Ecuador

Ecuador: Barreras para el acceso al Sistema de Protección Social que enfrenta la población migrante y refugiada en Ecuador

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Introducción

De acuerdo con la información de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en el Ecuador habría 518.529 personas de interés (en situación de movilidad humana), de las cuales alrededor de 430.000 serían de origen venezolano, y alrededor de 102.000, colombiano. De ellos, 70.527 estarían reconocidos como refugiados en el Ecuador. Por su parte, el último monitoreo de flujo de población venezolana de la Organización Internacional para las Migraciones mostró que el 81% de las personas encuestadas (4.258 encuestas en diez provincias) declararon encontrarse de manera irregular en Ecuador. Según proyecciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela —también conocido como Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)—, teniendo en cuenta el continuo desplazamiento que se da por la situación en Venezuela y las nuevas olas de movilidad de quienes previamente regresaron a su país de origen debido a la COVID- 19, se estima que, aproximadamente, 522.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela estarán viviendo en Ecuador a diciembre de 2021.

De acuerdo con la información recogida por el Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020-2021, con base en el Registro Migratorio de Ciudadanos Venezolanos del Ministerio de Gobierno y el Sistema de Registro Biométrico para ciudadanos venezolanos, un 75,4% de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Ecuador pertenecen al grupo etario entre 18 a 55 años (grupo poblacional económicamente activo). En cuanto a nivel de educación, los ciudadanos venezolanos en el Ecuador han cursado nivel de primaria en un 15,2%; secundaria, 40,3%; escuela técnica, 9,3%; universidad, 29,50%; estudios de segundo nivel sin concluir, 2%. Esto se complementa con el hecho de que un 89% de los ciudadanos venezolanos registrados tienen intención de radicar de manera permanente (más de dos años) en Ecuador.

Durante el año 2020, el GTRM realizó dos rondas de Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA) para poder identificar las necesidades de los hogares venezolanos y las comunidades de acogida. La última evaluación (julio/agosto) mostró que la principal necesidad de la población venezolana es el acceso a los alimentos (30%), seguido de la falta de acceso a vivienda (27%), y el acceso a medios de vida (21%). Las dificultades para acceder a medios de vida afectan su capacidad para contar con ingresos que les permita cubrir necesidades básicas, y supone riesgos de protección. Al menos, un 42% de los venezolanos trabaja en el sector informal. El 36% de los venezolanos encuestados declaró no tener documentación, lo cual les coloca en una situación de alta vulnerabilidad que dificulta su integración socioeconómica y el acceso a servicios y derechos.

Este escenario complejo se ha agudizado como consecuencia de las medidas de confinamiento durante la pandemia por COVID-19, que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades a las que se enfrenta la población del sector informal, incluyendo familias en situación de movilidad humana, ante su limitado acceso al sistema de protección social y oportunidades para el empleo y la autosuficiencia. Estas personas se encuentran, en muchos casos, en condiciones de doble y triple vulnerabilidad por encontrarse de manera irregular, por la falta de redes locales, así como por verse afectados por actitudes xenófobas y discriminatorias. Estos elementos combinados hacen que las personas se vean obligadas a aceptar trabajos en el sector informal, especialmente inseguros y mal pagados, quedando, por lo tanto, muy expuestos a abusos que incluye la explotación laboral y sexual.

En Ecuador, como en otras partes del mundo, la movilidad humana es una realidad que forma parte de la configuración de su territorio y comunidades. Si a esto agregamos el enorme potencial que representa para el Ecuador, el perfil poblacional (edad, niveles de educación e intención de permanencia), podemos concluir que la movilidad humana, en especial, los flujos actuales de ciudadanos venezolanos, representa una importante oportunidad para el país. Con esta visión, el derecho al acceso a la protección social (que es un derecho por sí mismo), no está únicamente vinculado a los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana, sino que también es una herramienta para una efectiva inclusión social y económica, al reducir la dependencia de la ayuda humanitaria y evitar mecanismos negativos de supervivencia. Los refugiados y migrantes han demostrado ser una oportunidad para las comunidades de acogida, ya que contribuyen en los ámbitos económicos, sociales, culturales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) posiciona a la protección social como un derecho humano y la define como «el conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir pobreza, vulnerabilidad y exclusión social durante todo el ciclo de vida» (OIT, 2017). Esta visión implica una respuesta integral, por parte del Estado, a favor de toda la población, en especial de los grupos más vulnerables e, independientemente, de la existencia de un vínculo laboral. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la protección social es un elemento fundamental para mitigar y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y fomentar la inclusión social y equidad en el acceso a la salud y educación. De igual forma, la protección social puede ser una importante herramienta para promover la transformación productiva y la mejora de la productividad, por lo que contar con un sistema de protección social inclusivo y eficiente debe ser una de las prioridades centrales de los gobiernos y actores sociales.