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El vicepresidente del CICR, Gilles Carbonnier, visita El Salvador y Honduras para abordar consecuencias de la violencia

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La violencia en Honduras y El Salvador genera graves y preocupantes consecuencias humanitarias como lo son el desplazamiento interno, la migración, la desaparición, los homicidios, limitaciones para acceder a servicios de salud y educación, o la restricción de las posibilidades de desarrollo personal, social y de participación comunitaria, concluyó el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, tras una visita de seis días a dichos países de América Central.

El vicepresidente de la organización humanitaria y la directora de operaciones para las Américas, Sophie Orr, estuvieron del 10 al 13 de abril en El Salvador para fortalecer la colaboración con este país en la promoción de agendas humanitarias. Ambos sostuvieron reuniones con beneficiarios de la acción del CICR para conocer de primera mano sus necesidades. La comunidad de Tikal Norte en el municipio de Apopa, apoyada por el CICR y la Cruz Roja Salvadoreña, fue una de las anfitrionas; también sostuvieron entrevistas con familiares de personas desaparecidas y con personas desplazadas.

Carbonnier reconoció los importantes avances en El Salvador para reconocer el problema de desplazamiento interno y aprobar, en 2020, una ley especial al respecto. "Esperamos que esta ley tenga un impacto muy positivo en la vida de miles de víctimas de la violencia y contribuya a que estas personas desplazadas puedan recibir la atención que requieren. Sin embargo, hace falta un esfuerzo significativo y comprometido para la implementación de la ley, tarea en la que CICR está dispuesto a apoyar desde su experiencia y naturaleza como actor humanitario", indicó.

En términos de migración, el vicepresidente del CICR destacó que, si bien las estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería muestran una reducción significativa de casi un 85% en el retorno de salvadoreños en 2020 y en lo que va del presente año, existe preocupación por la situación por la situación de la niñez migrante tanto en este país como en Honduras, Guatemala y México. "Se requieren respuestas efectivas y coordinadas que involucren a las familias y responsables, y que ofrezca alternativas dignas y seguras para el desarrollo pleno de la niñez", destacó.

Posteriormente, Gilles Carbonnier visitó Honduras del 14 al 16 de abril para reforzar la agenda humanitaria y llamar a un impulso, junto con las autoridades correspondientes, de los anteproyectos de Ley de Desplazamiento Interno por la Violencia y Regulación del Uso de la Fuerza.

Carbonnier enfatizó en la importancia de que antes del término de la actual legislatura el Congreso Nacional logre discutir, aprobar y reglamentar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente. "Este es un asunto urgente que afecta a más de 247.000 personas y que no permite más dilaciones. Desde nuestra visión estrictamente humanitaria, consideramos que esta ley contribuirá a esos cambios necesarios a favor de las personas desplazadas internamente en su asistencia y protección".

Entre 2004 y 2018, más de 247.000 personas se desplazaron internamente a causa de la violencia generalizada en el país. Sumado al desplazamiento interno o incluso como consecuencia de este, muchos otros hondureños dejan su país y se lanzan a una ruta migratoria llena de peligros: se calcula, con base en cifras de la Unidad de Política Migratoria, que alrededor de un 50% de los migrantes centroamericanos son hondureños. Frente a ello, es urgente implementar acciones, junto con la Cruz Roja Hondureña, que permitan contrarrestar la situación, contar con herramientas jurídicas para asistir y proteger a las personas víctimas del desplazamiento y brindar soluciones duraderas a la población en riesgo.

Otra tarea pendiente en el país es la aprobación de la Ley del Uso de la Fuerza. "Tenemos ahora una oportunidad de lujo para establecer un marco claro de actuación de las fuerzas de seguridad y reducir el riesgo del uso ilícito de la fuerza. Queremos hacer énfasis en la importancia del respaldo del actual anteproyecto de ley que cuenta ya con dos dictámenes favorables de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo", dijo.

En este país, como en otros de la región, el CICR continuará trabajando junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras en la integración de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos que regulan el uso de la fuerza. Es necesario un esfuerzo conjunto para garantizar la implementación de estas normas internacionales.

El vicepresidente Carbonnier también sostuvo reuniones con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de ambos países, junto a las cuales el CICR implementa muchos de sus proyectos. Un acuerdo tripartito para mejorar la coordinación entre los socios del Movimiento y ampliar el alcance de la respuesta humanitaria fue firmado entre el CICR, la Cruz Roja Salvadoreña y la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Finalmente, el vicepresidente manifestó su preocupación por una exacerbación de las necesidades humanitarias en América Central debido a los impactos generados por la COVID-19 y los huracanes Iota y Eta que hicieron mucho más vulnerables a comunidades ya afectadas por la violencia. Hoy más que nunca la acción humanitaria es necesaria.

"La gran esperanza para atajar la pandemia es, sin duda, la vacunación. Es fundamental que las vacunas sean distribuidas de manera equitativa y que no generen nuevas desigualdades. Esto significa que dentro de los grupos vulnerables los gobiernos deben contemplar y reafirmar la inclusión de las personas desplazadas internamente, migrantes y de personas privadas de libertad", enfatizó.