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Guatemala: Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19, agosto - diciembre 2020

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La evolución de la pandemia COVID-19 desde el mes de marzo que se reportó el primer caso ha impactado muy fuertemente al sistema de salud pública y privada del país debido principalmente al número de casos y personas fallecidas. Pero en paralelo, también ha generado innumerables efectos colaterales sobre otros sectores sociales y productivos del país. Derivado de este impacto múltiple se decidió hacer una reevaluación de la situación, utilizando los datos disponibles a la fecha, para identificar y priorizar las necesidades humanitarias de los grupos vulnerables más afectados en el territorio nacional.

El presente Plan de Respuesta Humanitaria se centra en aquellas acciones multi-sectoriales tendientes a continuar reduciendo el sufrimiento humano y salvando vidas, no solamente apoyando en la contención y tratamiento de la pandemia sino también proveyendo insumos, servicios y atención a los grupos vulnerables más afectados.
En ciertas líneas estratégicas se logra conexión con el plan de recuperación socioeconómica que se maneja por separado.

Una buena proporción de las acciones propuestas gira alrededor del tema de inseguridad alimentaria y nutricional. Por un lado, se identificó la necesidad de asistencia alimentaria para unos 4 millones de personas, mientras, en paralelo, se detectan y se brinda tratamiento a niños y niñas menores de 5 años que sufren desnutrición aguda. Como complemento, se apoyará con insumos agropecuarios y asistencia técnica a las familias más afectadas para que recuperen y diversifiquen sus ciclos productivos. La estrategia incluye la coordinación y trabajo conjunto con las instituciones de Gobierno involucradas en la Gran Cruzada Nacional contra la Desnutrición, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Otro paquete de acciones gira en torno a la protección y la observancia de los derechos humanos para los grupos más afectados por la pandemia con énfasis en grupos históricamente excluidos como mujeres y niñas indígenas, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, LGBTIQ, personas de la movilidad humana, entre otras. En esta sección están involucradas las instituciones de Gobierno encargadas de la protección social, temas migratorios y de derechos humanos entre ellas la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la Comisión Nacional del Migrante (CONAMIGUA), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y muchas organizaciones de la sociedad civil.

Complementariamente, están planteadas acciones que conectan con el plan de recuperación socio-económica y el restablecimiento de la resiliencia poblacional. Destacan aquí las acciones para apoyar al sector educativo para lograr un regreso seguro a las aulas y clases presenciales el año próximo, incluyendo insumos, tecnología y recursos para el Ministerio de Educación (MINEDUC). También se contemplan acciones de promoción y mejoramiento de las condiciones para el acceso a agua segura, saneamiento e higiene de las poblaciones más afectadas con la participación de liderazgos locales, autoridades municipales y la institucionalidad nacional. Y, en la línea de la recuperación temprana y la resiliencia se incluyen acciones de apoyo a los sectores de la economía informal que han perdido sus flujos de ingreso y a las personas desempleadas a través de la promoción de emprendimientos y campañas de comunicación social. Estas acciones van amarradas con el trabajo de las Municipalidades y la incorporación de los presupuestos nacionales asignados a los Consejos de Desarrollo.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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