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El Salvador

El Salvador: Plan de Respuesta Humanitaria 2023

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Contexto de la crisis e impacto

Contexto demográfico, social y económico En El Salvador, al menos 1.1 millones de personas tienen necesidades humanitarias, cifra que representa un 16 por ciento del total de la población que es alrededor de 6,6 millones. Al igual que otros países del mundo, El Salvador experimenta una primera transición demográfica, como resultado de una reducción sostenida en los niveles de mortalidad y luego, en los de fecundidad; a partir de la cual se pasará de escenario o régimen demográfico con altos niveles de mortalidad y fecundidad, a uno con niveles bajos. Desde el año 2019, El Salvador se encuentra en el momento óptimo del bono demográfico, lo que significa que la tasa de dependencia demográfica, como expresión de la relación entre la población en edad potencialmente dependiente o improductiva y la de edad potencialmente independiente y productiva, experimenta una trayectoria al alza. Sin embargo, se proyecta que la población en edad potencialmente productiva bajará de 63.21% a 47.26% entre 2027 y 2100; y en cambio, la improductiva, aumentará de 36.78% a 52.74%. Esto es importante a la hora de planificar la respuesta humanitaria, tomando en cuenta la estructura poblacional y el nivel de población dependiente.

La pandemia de COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania ocasionaron disrupciones e interrupciones en el normal funcionamiento de los mercados especialmente en áreas como energía, fertilizantes, cereales y grasas vegetales; adicionando dificultades en la cadena de suministro en entornos económicos de desaceleración y recuperación. El hambre en el mundo aumentó todavía más en 2021 a pesar de las esperanzas de que el mundo dejaría atrás la pandemia del coronavirus (COVID-19) y de que la seguridad alimentaria empezaría a mejorar, lo que refleja desigualdades exacerbadas entre países y dentro de los mismos.

Debido a la apertura económica y la dinámica productiva nacional, las perturbaciones señaladas impactan de manera directa en los precios de bienes y servicios que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que representa el requerimiento calórico mínimo que necesita un individuo para desarrollar un trabajo. Los shocks inflacionarios inciden en el costo de la CBA y afectan la línea de pobreza, pues incrementan el costo de los bienes que la componen, afectando el número de personas que pueden cobrar el costo de dicha canasta.

La vulnerabilidad económica descrita y agravada por las crisis se combina con otras privaciones económicas, sociales y ambientales (desempleo, inseguridad alimentaria, exposición a riesgos, la calidad de la vivienda y el acceso a servicios de WASH) generando entornos de crisis y fragilidad. Dichos entornos se agravan con las condiciones preexistentes de vulnerabilidad ante amenazas asociadas a factores de cambio climático/desastres, violencia, eventos de salud pública, migración y desplazamiento forzado. Las poblaciones de interés estarán en las personas en doble condición de pobreza (monetaria y multidimensional) y agravados principalmente por el subempleo, la inseguridad alimentaria, la exposición a riesgos, vulnerabilidad en calidad de vivienda (techo inadecuado, y piso y pared inadecuadas) y falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento.

Es de especial preocupación el acceso a alimentación y medios de vida. La población salvadoreña continúa enfrentando una situación de inseguridad alimentaria como consecuencia de los efectos acumulados anteriormente descritos. Esta combinación de crisis ha impactado la capacidad nacional de incrementar la producción de alimentos, especialmente de maíz, frijol y arroz, productos esenciales de la canasta básica alimentaria, manteniendo al país como un importador neto de alimentos, situación que podría colocarlo en desventaja, teniendo en cuenta las decisiones de algunos países exportadores de reducir o cerrar las exportaciones para proteger sus propios mercados o el abasto de su población.

Marcos jurídicos y políticos existentes

En cuanto a marcos legales sobre respuesta a emergencias, el país cuenta con la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con carácter multisectorial y de una gobernanza multinivel (desde nivel nacional hasta el comunitario).

Por otra parte, en temas de seguridad, protección y prevención de los diferentes tipos de violencia, el país se encuentra actualmente ante importantes reformas y creación de marcos jurídicos. En el contexto del régimen de excepción, el 30 de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal, la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial contra el Delito de Extorsión.

