Guatemala

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala (A/HRC/40/3/Add.1)

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Consejo de Derechos Humanos
40º período de sesiones
25 de febrero a 22 de marzo de 2019
Tema 2 de la agenda

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

Actividades de la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Resumen

En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Destaca los avances y desafíos, con enfoque en temas relacionados con justicia, seguridad, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad y migrantes, y derechos económicos, sociales y culturales. La Alta Comisionada describe las actividades de la Oficina y concluye con una serie de recomendaciones a varias instituciones del Estado y otros interesados.

Anexo

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala

I. Introducción

  1. El presente informe se ha preparado de conformidad con el acuerdo firmado en enero de 2005 entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Guatemala, renovado en septiembre de 2017 por otros tres años.

  2. El informe abarca el año 2018 y se basa en información recopilada y analizada por el ACNUDH en Guatemala y destaca las actividades que ha realizado la Oficina con las autoridades y otras contrapartes para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos.

II. Contexto

  1. Guatemala continúa enfrentando pobreza sistémica, desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de impunidad. En 2018, el país se ubicó en el puesto 127 en el índice de desarrollo humano, el segundo más bajo de la región, cayendo dos puntos debido a la falta de igualdad de género y a la desigualdad social y económica.

  2. En 2018 se intensificaron las tensiones sociales y políticas, y se observaron reacciones adversas contra la lucha contra la impunidad y la corrupción. En este contexto, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas lideradas por estudiantes universitarios, pueblos indígenas y grupos campesinos. Se registraron cambios radicales en el Poder Ejecutivo, incluidas remociones y renuncias en ministerios claves. Como resultado, importantes políticas y reformas relacionadas con los derechos humanos sufrieron retrocesos, especialmente en el Ministerio de Gobernación. El Congreso no avanzó en la adopción de leyes en áreas críticas de derechos humanos; en lugar de ello, promovió una agenda regresiva que podría profundizar la impunidad, restringir el espacio cívico1 y debilitar los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Estas tendencias conllevan el riesgo de revertir el progreso alcanzado en la implementación de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin al conflicto armado interno.

  3. El 31 de agosto de 2018, el Presidente Jimmy Morales, acompañado de fuerzas militares y policiales, anunció públicamente que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. El 3 de septiembre, el Gobierno anunció que, “por razones de orden público y seguridad”2, no permitiría que Iván Velásquez, jefe de la CICIG, reingresara al país. El 5 de septiembre, el Secretario General de las Naciones Unidas expresó profunda preocupación por esa decisión y confirmó que el Comisionado Velásquez continuaría dirigiendo la CICIG desde el exterior3. El 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permitiera al Comisionado regresar al país (expediente 4207-2018). El 19 de diciembre, el Gobierno solicitó que 11 investigadores de la CICIG salieran del país en un plazo de 72 horas. En respuesta, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparos provisionales suspendiendo la decisión sobre los 11 investigadores (expediente 5346-2018). El 26 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación, presentó una solicitud de antejuicio en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, alegando actuaciones “ilegales y arbitrarias”.

  4. El Ministerio Público y la CICIG continuaron la investigación y persecución de redes criminales que aún permean todos los poderes del Estado. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada a más de 15 años de prisión por corrupción (expediente M001-2015-28365) y el ex Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a más de ocho años por fraude (expediente MP 001-2016-5771). En abril de 2018, Álvaro Arzú,
    Alcalde de larga data de Ciudad de Guatemala y ex presidente, murió mientras estaba bajo investigación por corrupción. En mayo, el Presidente eligió a una nueva Fiscal General tras un proceso de selección a cargo de una comisión de postulación. En general, persisten preocupaciones respecto a la independencia y objetividad de las comisiones de postulación para la selección de autoridades del sistema de justicia (A/HRC/28/3/Add.1, párr. 22).

  5. Aumentó la intolerancia al disentimiento y siguieron en riesgo las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Aumentó el número de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron, sumando 26 personas hasta finales de diciembre. Existe preocupación ante el posible incremento de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos a medida que se acercan las elecciones generales de 2019. Las amenazas a la independencia de juezas, jueces, magistradas y magistrados también fueron en aumento. El Procurador de los Derechos Humanos fue objeto de campañas de difamación e interpelaciones en el Congreso, acciones que fueron percibidas como hostigamiento.

