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Los riesgos de las deportaciones y expulsiones a los países del Norte de Centroamérica en el marco de la pandemia de Covid-19

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La pandemia de Covid-19 amenaza con agravar la crisis de protección y desplazamiento forzado existente en los países del Norte de Centroamérica (NCA). La recepción de individuos deportados y expulsados en los países del NCA representa un desafío de protección particular durante la respuesta de la Covid-19 que además reta la respuesta de salud pública en esta región.

La mayoría de los países de América Central ha implementado restricciones de movilidad y cierre de fronteras como medidas de mitigación del contagio de la Covid-19. Sin embargo, durante los meses de marzo y abril las deportaciones de nacionales, incluyendo niños, niñas y adolescentes no acompañados, desde México y Estados Unidos hacia Guatemala, Honduras y El Salvador, con excepción de algunas pausas, han continuado. Además de los deportados, hay más de 20,000 personas expulsadas de Estados Unidos a México, durante las últimas semanas de Marzo y el mes de Abril, bajo el Titulo 42 del Código de los Estados Unidos. También existen reportes que señalan que algunos han sido transferidos desde los centros de detención en la frontera norte de México hacia la frontera sur con Guatemala. En efecto, en los países del NCA se han documentado casos de personas deportadas o expulsadas que tenían la Covid-19.

Al llegar a sus países de origen, las personas deportadas son transferidas a centros de cuarentena obligatorios. A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos para establecer una recepción adecuada frente esta situación, estos centros a menudo carecen de la capacidad y las condiciones para albergar a las personas en línea con las medidas de salud pública adoptadas ante la pandemia. Específicamente, la falta de medidas de prevención como el aislamiento físico y las prácticas de higiene básicas en condiciones sanitarias precarias, contribuyen a la diseminación del virus e incrementan las presiones para los sistemas de salud públicos, que ya tienen una limitada capacidad de respuesta. Así mismo, tampoco tienen mecanismos fiables para identificar las necesidades de protección y asegurar una respuesta integral y eficaz. Por el contexto de sistemas de salud pública ya frágiles y limitados, las personas con necesidades de protección internacional y migrantes deportados están siendo víctimas de una fuerte estigmatización en sus propios países, ya que se les está señalando de ser portadores del virus e incrementar el número de contagios.