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Contexto operacional
En 2024, Ecuador enfrentó desafíos significativos debido al aumento de la violencia, los impactos del cambio climático y un creciente flujo de personas desplazadas. Mientras el gobierno continuaba su respuesta al conflicto interno, incluyendo un estado de emergencia declarado y operaciones militares, el país lidiaba con la creciente presencia de grupos criminales. Esta violencia afectó no solo a personas ecuatorianas, sino también al creciente número de personas refugiadas y migrantes, particularmente provenientes de Colombia y Venezuela. A pesar de los esfuerzos por reducir el crimen y ofrecer estabilidad, las personas desplazadas y sus comunidades de acogida reportaron inseguridad continua, con muchos sufriendo de medios de vida interrumpidos y acceso limitado a mecanismos comunitarios y educación.
Las tendencias de desplazamiento en Ecuador han aumentado, con el número de solicitantes de asilo de Colombia aumentando dramáticamente. Solo en el primer trimestre de 2024, estas solicitudes se duplicaron en comparación con 2023, impulsadas por la intensificación de la violencia en Colombia, registrando el mayor número de solicitudes desde 2014 a final del año. Ecuador sigue siendo un refugio fundamental para quienes huyen del conflicto colombiano, así como para miles de venezolanos que esperan reconstruir sus vidas en el extranjero. Las solicitudes de asilo de venezolanos continuaron siendo significativas, subrayando el papel del país como uno de los principales destinos para refugiados en la región. Las necesidades de protección internacional en curso llevaron al gobierno a extender su proceso de regularización, permitiendo una mejor protección para personas refugiadas y migrantes.
El impacto del cambio climático también exacerbó los desafíos de desplazamiento y humanitarios en Ecuador.
Las fuertes lluvias e inundaciones severas afectaron a miles de personas, particularmente en las provincias de Esmeraldas y Guayas, donde miles de hogares y hectáreas de cultivos fueron destruidos. Además, una intensa ola de calor y sequía afectó la producción agrícola y el suministro de energía, provocando cortes de energía e interrupciones en los servicios básicos en la segunda mitad del año. Estos choques ambientales intensificaron la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas y sus comunidades de acogida y tensionaron la capacidad del país para responder eficazmente tanto a crisis humanas como ambientales.
En respuesta, ACNUR, en colaboración con las autoridades ecuatorianas y socios, trabajó incansablemente para brindar protección y apoyo a personas afectadas. Se entregó asistencia de emergencia, incluyendo albergue, a las personas más vulnerables, mientras continuaban los esfuerzos para mejorar los sistemas de asilo y regularizar a las personas en movilidad humana. Sin embargo, la inseguridad persistente, los desafíos ambientales y las incertidumbres políticas destacan la necesidad de un apoyo internacional sostenido para garantizar el respeto de derechos y necesidades de las personas desplazadas y sus comunidades de acogida.
De cara al futuro, los desafíos de seguridad, la crisis climática y el aumento del desplazamiento subrayan la urgencia de una respuesta internacional coordinada. A medida que Ecuador se prepara para sus elecciones de 2025, la situación sigue siendo fluida, con desplazamientos continuos, violencia e impactos climáticos que moldean el futuro de todas las personas. ACNUR sigue comprometido con apoyar al gobierno y a las comunidades, asegurando que las poblaciones desplazadas puedan encontrar estabilidad y soluciones frente a estos desafíos continuos.