  6. Las posibilidades de cooperación internacional con el Gobierno se redujeron, entre otras cosas debido a retrasos en la aprobación de proyectos. En mayo, el Presidente solicitó la sustitución de los embajadores de Suecia y la República Bolivariana de Venezuela; la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional contra la decisión en relación con el Embajador de Suecia.

  7. En mayo, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó Guatemala, reuniéndose con pueblos maya, xinca y garífuna. La Relatora Especial identificó el racismo y la discriminación generalizada como los principales problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas e indicó que llegaban al nivel de una “segregación racial de facto”. La Relatora Especial se refirió a los patrones dolorosos de violencia y represión que mantienen vivo el legado de abusos y genocidio cometido durante el conflicto armado interno, incluido el aumento de los asesinatos de defensoras y defensores indígenas (A/HRC/39/17/Add.3, párrs. 6, 7 y 60).

  8. El año también estuvo marcado por graves situaciones humanitarias. Debido a la erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio, más de 194 personas murieron y al menos 234 desaparecieron. Si bien 12.823 personas fueron evacuadas, solo 3.343 de ellas fueron reubicadas en albergues temporales4. No obstante, los albergues no cumplían los estándares internacionales, lo cual generó tensiones con el Gobierno. Continúan los esfuerzos para localizar a personas desaparecidas a través del uso de tecnologías de lofoscopia y ADN. Algunas de las comunidades evacuadas habían sido desplazadas durante el conflicto armado interno y reubicadas en las faldas del volcán.

  9. Más de un año después de la muerte de 41 niñas en el incendio ocurrido en marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, centro estatal para niñas y niños, las 15 sobrevivientes y las 56 familias de las víctimas aún no han recibido el apoyo psicológico, legal y económico adecuado. La adopción, en agosto de 2018, de una ley para brindar apoyo financiero a las sobrevivientes y la declaración del 8 de marzo como Día Nacional de las víctimas de esta tragedia, representan pasos importantes pero insuficientes para garantizar una reparación digna y transformadora. Hubo retrasos en el juicio penal y el Estado tiene pendiente la implementación de cambios estructurales necesarios en el sistema de protección de la niñez. En noviembre el ACNUDH emitió un informe sobre esta tragedia, el cual incluye recomendaciones para las autoridades5.

  10. La desigualdad y la violencia generalizada, como la violencia de pandillas y el crimen organizado, continuaron provocando la migración, incluso de la niñez. Miles de personas de América Central, emprendieron viaje hacia el norte, a través de Guatemala, a partir de octubre6. En diciembre, dos niños migrantes guatemaltecos, Jakeline Caal (7 años) y Felipe Gómez (8 años) murieron mientras se encontraban recluidos en un centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Hasta junio de 20187, más de 460 niñas, niños y adolescentes de Guatemala habían sido separados de sus familias por autoridades migratorias de los Estados Unidos. A fines de septiembre, 79.864 personas guatemaltecas habían sido deportadas de los Estados Unidos de América y México (51 % más que en 2017)8. Las personas migrantes aportan una contribución esencial a la economía, como demuestra el hecho de las remesas representan el 11,3 % del PIB de Guatemala, cerca de la contribución total de PIB del sector agrícola, ganadero, caza, silvicultura y pesca9.

  11. En julio y agosto se llevó a cabo el primer censo nacional de población y vivienda desde 2001. Este recolectó información crucial para comprender mejor y abordar las necesidades económicas y sociales de la población, y para implementar mejor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A pesar de la inclusión de preguntas sobre auto identificación e identidad en el censo, así como por ejemplo sobre idiomas hablados, el ACNUDH recibió denuncias de que estas no habían sido formuladas sistemáticamente o habían sido preguntadas incorrectamente, lo que podría resultar en un subregistro de la población indígena.

  12. En 2019 están programadas las elecciones generales (presidenciales, legislativas y municipales) y también se seleccionarán nuevos magistrados y magistradas de las altas cortes. Hay una necesidad apremiante de mecanismos efectivos que aseguren, tanto en el período previo de las elecciones como durante ellas, la participación significativa y la representación adecuada de la diversa composición de la población guatemalteca.