El Salvador Panormana de necesidades humanitarias 2024 (Diciembre de 2023)

Sobre este documento

Este documento es consolidado por OCHA en nombre del Equipo Humanitario de País y sus socios. Proporciona una comprensión compartida de las crisis, incluyendo las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y proporciona insumos para la planificación de una respuesta estratégica conjunta.

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, o sobre la delimitación de fronteras o límites.

Resumen de las necesidades humanitarias y los hallazgos clave

El Equipo Humanitario de País, conformado por agencias de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, instituciones de gobierno y cooperantes, ha elaborado el presente análisis que describe de manera cualitativa y cuantitativa las necesidades humanitarias de la población en El Salvador en condición de mayor vulnerabilidad.

La situación humanitaria de El Salvador está determinada especialmente por fenómenos climáticos extremos (sequía y exceso de lluvias), situaciones de movilidad humana, así como por impactos económicos persistentes.

Las estimaciones de necesidades humanitarias se calcularon utilizando el Marco de Análisis Intersectorial Conjunto o enfoque JIAF (Joint Intersectoral Analysis Framework, en inglés), que analiza de manera integral la severidad de las necesidades que enfrentan las personas, utilizando una serie de indicadores intersectoriales. Los resultados del presente análisis revelan que el número de personas con necesidades humanitarias aumentó levemente, pasando de 1.115.112 a 1.119.198, equivalente al 18% de la población total. Estas personas se encuentran distribuidas en todo el país, con énfasis en los departamentos de las zonas Central y Oriental que son las más altamente afectadas dentro del área denominada Corredor Seco.

Uno de los detonantes que mantienen este porcentaje de las poblaciones afectadas es el impacto del fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENOS). La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de junio 2023, estima que 1.044.895 personas se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o grave, o Fase 3 o peor (Crisis) de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (en adelante, CIF) debido a múltiples factores económicos y relacionados con el clima, principalmente aquellos asociados con los impactos esperados de El Niño. Según la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET), los hogares más pobres del Corredor Seco en Honduras y El Salvador recurrirán a estrategias de crisis tales como reducir el tamaño de las porciones en las comidas, pedir comida prestada o depender de la ayuda de familiares o amigos, restringir el consumo de comida por parte de los adultos para permitir que los niños y niñas coman, o reducir el número de comidas en un día para abordar la falta de disponibilidad de alimentos en el hogar.

Dichas condiciones se ven agravadas por otras desigualdades estructurales especialmente relacionadas con el acceso a los servicios básicos, como la falta de acceso a servicios seguros de agua, saneamiento e insumos e higiene, entre otras, que contribuyen al aumento de la inseguridad alimentaria, las tasas de desnutrición infantil y las enfermedades asociadas.

Otro detonante que sigue afectando a la población es la movilidad humana. Aunque el gobierno ha avanzado en la mejora de las causas que impulsan la movilidad humana, todavía existen desafíos para reducir las causas estructurales que provocan el desplazamiento forzado y la migración desde El Salvador. De octubre 2022 a septiembre 2023 se han registrado 62.846 personas salvadoreñas interceptadas en el territorio de Estados Unidos. Las solicitudes de asilo en México de personas de El Salvador siguen en niveles similares a los años anteriores: a septiembre de 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó 5.033 solicitudes de asilo de personas de El Salvador, la cuarta nacionalidad en número de solicitantes.

Según los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador, en 2022 se identificaron 14.437 personas salvadoreñas retornadas a El Salvador desde Estados Unidos y México. Los retornos en 2022 representaron un aumento del 70% en comparación a 2021. A septiembre de 2023, el número de personas retornadas a El Salvador ascendió a 8.833 personas. Entre los principales motivos mencionados para la salida del país se incluyen factores económicos (75%), reunificación familiar (14%), e inseguridad (8,4%).

Las comunidades históricamente afectadas por la violencia presentan afectaciones persistentes por ser expulsoras y receptoras de población desplazada, que requiere servicios especializados de asistencia humanitaria.

Las comunidades recuperadas por el Estado, anteriormente controladas por las pandillas, tienen necesidades de protección urgentes que antes no podían ser atendidas. A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno por recuperar la seguridad y garantizar acceso y libre movilidad en estos territorios, es necesario acompañar esas estrategias con una respuesta humanitaria integral, que asegure el acceso a la protección para todas las personas y el restablecimiento de sus derechos, en particular para los grupos en condición de vulnerabilidad, como las mujeres, mujeres cabeza de hogar, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTIQ+ y personas en situación de discapacidad.

La Violencia Basada en Género (en adelante, VBG) continúa siendo un problema relevante y complejo en El Salvador en un contexto donde persisten las desigualdades entre mujeres y hombres. El arraigo de los estereotipos de género que naturalizan este tipo de violencia afecta en mayor medida a mujeres, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, indígenas o LGBTIQ+ y personas adultas mayores. Estas brechas se agudizan en contextos de emergencia, con mayores retos para la participación económica en condiciones dignas, así como de tenencia de propiedad, las limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, agua, saneamiento e higiene, entre otros.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República4 , para el periodo de junio 2022 a mayo 2023, hubo un incremento de la violencia sexual del 13% más que el periodo anterior. Asimismo, la violencia psicológica y violencia patrimonial incrementaron un 10% y 19% respectivamente.

Aunque hay esfuerzos relevantes para brindar servicios esenciales para responder a la VBG, aún existen limitaciones en la capacidad de respuesta, disponibilidad de recursos y de espacios seguros para las personas sobrevivientes.

Las poblaciones y personas afectadas por estas crisis requieren asistencia humanitaria integral que incluya acceso a alimentos, atención especializada en nutrición, servicios y tratamientos de salud en emergencia, provisión de agua y saneamiento de calidad, alojamiento, continuidad de la educación, acceso a sistemas de protección, así como asistencia apropiada en casos particulares de VBG y otros tipos de violencia.

En general, el objetivo de este análisis es servir de referencia para una potencial respuesta humanitaria integral, con enfoque de derechos y edad, género y diversidad y focalizada en las poblaciones y territorios identificados en mayor vulnerabilidad.