La Ley Penal Juvenil se reformó estableciendo que los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 15 años pueden ser condenados a hasta 10 años de prisión y los mayores de 16 años a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas.

Por otro lado, el 22 de junio de 2022 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, derogando la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y modificará la composición del Sistema de Protección Integral, enfatizando los esfuerzos en la primera infancia. La ley recientemente aprobada tiene carácter especial y prevalecerá sobre otras, cualquiera que sea la materia o el momento en que se hayan aprobado.

La Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno entró en vigor en 2020. Esta ley se alinea a los estándares internacionales, en especial los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998, al reconocer el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, a la protección de la unidad familiar, a la restitución de los derechos vulnerados como consecuencia del desplazamiento, a que se generen mecanismos para proteger y recuperar sus bienes muebles e inmuebles, entre otros. Sin embargo, está pendiente su reglamentación. El Salvador participa activamente en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), una aplicación regional del Pacto Mundial sobre los Refugiados, con enfoque en desplazamiento forzado. En 2022, el país actualizó el Plan Nacional de acuerdo con sus prioridades.

De igual manera, el país ha hecho esfuerzos importantes por generar marcos jurídicos, políticos y técnicos para abordar la discriminación y la violencia contra las mujeres, tanto a nivel internacional como nacional. La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, así como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), brindan un marco de actuación y reconocen diversos tipos de violencia contra las mujeres. Entre las reformas recientes, los esfuerzos por brindar recursos al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer se vinculan con la incorporación del Programa Ciudad Mujer, como un modelo de atención integral, donde mujeres sobrevivientes de violencia basada en género encuentran un sistema de respuesta integrada.

La implementación efectiva de estos marcos jurídicos requerirá en el 2023 de recursos humanos, materiales y financieros suficientes.

Entorno de seguridad

En el año 2021, El Salvador registró la tasa de homicidios más baja en los últimos 10 años (18.1 por cada 100.000 habitantes). A pesar de la reducción de los índices de homicidios, otras formas de violencia persistieron. Hubo 80 feminicidios en 2021 y 827 delitos de personas desaparecidas. El 45.9% de las personas desaparecidas fueron niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 25 años. Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) para el año 2021, se reportaron 1.715 casos de extorsiones. Sobre VGB, aunque para el 2022 no se cuenta con información oficial sobre este tipo de denuncias, en el año 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que de 2.095 casos de niñas y mujeres que denunciaron delitos de violencia sexual, 290 casos más que en el año 2020.

La tendencia decreciente de homicidios sufrió un cambio el 26 de marzo de 2022. Este día fue el más violento en dos décadas: se reportaron 62 homicidios en un solo día, y un total de 87 en ese fin de semana (26 y 27 de marzo). Ante la ola de violencia generalizada, el presidente de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que decretara régimen de excepción. A diciembre de 2022, el régimen de excepción ha sido renovado en nueve ocasiones por periodos consecutivos de 30 días.

Entre el 27 de marzo al 1 de septiembre de 2022, el gobierno informó que en lo que llevaba en vigor el régimen de excepción, se contabilizaban 80 días sin homicidios en El Salvador. Al 16 de noviembre, reportaron que siempre dentro de este régimen, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada habían realizado alrededor de 57.568 detenciones.

Perfil medioambiental

El Salvador es un país situado en la costa Pacífico de Centroamérica con una extensión superficial de 21.040 km2. Los frentes fríos, ondas tropicales o huracanes modulan en gran medida el clima tropical del país con temperaturas moderadas, una estación húmeda típica (mayo-octubre) y una estación seca (noviembre-abril). En junio y septiembre, las precipitaciones, llamadas “temporales”, son intensas y prolongadas. La orografía en el Salvador hace que las lluvias sean más escasas que los países con costas en la vertiente del Caribe, y, por tanto, los riesgos de sequías prolongadas son altos. Estos riesgos climáticos afectan la productividad, la salud y la calidad de vida en zonas rurales y urbanas.

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