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Resumen Ejecutivo
Por su ubicación geográfica, la región centroamericana es impactada por múltiples fenómenos meteorológicos extremos, causando daños y pérdidas a la población, a la infraestructura vital y al desarrollo socioeconómico. Además, su frecuencia y severidad podrían aumentar por el cambio climático, ya que se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos serán más intensos.
Particularmente, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) define a las instalaciones vitales, las estructuras físicas, instalaciones técnicas y sistemas principales que son social, económica u operativamente esenciales para el funcionamiento de una sociedad o comunidad, tanto en circunstancias habituales como extremas durante una emergencia. Además, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 identifica algunos tipos de infraestructura que considera vitales, como la infraestructura de agua, transporte y telecomunicaciones, instalaciones educativas y de salud. Por lo que, el Mecanismo de Monitoreo del Marco de Sendai (SFM) informó que, en 2018, 2.356 instalaciones de infraestructura vital en 13 países de América y el Caribe sufrieron daños o fueron destruidas a causa del impacto de las amenazas latentes que terminaron en desastres, causando pérdidas económicas directas por USD 15,7 millones y la interrupción de 614 servicios básicos.
En ese sentido, es importante que los gobiernos y el sector privado tomen acciones para incrementar la resiliencia de la infraestructura vital para la población, y así reducir del riesgo a los cuales están expuestos, como parte de la gestión de riesgos en sus procesos.
Considerando lo anterior, el presente reporte se enfoca en la revisión y análisis de los marcos normativos desde una perspectiva sistémica para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, relacionados con la construcción, inversión y administración de infraestructura pública, así como la gestión de riesgos en la infraestructura de los sectores de transportes, agua y saneamiento, educación y de salud, con el fin de identificar el nivel de inclusión de medidas de reducción de riesgos y la resiliencia ante desastres ocasionados por múltiples amenazas. Asimismo, fue posible analizar el nivel de apego o relación de dichas normativas con los Principios de Infraestructura Resiliente (PIR).
A partir de los análisis fue posible identificar que, en los países de la región centroamericana, áreas destacadas que deberían fortalecerse son:
• Compromiso del gobierno nacional y local para mejorar la resiliencia de infraestructura vital, incluyendo la definición general de infraestructura resiliente;
• Inclusión explícita del concepto de “infraestructura resiliente” en los marcos regulatorios de construcción, inversión y administración de la infraestructura pública, así como la gestión de riesgos de desastres e impulsar su reformulación para promover un enfoque multiamenaza;
• Intercambio a nivel regional e internacional de mejores prácticas relacionadas con la gestión de riesgos e infraestructura resiliente;
• Desarrollar herramientas y mecanismos para la evaluación de proyectos de inversión pública que consideren infraestructura resiliente;
• A nivel nacional y local, motivar e incentivar el desarrollo de infraestructura resiliente en vinculación y coparticipación con el sector privado;
Adicionalmente, en el reporte se presenta un caso de estudio sobre una empresa privada que brinda servicios públicos, la cual incorpora elementos de reducción de riesgo y resiliencia dentro de las actividades que se desarrollan, siendo un marco referente para empresas públicas que podrían fortalecer este tema a través de Alianzas Público – Privadas (APP).