Contexto operacional
En junio, Ecuador implementó cambios importantes en el ámbito legal y de políticas públicas que afectan a las comunidades desplazadas por la fuerza. En este mes, entró en vigor la Ley Nacional de Solidaridad, que establece un marco jurídico para la actuación del Estado en contextos de conflicto armado interno. La ley ordena la protección de la población civil, reafirma el respeto al Derecho Internacional Humanitario y aclara las obligaciones del Ejecutivo hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En el marco de esta ley, Ecuador estableció una nueva visa de tránsito obligatoria para personas nacionales de países que requieren visa, incluyendo Venezuela. Publicada tras un retraso en su implementación, la normativa exige que las solicitudes se presenten con al menos 20 días de anticipación. La visa permite un solo tránsito en un período de 30 días, y un segundo tránsito de retorno solo en circunstancias justificadas. Estos nuevos requisitos podrían representar barreras adicionales para las personas desplazadas por la fuerza, en particular para ciudadanos venezolanos que podrían no cumplir con los criterios formales y, en consecuencia, recurrir a pasos informales. Esto incrementa su exposición a riesgos, especialmente para mujeres y niñas. ACNUR continúa monitoreando la situación.
La violencia sigue siendo volátil en todo el país, aunque se ha intensificado en las últimas semanas. Recientemente, las Fuerzas Armadas desmantelaron varios campamentos de minería ilegal, lo que provocó enfrentamientos violentos, en especial en zonas como Esmeraldas y Buenos Aires (provincia de Imbabura), en el norte del país. También, la captura de Adolfo Macías, alias “Fito”, desató eventos violentos en la provincia de Manabí, incluyendo masacres. Las más recientes operaciones militares y policiales han revelado vínculos entre grupos delictivos organizados y algunas autoridades municipales, como en las ciudades de Manta y Durán. En esta última —una de las más violentas del país— la Policía intervino en la Agencia Municipal de Tránsito.
Como parte del Día Mundial del Refugiado 2025, ACNUR organizó una serie de eventos conmemorativos en todo el país para promover la inclusión, la solidaridad y la resiliencia de las personas desplazadas por la fuerza. En este marco, ACNUR presentó el Informe Nacional de Tendencias de Desplazamiento Forzado 2025, el cual reveló hallazgos clave: mayor movilidad regional, necesidades de protección cambiantes en puntos de tránsito y nuevos desafíos para la integración comunitaria. En ese sentido, ACNUR visitó varios medios de comunicación y compartió información más detallada, incluyendo cifras y la respuesta humanitaria.
Sin embargo, la capacidad de ACNUR para sostener los servicios de protección, mejorar las condiciones de acogida y responder a necesidades emergentes sigue viéndose gravemente limitada por la falta de financiamiento. El apoyo internacional es crucial para garantizar que la asistencia que salva vidas llegue a quienes más la necesitan.