ajustó sus actividades según las directrices y regulaciones establecidas en el contexto de la pandemia. Continuó observando la situación de los derechos humanos a distancia, a través de un relacionamiento activo con funcionarios públicos, comunidades y sociedad civil a nivel nacional y local. El ACNUDH también produjo 26 boletines, guías y otras publicaciones2 , y lanzó 4 campañas de información pública para promover los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en el contexto de la pandemia. Brindó asistencia para el desarrollo de campañas públicas por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala3 . Organizó 9 talleres y 3 foros regionales con la participación de instituciones y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, así como de la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Panamá.

4. El ACNUDH dio seguimiento a 141 casos y situaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos, y trabajó con víctimas, la sociedad civil e instituciones del Estado para mitigar los riesgos para los derechos humanos y prevenir violaciones de derechos. A través de su trabajo, colaboró con mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos.