El Salvador es una nación frecuentemente afectada por fenómenos naturales, que, sumado a la falta de planificación territorial y la alta vulnerabilidad física y social, ha registrado numerosas pérdidas materiales y de vidas humanas. Las normativas de diseño sismorresistente acordes a la peligrosidad sísmica del país son una medida indispensable para la reducción de riesgo y de los impactos potenciales de un futuro terremoto.
Mejorar la integridad estructural y seguridad de las construcciones ante futuros terremotos es el objetivo que se busca con la actualización de la Normativa Nacional para el Diseño y Construcción Sismorresistente y el diseño de un Plan Nacional para la Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica.
En la actualización de la normativa y el diseño del Plan Nacional, trabajarán los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó y ejecutará la cooperación técnica no reembolsable: “Plan de acción para la implementación del índice de gobernabilidad y política pública para la gestión de riesgo de desastre”, financiada por el Gobierno de Japón por un monto de $700 mil y una contrapartida local de $100 mil por parte de la UCA, además, se contará con el apoyo de técnicos y especialistas de las distintas instituciones participantes.
El inicio de este proyecto fue marcado por la firma de un convenio presidido por la ministra del MARN, Lina Pohl; el ministro del MOP, Eliud Ayala; el Embajador de Japón, Kazuyoshi Higuchi; el rector de la UCA, Andreu Oliva; la representante del BID en El Salvador, Carmina Moreno; y el director ejecutivo por Japón en el BID, Toshiuki Yasui.
Durante el periodo de ejecución, que será de dos años, el MARN a través de la Dirección General del Observatorio Ambiental, será responsable de coordinar estudios técnicos definidos en el proyecto, proporcionar, procesar y analizar la información necesaria para estimar la amenaza sísmica y las características dinámicas de los suelos sobre la base de registros acelerográficos.
A la UCA corresponderá la ejecución de los estudios técnicos que permitan implementar la evaluación dinámica de las propiedades de los suelos predominantes en el país, coordinar la realización de los ensayos estructurales y la realización de estudios de vulnerabilidad, utilizando métodos de elementos finitos y otros que se estimen convenientes.
El MOP será responsable de coordinar la implementación de los estudios técnicos y la propuesta de actualización del Reglamento de Seguridad Estructural de las construcciones y del Plan Nacional para la reducción de la vulnerabilidad sísmica.
En El Salvador, el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones, el cual incluye la Norma Técnica de Diseño por Sismo, no ha sido actualizado desde 1994 y presenta deficiencias en la estimación de la amenaza sísmica, principalmente de los parámetros relacionados a los efectos de sitio. Además, estudios previos han evidenciado amplificaciones importantes por efectos de sitio; sin embargo, las características dinámicas de los suelos de El Salvador no han sido adecuadamente investigadas.
La normativa actual tampoco contempla provisiones para el reforzamiento y la readecuación estructural, pese a que una gran cantidad de edificaciones importantes han sido construidas sobre la base de normativa deficiente o sin seguir ninguna normativa, y muchas han sido dañadas por sismos previos.
En este sentido, se han dado avances importantes con proyectos como “Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular Sismorresistente”, conocido como TAISHIN I (2003 -2008) y “Mejoramiento para la Tecnología de Construcción y Sistema de Difusión de la Vivienda Social Sismorresistente”, conocido como TAISHIN II (2009 – 2012), con el apoyo de la cooperación del Gobierno y pueblo de Japón.
El Salvador es uno de los países del mundo frecuentemente afectado por fenómenos naturales, lo cual, sumado a la falta de planificación territorial y alta vulnerabilidad tanto física como social, ha resultado en numerosas pérdidas materiales y de vidas humanas, lo que ha provocado fuertes impactos sociales, económicos y ambientales, con afectaciones en la inversión social y fuentes de empleo, además de acentuar la vulnerabilidad existente e impidiendo el desarrollo sostenible del país.