“Sin agua, no somos nada”: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas

Guatemala: Urge aprobar una ley de aguas

Existe un acceso inadecuado al agua y al saneamiento; los pueblos indígenas son especialmente afectados

• La falta generalizada de acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento pone en riesgo la salud y otros derechos fundamentales de millones de personas en Guatemala, especialmente de indígenas y mujeres.
• Guatemala es un país de ingresos medios altos, pero una parte significativa de su población aún vive sin acceso a algo tan básico como el agua potable.
• Las autoridades guatemaltecas deberían aprobar una ley de aguas que garantice los derechos humanos al agua y al saneamiento.

(Ciudad de Guatemala) – La falta generalizada de acceso al agua potable y al saneamiento pone en riesgo la salud y otros derechos de millones de personas en Guatemala, especialmente de indígenas y mujeres, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 92 páginas, “‘Sin agua, no somos nada’: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta las graves limitaciones en el acceso al agua y saneamiento en el país, que tienen impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, en particular sobre mujeres y niñas. También analiza las consecuencias de la falta de agua para el derecho a la salud, especialmente en la infancia, en un contexto en el que casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años enfrenta desnutrición crónica.

“Guatemala es un país con abundantes recursos hídricos y un nivel de ingresos medio alto, pero amplios sectores de su población viven sin acceso a algo tan básico como el agua potable”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían aprobar con urgencia una ley de aguas que permita garantizar el acceso seguro, confiable y universal a servicios de agua y saneamiento”.

Aunque Guatemala dispone de más agua dulce por habitante que el promedio mundial, no ha logrado proteger ni distribuir adecuadamente este recurso. La ausencia de una legislación que defina derechos, responsabilidades y un marco regulatorio con mecanismos de financiamiento y cumplimiento ha comprometido la disponibilidad y calidad del agua en todo el país.

Human Rights Watch entrevistó a 108 personas, en su mayoría mujeres, en comunidades predominantemente indígenas de los departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán. El equipo de investigación también realizó entrevistas con expertos, solicitó información al gobierno y analizó datos oficiales sobre agua, saneamiento y pobreza provenientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.

El análisis reveló que la población indígena tiene menos acceso a agua y saneamiento que el resto de la población, reflejando patrones históricos de exclusión y desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales. Según los datos disponibles, el 40 % de la población no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda. Entre la población indígena, el 50 % no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda, en comparación con el 33 % entre la población no indígena. Además, las personas indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de depender de letrinas o pozos ciegos, formas de saneamiento que pueden ser inseguras o insalubres, mientras que las personas no indígenas tienen el doble de probabilidades de contar con inodoros conectados a redes de drenaje.

Sin acceso confiable al agua entubada, millones de guatemaltecos dependen de fuentes como pozos, ríos, lagos, manantiales o el agua de lluvia, que muchas veces se encuentran contaminadas. Las autoridades estiman que más del 90 % del agua superficial del país está contaminada, lo cual implica graves riesgos para la salud.

Las mujeres asumen con frecuencia la responsabilidad de recolectar agua y cuidar a los niños y niñas. Según datos oficiales, dos tercios de las personas adultas que informaron haber acarreado agua el día anterior al que se realizó la encuesta nacional eran mujeres.

Rosalía Maribel Osorio Chivalán, de 24 años, vive en el municipio de Santa María Chiquimula, en el departamento de Totonicapán. Relató que cada mañana se levanta entre las 5 o 5:30 a.m. y realiza un recorrido de dos horas para recolectar agua de un pozo. Luego, camina otros 40 minutos para dejar a sus hijos en la escuela antes de las 8 a.m.

Los niños también participan en tareas de recolección de agua. Una madre soltera de 29 años en Santa María Chiquimula relató que sus hijos la acompañan todos los días en el trayecto de dos horas, ya que ella no puede cargar el agua sola. “A veces yo me desespero al verlos a ellos caminando, cargando agua”, dijo.

Incluso quienes están conectados a una red de distribución de agua enfrentan problemas de acceso debido a la intermitencia del servicio. Según un análisis de datos de 2023, solo el 19 % de los hogares reportó haber tenido acceso continuo al agua entubada intradomiciliaria las 24 horas del día durante el mes previo a la encuesta.

La calidad del agua también es motivo de preocupación. Muchas mujeres entrevistadas reportaron signos de contaminación en el agua, como turbidez, mal olor o presencia de desechos, y señalaron que solo tienen acceso a métodos limitados para tratar el agua. Indicaron que tanto ellas como sus hijos sufren dolores estomacales, vómitos y diarrea tras consumir el agua disponible, aunque no tienen otra opción para consumir agua.

María Carolina Barrera Tzun, de 28 años y madre de tres hijos, contó que el pozo del que se abastecen está sucio y que sus hijos le preguntan: “¿Por qué el agua está sucia? ¿Por qué no tenemos agua en la casa?”. Sin embargo, señaló que no les queda más alternativa que tomar esa agua.

Las deficiencias en infraestructura de saneamiento también afectan la salud y la calidad del agua. Solo el 42 % de los hogares en Guatemala cuenta con un inodoro conectado a una red de drenaje. Aproximadamente un tercio de la población debe recurrir a letrinas, pozos ciegos o a la defecación al aire libre. En 2021, según datos oficiales, 97 de los 340 municipios del país, es decir, el 29 %, no contaban con una sola planta de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento.

Los impactos sobre la salud son graves. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en Guatemala por causas relacionadas con agua insegura y servicios inadecuados de saneamiento e higiene fue de 15,3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2019, más del doble que en cualquier otro país de Centroamérica. La falta de acceso también contribuye a la desnutrición crónica: casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años en Guatemala sufre este tipo de desnutrición, una de las tasas más altas del mundo.

Para garantizar una gobernanza eficaz del agua y una inversión adecuada en infraestructura, Human Rights Watch insta al Congreso a aprobar una ley de aguas que fortalezca la capacidad institucional, imponga sanciones por la contaminación de fuentes hídricas y asegure la disponibilidad de agua para todos.

El diseño de esta ley debe incluir el reconocimiento de las prácticas tradicionales de manejo del agua por parte de los pueblos indígenas y garantizar su participación y consulta efectiva. Estas comunidades, que enfrentan los mayores impactos de la crisis de agua, son también líderes clave en la conservación y preservación de los recursos hídricos.

Además, la ley debería establecer un marco regulatorio y de financiamiento que permita al Estado cumplir con su obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para usos personales y domésticos.

“Con la ley de aguas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente y empezar a transformar la realidad de millones de personas en Guatemala”, dijo Goebertus. “No podemos echarla a perder”.