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Más de 900,000 personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en el período previo al de hambre estacional de marzo-mayo 2022
Descripción general:
De julio a agosto 2021, la mayor parte de los departamentos han sido clasificados en Fase 2 (Acentuada) con excepción de Ahuachapán y Morazan clasificados en Fase 3 (crisis), sin embargo, más de 0.8 millones de personas (13% de la población analizada) se encuentran aún en crisis o emergencia alimentaria (Fase 3 o peor de la CIF) y, por tanto, requieren acciones urgentes. Esta cifra disminuirá a 600,000 (10% de la población analizada) para el periodo de septiembre 2021 a febrero 2022, pero incrementará a más de 900,000 mil (14% de la población analizada) entre marzo y mayo del 2022 correspondiente al inicio del período de hambre estacional.
Para los meses de septiembre 2021 a febrero 2022, a pesar de que se espera el incremento en la actividad económica de diferentes rubros, principalmente la venta de mano de obra agrícola; el aumento al salario mínimo del sector formal; la tendencia al alza del flujo de remesas y la cosecha de postrera de granos básicos como maíz y frijol; contribuyan a mejorar los ingresos de los hogares y a garantizar reservas de alimentos. Sin embargo, la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de La Niña (65%), puede afectar negativamente la cosecha de postrera y, por tanto, comprometer la disponibilidad de reservas de alimentos, principal fuente de alimentos de las familias de agricultores de subsistencia.
Para el periodo de marzo a mayo 2022, se espera que Ahuachapán y Morazán se encuentren en crisis (Fase 3), como producto de la disminución estacional de la venta de mano de obra agrícola en la época seca, generando una disminución en los ingresos durante este periodo del año. Sumado a ello, se estima que la lenta recuperación económica debido a los efectos de la pandemia COVID-19, continúe afectando diferentes sectores de la población en el mercado laboral, especialmente al sector informal dependiente de ingresos precarios. Sin embargo, a nivel nacional se continúan realizando acciones para mitigar el impacto en los hogares por lo que la segunda cifra proyectada para el próximo año podría disminuir.
FACTORES CLAVES ASOCIADOS:
COVID-19
La pandemia de COVID-19 sigue presente en el territorio nacional, y con la aparición de cuatro nuevas variantes, los efectos socioeconómicos de la pandemia siguen representando un riesgo latente para la seguridad alimentaria tanto para el periodo actual como para los periodos proyectados. Por tanto, es de vital importancia continuar con las medidas de bioseguridad y las campañas de vacunación en los diferentes grupos de edad.
PÉRDIDA DE INGRESOS
Posterior al periodo de confinamiento, se presenta una lenta recuperación económica, lo que negativamente contribuye a mantener una reducción en los ingresos de los hogares, principalmente por la pérdida de empleos y los cambios en las fuentes de ingresos. Esto obliga a los hogares a utilizar estrategias de afrontamiento para tratar de solventar o satisfacer sus necesidades alimentarias.
INCREMENTO DE PRECIOS
En los últimos meses el país enfrenta un incremento progresivo del costo del combustible y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha alcanzado un alza sostenida desde inicios del 2021, con una variación del 2.95% hacia junio de este año. Sin embargo, a partir del mes de agosto 2021, se espera un balance en el IPC, principalmente por el aumento del salario mínimo del sector formal.