Ecuador: Terremoto - Informe a seis meses, 13 de octubre 2016

Análisis de situación

Hace seis meses un terremoto masivo de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió la costa noroeste del Ecuador. Desde ese día, 16 de abril de 2016, se han registrado más de 2.600 réplicas de las cuales 45 han sido mayores a 5 grados impactando nuevamente a los cantones más afectados (Instituto Geofísico - IGEPN, 12 octubre). El Presidente declaró un primer estado de excepción que rigió en seis provincias por un período de 90 días. Posteriormente emitió un nuevo estado de excepción hasta el 13 de octubre y otro por 60 días a partir del 14 de octubre para las provincias de Manabí y Esmeraldas debido a las fuertes réplicas que afectaron esta zona. Durante este periodo, las instituciones nacionales y locales con responsabilidades para afrontar la emergencia se han mantenido activas y continúan atendiendo las necesidades humanitarias persistentes mientras se avanza en el proceso de recuperación.

El Equipo Humanitario de País se activó desde el primer momento. Delegados de los Sectores Humanitarios participaron en las Mesas Técnicas de Trabajo para complementar las acciones del Gobierno Nacional. Se establecieron nueve sectores de coordinación temática y tres puntos de coordinación a nivel territorial, llegando a articular el esfuerzo de alrededor de 70 organizaciones de cooperación internacional.

El sismo dejó un balance de 671 personas fallecidas y más de 385.000 personas directamente afectadas. Tras el terremoto, el Estado creó el Registro Único de Damnificados (RUD) a fin de identificar personas afectadas y brindarles apoyo. Hasta el 7 de octubre, el Estado verificó y oficialmente reconoció a 386.985 personas en el RUD (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social - MCDS, 7 octubre). El período de inscripción terminó el 30 de julio y, aunque se aceptaron registros excepcionales, socios humanitarios notan que todavía existen personas afectadas en zonas rurales que no están incluidas.

El terremoto exacerbó factores preexistentes de vulnerabilidad social y económica en Esmeraldas y Manabí, las dos provincias más afectadas. Ya antes del evento, las provincias presentaban altos niveles de pobreza en 2014 (Esmeraldas 43,2% y Manabí 31,3%) y de ruralidad en 2010 (Esmeraldas 41,7% y Manabí 41,0%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Muchas de las viviendas adolecían de una falta de acceso regular a las redes de agua (43,4% en Esmeraldas y 49,1% en Manabí) y el acceso a saneamiento con alcantarillado es de 30,7% y 33,3%, respectivamente (INEC, 2010). Socios humanitarios reportan también la falta de títulos de propiedad como otro reto existente en la región afectada.

Se estima que más de 300.000 personas requieren de una vivienda segura. Alrededor de 70.000 familias declararon que su vivienda se encuentra con daños irreparables o por colapsar y 40.504 familias informaron daños recuperables (RUD, 7 octubre), representando más de 300.000 personas con necesidad de vivienda segura. Tras evaluar 49.530 viviendas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha calificado 36.149 viviendas (o 73%) como dañadas o destruidas. El MIDUVI seguirá evaluando viviendas en los próximos meses por lo cual se espera que el número de casas calificadas como inseguras o de uso restringido incrementará.

Se observa una reducción en las personas en albergues o sitios espontáneos de 30.000 al principio de la emergencia a 16.000 aproximadamente. Las primeras semanas las personas afectadas buscaron un techo en refugios, albergues o espacios comunitarios como escuelas e iglesias. A partir de mayo, se establecieron albergues formales y en julio se contaba con 27 albergues del Estado y alrededor de 9.000 personas viviendo en ellos (Ministerio Coordinador de Seguridad- MICS, octubre). Actualmente, alrededor de 7.000 personas residen en 24 albergues (MICS, 11 de octubre). Estos cuentan con servicios de agua y saneamiento, alimentación, educación, salud y apoyo psicosocial. Es fundamental mantener las condiciones mínimas logradas en ellos, asegurando fondos adecuados e implementando protocolos establecidos para la provisión sistemática de servicios. A la vez, es crítico promover la participación de la población albergada en la toma de decisiones y gestión de los albergues.