Ecuador + 2 more

Informe Nacional - Monitoreo de Protección en Ecuador (Marzo 2021)

Format
Assessment
Source
Posted
Originally published
Origin
View original

Attachments

Introducción

Ecuador ha sido históricamente un país receptor de personas refugiadas y migrantes. Desde 1989, el Estado ecuatoriano ha concedido asilo a más de 70.000 personas, el 96.9% de ellas de nacionalidad colombiana (MREMH, 2021). La proximidad y apertura que ofrecía Ecuador a las personas que huían de la persecución en Colombia lo convirtió en el país con más refugiados reconocidos de la región. Pese a las esperanzas que generaron los procesos de paz en Colombia, el desplazamiento colombiano sigue siendo una realidad y el Ecuador sigue recibiendo flujos significativos de personas colombianas buscando protección.

Desde 2017 y 2018, la región experimentó un fenómeno de desplazamiento sin precedentes, originado por el continuo deterioro político, social y económico en Venezuela. La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela calcula que actualmente hay 5,6 millones de personas venezolanas desplazadas (R4V, 2021a), la mayoría de ellas en países latinoamericanos que ya tenían desafíos importantes que afrontar. Durante la primera etapa de este fenómeno, Ecuador fue considerado esencialmente como país de tránsito. Sin embargo, en la actualidad ya es tanto un país de tránsito como de destino. Se calcula que, a mayo de 2021, hay alrededor de 430.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el país (R4V, 2020b).

A esta situación ya desafiante se sumó la pandemia por COVID-19, que impactó severamente a los países de América Latina, incluyendo Ecuador. Si bien se trató de un fenómeno que impactó a toda la ciudadanía, las personas en situación de movilidad humana fueron especialmente afectadas. Las dificultades de acceso a numerosos derechos se agravaron: asilo, regularización migratoria, educación, salud, participación, etc. (ACNUR, 2021a). La generación de medios de vida se vio también muy afectada, pues muchas de las personas refugiadas y migrantes sobrevivían de actividades informales que quedaron completamente paralizadas, generando problemas para acceder a necesidades básicas y pagar los alquileres de las viviendas donde residían (ACNUR, 2021b).

Esta situación ha mejorado durante los primeros meses de 2021, motivada por las medidas del Gobierno para prevenir y responder a la pandemia, el plan de vacunación nacional, la gradual reapertura de la economía y un cierto respiro en las instalaciones hospitalarias. Sin embargo, como se destaca en este informe, la realidad de las personas refugiadas y migrantes sigue siendo compleja.