Guatemala

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Adición Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala (A/HRC/22/17/Add.1)

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Consejo de Derechos Humanos 22.º período de sesiones Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

Resumen

El presente informe brinda una visión general de la situación de los derechos humanos en Guatemala y el trabajo realizado por la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH-Guatemala) durante 2012. ACNUDH-Guatemala llevó a cabo actividades de monitoreo y brindó asesoría y asistencia técnica a las instituciones del Estado y a la sociedad civil para contribuir a la implementación de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, así como de las recomendaciones contenidas en los informes anteriores.

Un nuevo Gobierno tomó posesión en enero de 2012. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Guatemala en marzo e instó a la implementación de una agenda integral de derechos humanos para abordar las importantes y antiguas brechas en el goce de los derechos humanos, tales como los altos niveles de inseguridad, impunidad y pobreza; desnutrición, discriminación y violencia contra la mujer; así como la situación de los pueblos indígenas y la discriminación que sufren en las esferas políticas, económicas, culturales y sociales. El examen periódico universal realizado en octubre de 2012 presenta una oportunidad única para fortalecer el compromiso de Guatemala con la protección de los derechos humanos, a través de un diálogo significativo con la sociedad civil.

En línea con las recomendaciones emitidas durante su visita, dicha agenda debería incluir un plan que establezca claramente una fecha límite para el uso de las fuerzas militares en el cumplimiento de la ley; una propuesta de reforma legislativa a la carrera judicial y fiscal; mecanismos e instituciones fortalecidas para abordar la conflictividad social; y un plan de acción nacional contra el racismo y la discriminación, que cuente con la plena participación de los pueblos indígenas.