MENSAJES CLAVE
El derrame de crudo ocurrido el 13 de marzo en la provincia de Esmeraldas afectó principalmente los cantones de Esmeraldas, Quinindé, Atacames y Rioverde, en un contexto de marcada complejidad política. La respuesta a la emergencia se ha visto obstaculizada por la falta de información oficial que defina claramente la magnitud del evento. Asimismo, la proximidad de la segunda ronda electoral el 13 de abril plantea retos adicionales para la coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales y locales, con impactos en la provisión de asistencia humanitaria.
La emergencia se desarrolla en un entorno de creciente inseguridad y violencia. Esmeraldas enfrenta una dinámica cambiante, marcada por la presencia y movilidad constante de grupos armados¹ hacia nuevas áreas del territorio. La disputa por el control territorial genera un acceso intermitente para los actores humanitarios y restringe el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.
Las principales limitaciones de acceso humanitario incluyen los enfrentamientos entre grupos armados, que dificultan las operaciones en el territorio; las interferencias en la implementación de actividades humanitarias, especialmente en iniciativas de prevención del reclutamiento, protección y promoción de la cultura de paz; y las restricciones a la movilidad de las poblaciones afectadas, limitando su acceso a servicios básicos como salud y educación. Los cantones más afectados por estas limitaciones son Esmeraldas, San Lorenzo y Eloy Alfaro. La presencia de "fronteras invisibles" y el control territorial ejercido por grupos armados restringen la libre circulación de las comunidades y el acceso a la asistencia.
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad debido a su alta exposición al riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados, así como a la estigmatización, los riesgos de violencia basada en género (VBG) incluyendo violencia sexual. La falta de acceso a medios de vida crea una brecha que los grupos armados pueden aprovechar para expandir sus actividades ilícitas, incluyendo el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes.
Las zonas que enfrentan una triple afectación —violencia armada, vulnerabilidad a desastres naturales y el actual desastre ambiental por el derrame de crudo— requieren especial atención. Durante la temporada de lluvias, las condiciones físicas del territorio se agravan debido a derrumbes y bloqueos viales, lo que restringe aún más la movilidad de la población y de las organizaciones humanitarias. Estas condiciones dificultan la prestación de asistencia y afectan la respuesta a la emergencia, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, que incluyen entre ellas a personas refugiadas y migrantes además de personas locales.
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