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1. Introducción
La pandemia COVID-19, y las medidas tomadas por los gobiernos de todo el mundo en respuesta a ella, han generado efectos económicos y sociales muy adversos en la población. La CEPAL estima que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe (ALC) será de 5.3% en 2020, lo que hará que casi 30 millones de personas caigan en pobreza (CEPAL, 2020).
En este contexto, la protección social ha sido llamada a dar asistencia a la población. La cantidad de programas nuevos y de respuestas por parte de la protección social no tiene precedentes recientes: más de 180 países del mundo han implementado más de 850 respuestas a la pandemia a través de la protección social (Gentilini et al., 2020). El uso de los sistemas nacionales de protección social en respuesta a COVID-19 ocurre luego de varios años de generación de evidencia en el área de protección social reactiva ante emergencias y de respuestas de gobiernos y aliados a choques de gran escala, sobre todo a desastres de origen natural. En cuanto a la generación de evidencia, desde el año 2016 el Programa Mundial de Alimentos (WFP) realiza, junto con Oxford Policy Management (OPM), un estudio que incluye el marco teórico, dos revisiones de literatura (una para toda la región y la otra enfocada en el Caribe), doce casos de estudio (Belice, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, y Trinidad y Tobago) y dos informes con los principales hallazgos del estudio y recomendaciones. Otras agencias han realizado estudios sobre esta temática, contribuyendo a la generación de evidencia, entre las que se destaca el trabajo de UNICEF y del Banco Mundial. Además de los estudios, ha habido varios foros de conversación e intercambio de experiencias entre gobiernos y aliados, respecto de cómo preparar a los sistemas de protección para que sean más reactivos.
En cuanto a las experiencias anteriores a la pandemia actual, varios países de ALC han utilizado los sistemas de protección social para responder a desastres de origen natural. Entre ellos se destacan la respuesta de Ecuador al terremoto de 2016, la de Dominica al Huracán María de 2017, la de Perú a las inundaciones de 2017, y la de El Salvador a la sequía de 2018.
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, República Dominicana será uno de los pocos países de la región que no experimentará una contracción económica (CEPAL, 2020). Las estimaciones para 2020 prevén un crecimiento del PIB nulo (0%). Sin embargo, a medida que la pandemia avanza y las restricciones a la movilidad, el comercio y la producción se alargan, los efectos económicos pueden agravarse. La desaceleración de la economía global y las restricciones a la movilidad internacional presentan grandes riesgos para el país, dada la alta dependencia al turismo internacional, las remesas y las exportaciones. La crisis está impactando en el empleo tanto formal como informal, agudizando las vulnerabilidades pre-existentes. Según estimaciones del WFP (actualizadas a mayo de 2020), la crisis generada por el COVID-19 hará que la cifra de personas en inseguridad alimentaria severa ascienda a 802,752, lo que presenta aumento del 640%. Por otro lado, el estudio de FAO sobre sistemas alimentarios en República Dominicana, resalta el hecho de que durante los primeros meses de la pandemia (marzo-abril), la producción agrícola y pecuaria estaba garantizada (FAO, 2020). Sin embargo, estima que la producción dominicana en los siguientes meses disminuirá debido a (i) la limitada capacidad financiera de los productores, (ii) la limitada asistencia técnica y disminución de la mano de obra, especialmente la haitiana, (iii) el incremento del costo de producción por el aumento de los precios de bienes intermedios, el transporte y la mano de obra disponible.
La República Dominicana ha sido uno de los países de la región que más ha invertido en la preparación de su sistema de protección social para la respuesta a emergencias. A su vez, dicho sistema ha sido un elemento fundamental de la respuesta del gobierno a la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. Este reporte tiene como objetivo documentar esta experiencia para informar respuestas de protección social a crisis futuras e inversiones en la preparación de los sistemas de protección social para dichas respuestas, tanto en República Dominicana como en otros países. Esta documentación se enfoca en los programas de protección social no contributiva (asistencia social) y en particular en el programa temporal de emergencia durante el COVID-19, Quédate en Casa.
La próxima sección describe brevemente el sistema de protección social no-contributiva en República Dominicana. La sección 3 describe el rol de la protección social en respuesta a emergencias en el país. La sección 4 presenta la respuesta de protección social a la crisis derivada de la pandemia COVID-19 y la sección 5 presenta las principales lecciones y recomendaciones de política.