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Resumen
Se analizaron las 24 provincias del país, con una población estimada en 18 millones de habitantes según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para 2024, de la cual un 64% es población urbana y un 36% es población rural. Durante el período de junio a agosto de 2024, al menos 2.6 millones de personas (14% de la población analizada) se encuentran en Fase 3 (Crisis alimentaria) o superior de la CIF, por tanto, requieren acciones urgentes con objetivos de respuesta orientados a proteger medios de vida y reducir brechas de consumo de alimentos. De estas personas, al menos 2.4 millones se encuentran en Crisis (Fase 3 de la CIF) y alrededor de 197 mil en Emergencia (Fase 4 de la CIF) en todo el país. De las 24 áreas analizadas (todas las provincias del país), dos se clasificaron en Fase 3: Esmeraldas y Pastaza; 20 provincias se clasificaron en Fase 2 (Acentuada) y dos en seguridad alimentaria (Fase 1): Pichincha y Galápagos. Durante este período, las provincias con mayor severidad de inseguridad alimentaria son: Esmeraldas (25%) y Pastaza (23%). En cuanto a la magnitud poblacional, las provincias más afectadas por la inseguridad alimentaria son Guayas, con aproximadamente 853 mil personas; Manabí, con 289 mil; Los Ríos, con 165 mil; y Pichincha, con 164 mil personas.
La disminución del poder adquisitivo de la población se ha visto agravada por diversos factores interrelacionados. El aumento sostenido de los precios de los alimentos, especialmente en la canasta básica, ha reducido significativamente la capacidad de los hogares para adquirir alimentos y bienes esenciales. Paralelamente, la pérdida de empleo, impulsada por factores como la violencia y las extorsiones, ha generado una mayor precariedad económica, especialmente en zonas rurales donde la pobreza subyacente es más profunda. Esta situación ha desencadenado un incremento en la migración interna, exacerbando aún más los problemas de acceso a alimentos y oportunidades en las zonas de origen.
Los programas sociales implementados por el Estado representan un paso significativo en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en la cobertura y la capacidad de estos programas para satisfacer las necesidades básicas de la población. Es fundamental continuar evaluando y fortaleciendo estas iniciativas para contribuir que lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan
Se proyecta que la situación de inseguridad alimentaria a nivel nacional se mantendrá desafiante en el período de septiembre de 2024 a marzo de 2025. Si bien la clasificación general de las provincias permanecerá similar a la actual, se espera un ligero aumento en la proporción de población que enfrenta Crisis o Emergencia alimentaria (Fases 3 y 4 de la CIF). Esto significa que más personas experimentarán dificultades severas para acceder a alimentos suficientes y nutritivos. Es decir, aunque provincias como Esmeraldas y Pastaza continuarán clasificadas en Fase 3 (Crisis), la cantidad de personas dentro de esta fase y la siguiente (Emergencia) aumentará del 14% al 15% de la población total.