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La proximidad de Ecuador a los principales productores de cocaína, su economía dolarizada y sus instituciones estatales propensas a la corrupción, así como el devastador impacto del COVID-19, han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos de América Latina.
Acontecimientos recientes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, han dado un giro oscuro y letal. Ampliamente conocida con el evocador nombre de la “perla del Pacífico”, la ciudad portuaria se ha convertido en la capital del crimen en el país, un lugar donde la violencia es casi rutinaria. En un episodio particularmente sangriento, el 14 de agosto, un atentado con armas de fuego y explosivos, descrito por las autoridades como una “declaración de guerra contra el Estado” por parte del crimen organizado, dejó a cinco personas muertas y veinte más heridas. Según la prensa local, en Ecuador se han registrado al menos 145 atentados con explosivos entre enero y mediados de agosto de 2022; la mitad de ellos ocurrieron en Guayaquil.
En una carta abierta dirigida al presidente Guillermo Lasso, la alcaldesa de Guayaquil escribió que “las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno”. Según medios locales, la explosión del 14 de agosto está relacionada con un embate que tuvo lugar en la ciudad a principios de ese mes, con una serie de asesinatos por venganza, en una batalla aparentemente interminable por la supremacía entre varias organizaciones criminales.
Aunque Ecuador ha sido testigo de oleadas de asesinatos en el pasado, no tenía antecedentes significativos de actividades de guerrillas o carteles; es más, en los últimos años ha sido considerado como uno de los países más seguros de América Latina. Eso, sin embargo, parece haber cambiado. Actualmente, Ecuador se ha convertido en el más reciente país en sufrir un grave incremento en los delitos violentos. Los homicidios han aumentado a un ritmo alarmante, con una escalada del 180 por ciento entre 2020 y 2021, y han alcanzado un total de 3538 a finales de octubre de este año, el conteo más alto jamás registrado en el país. La policía atribuye el 80 por ciento de estos asesinatos a enfrentamientos entre grupos criminales que compiten por el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína. A medida que la guerra entre organizaciones se ha agravado, los actos de violencia han inundado los titulares: no sólo ha habido carros bomba, también decapitaciones, cadáveres colgados de puentes y drones arrojando explosivos sobre cárceles. La violencia carcelaria de todo tipo se ha disparado. Los datos más recientes revelan que los asesinatos en prisión aumentaron de 46 en 2020 a más de 300 en 2021.