Es realmente penoso y doloroso abordar las secuelas de un mal cancerígeno, que, debido a no haber sido tratado con tiempo y con acciones profundas para atacarlo de raíz, está causando la muerte de niños y vulnerando la vida de otros.
Nos referimos a la desnutrición aguda y crónica, que ha devastado los hogares más humildes del país, los cuales fueron descuidados y sumidos en la pobreza y pobreza extrema, una realidad inocultable.
De acuerdo con las proyecciones de la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, en nuestro país existen 1 millón 67 mil 907 infantes menores de 5 años con algún tipo de esa dolencia; es decir, la mitad del total de la población de esa edad.
Son datos alarmantes, sin tomar en cuenta el número de decesos al año a causa del hambre, algo contradictorio en un territorio con una riqueza enorme en todas sus dimensiones, pero, desafortunadamente, mal distribuida.
En 2012, el tema del hambre motivó el comienzo de proyectos dirigidos a las áreas donde el fenómeno ha golpeado con más fuerza, especialmente en el Corredor seco. Desafortunadamente, como es de todos conocido, hubo un aprovechamiento personal y político, en detrimento de las familias necesitadas. Lo demás, en el caso de las autoridades que en su momento se vieron involucradas en este aspecto, es historia.
El cambio
El 14 de enero de 2016, durante la toma de posesión, el presidente Jimmy Morales anunció que una de las prioridades del Gobierno sería reorientar las acciones encaminadas al combate de la desnutrición crónica, hasta reducirla, en los 4 años de gestión, en 10 por ciento.
En este sentido, se inició la despolitización de los proyectos, depuración de la lista de beneficiarios y, primordialmente, la transparencia en el proceso de entrega de ayuda en alimento y transferencias condicionadas.
El mandatario instruyó a las autoridades correspondientes a coordinar la tarea con los alcaldes de los municipios más afectados por el mal. De esa cuenta, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comenzó a tener acercamientos con los jefes ediles para conocer de primera mano las necesidades, y que los esfuerzos se implementaran de manera cristalina.
Como resultado, 82 comunas han ofrecido trabajar en coordinación con el gobierno central para atacar este flagelo, en el marco de la Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica.
La semana pasada se anunció que las instituciones involucradas en la iniciativa pondrán hoy en marcha su labor en 30 municipios de 4 departamentos, donde se comenzará a hacer efectiva esta herramienta, la cual paulatinamente cubrirá los demás distritos priorizados.
En esta primera etapa, que abarcará hasta marzo, se ofrecerán capacitaciones locales, para que después de la Semana Santa las entidades encargadas empiecen con su trabajo de manera organizada.
Los distritos privilegiados en la primera fase del proyecto pertenecen a Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula, donde la prevalencia de esa afección está arriba del 60 por ciento en menores de 5 años. En estas 4 regiones se invertirán no menos de Q800 millones en 2017.
De acuerdo con el plan, las intervenciones se darán en Atención Primaria en Salud, educación para cambio de comportamiento, agua y saneamiento, agricultura y economía familiar. Las medidas llegarán de forma integral a 206 mil infantes, ubicados con nombres y apellidos por el Registro Nacional de las Personas.
El papel de la cooperación
En los esfuerzos por contrarrestar la desnutrición también participa la comunidad internacional, que ha mostrado su preocupación por la prevalencia del fenómeno en Guatemala.
Y es que hay diferentes formas de combatir el mal, pero la falta de información o el desconocimiento hacen que la situación se complique.
Por ello, el Gobierno y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) impulsan una estrategia para aprovechar la acuicultura como uno de los recursos para atacar la desnutrición crónica infantil. También se apuesta por los huertos escolares y familiares, así como la crianza de aves de corral para el autoconsumo.
Como parte de la iniciativa, especialistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de la FAO se han capacitado sobre cómo la pesca y la acuicultura contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional.
Se espera que con este plan aumente el consumo de pescado en nuestro país, pues es uno de los que menos lo hace en Centroamérica. Se busca incluir este producto en la dieta alimenticia, por su alto valor nutritivo, que incluye hierro, calcio y vitaminas de vital importancia para el desarrollo de los niños.
En esta línea, el MAGA trabaja desde hace cinco años en el Plan de Agricultura Comercial, que promueve la cadena agroproductiva de tilapia y organismos acuáticos. Los departamentos priorizados son Escuintla, Santa Rosa, El Progreso, Quiché, Huehuetenango y San Marcos.
En 2016 se benefició a 336 familias, de las cuales 127 ya comercializan ese alimento, favoreciendo su desarrollo económico, pues este tipo de proyectos no solamente contribuye a la seguridad alimentaria, sino en la generación de finanzas y oportunidades de empleo.
Este año, la cartera citada ejecuta capacitaciones con amas de casa que viven en zonas de vulnerabilidad y pobreza extrema, sobre el manejo adecuado de los productos del mar, y se les dan recetas alimentarias para mejorar su dieta.
También es alentadora la noticia dada por el director residente del Programa Mundial de Alimentos, Mario Touchette, en relación con la continuidad del apoyo para enfrentar la inseguridad alimentaria en Guatemala.
El aporte consiste en la entrega de alimentos, efectivo y la distribución de cupones, que cubren necesidades básicas para 100 días, en función de los períodos de escasez de granos y el tiempo que se requiere para crear activos duraderos y de calidad.
El año pasado se benefició a 576 mil núcleos afectados por la canícula prolongada, y se asistió a no menos de 3 mil pequeños productores para que aumentaran su producción.
Un dato importante en este aspecto es que los favorecidos reciben la ayuda bajo la condición de que deben hacer trabajos de resiliencia en sus comunidades, tales como terrazas, reforestación, letrinas, entre otros.
Para este año, los esfuerzos se concentrarán especialmente en el Corredor seco, la región más golpeada por el hambre, a consecuencia de los efectos del cambio climático.
Baja Verapaz, Chiquimula y Jutiapa, que integran dicha área, se beneficiaron en el período pasado con asistencia alimentaria a 23 mil 918 familias, que suman 119 mil 590 personas, quienes perdieron sus cosechas.
Ese aporte continuará en 2017 con la ayuda de países amigos, pues se ha constatado que comunidades de Chiquimula volvieron a tener pérdidas en sus cosechas y están en una situación difícil.
Ya se cuenta con un estudio sobre la estructura alimentaria en ese Corredor, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días, pero, preliminarmente, se sabe que 160 mil familias están en riesgo.
Ecosistema
Adicionalmente, se iniciará la rehabilitación de los ecosistemas degradados, con el fin de mejorar la productividad de la tierra y reducir la vulnerabilidad de la población ante las crisis climáticas.
En este marco, se apoyará a 3 mil familias (15 mil personas) que viven en 24 comunidades de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y San Jorge y Huité, Zacapa, que representan el 6.66 por ciento de la población que sufre inseguridad alimentaria en el territorio a intervenir. Esta acción cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea.
Las acciones gubernamentales e internacionales contra el hambre son, a pesar de lo triste que es abordar este tema, alentadoras, pues se están articulando esfuerzos para combatir ese cáncer que, de no ponerle un alto, seguirá corroyendo el futuro de Guatemala.
En concordancia con el mandato del gobernante Jimmy Morales, cuya gestión le apuesta a la transparencia y cero tolerancia a la corrupción, las instancias fiscalizadoras deberán vigilar el grado de cumplimiento y verificar los resultados contemplados en los planes.