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Contexto operacional
En octubre de 2024, Ecuador continuó siendo testigo de desplazamientos forzados hacia y a través del país, particularmente en las regiones a lo largo de la frontera norte y en los centros urbanos. Según cifras del Gobierno, al final de octubre más de 5.991 colombianos habían solicitado asilo, el número más alto desde 2017.
6.246 personas venezolanas solicitaron asilo entre enero y octubre de 2024. Este aumento sostenido en las solicitudes se da en medio de los resultados de las elecciones de julio de 2024, en la que una amplia cantidad de personas, que esperaban un resultado distinto, decidieron salir del país y buscar protección. Así, el gobieno reporta un estimado de 2.120 entradas y 2.904 salidas durante el período de reporte.
El proceso de regularización continúa en el país. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció las medidas adoptadas por Ecuador para abordar el flujo migratorio en la frontera norte, así como la implementación del proceso de regularización extraordinaria para los venezolanos. El 3 de octubre, el presidente Daniel Noboa declaró un estado de emergencia de 60 días en varias provincias, incluyendo Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y partes de Pichincha y Azuay. Esta medida se tomó en respuesta al aumento de la violencia y la presencia de grupos criminales organizados. El estado de emergencia incluye toques de queda y restricciones a la movilidad y la asamblea.
Ecuador ha estado experimentando una sequía severa, la peor en 60 años, lo que ha reducido drásticamente los niveles de agua en las represas hidroeléctricas. Como resultado, el gobierno impuso cortes de energía diarios de hasta 14 horas. Esto ha afectado significativamente la vida diaria y las actividades económicas en todo el país, incluyendo las actividades de ACNUR. Algunas citas para RSD y documentación fueron reprogramadas debido a los cortes de energía que impiden el uso de computadoras y sistemas para atender las necesidades de la población.
En octubre, ACNUR continuó trabajando con autoridades locales y nacionales, sociedad civil, socios, sector privado y actores de desarrollo, entre otros interesados, para ayudar a construir un mundo de posibilidades donde todas las personas se sientan seguras, incluidas y prósperas