En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que “veinticinco años después de la guerra de los seis días de Kisangani (República Democrática del Congo), que causó la muerte de cientos de civiles y heridas a miles, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y, en su mayoría, reparación”.
El informe, titulado Is anyone moved by Congo’s pain? 25 years without justice for the six-day war in Kisangani, documenta que no ha habido ni una sola investigación penal ni juicio después del sangriento conflicto entre fuerzas de Ruanda y Uganda. Durante los combates en esta ciudad nororiental que comenzaron el 5 de junio de 2000, ambos ejércitos bombardearon de forma intensa e indiscriminada zonas civiles densamente pobladas, mataron intencionadamente a civiles, violaron a mujeres y saquearon casas.
Es totalmente inaceptable que, durante 25 años, ni una sola persona haya rendido cuentas de los crímenes perpetrados en Kisangani, ni una.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
Dado que los tribunales de la República Democrática del Congo (RDC) no hicieron justicia y que la Corte Penal Internacional (CPI) carece de jurisdicción sobre los crímenes cometidos en la RDC antes de 2002, los presuntos responsables penales de estos crímenes nunca han sido enjuiciados ni castigados.
“Es totalmente inaceptable que, durante 25 años, ni una sola persona haya rendido cuentas de los crímenes perpetrados en Kisangani, ni una”, señala Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. “Esta ausencia de rendición de cuentas por los crímenes cometidos ha desembocado en un ciclo de violencia en la RDC con actores similares, armas similares y un sufrimiento similar. La justicia no puede esperar otros 25 años. Es responsabilidad de las autoridades judiciales congoleñas investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesar a los presuntos responsables penales de delitos cometidos en territorio de la RDC”.
En 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Uganda el pago de indemnizaciones después de que la RDC demandase ante la Corte a Uganda y a Ruanda. La CIJ no tenía jurisdicción sobre Ruanda. En 2024, algunas víctimas comenzaron a recibir, por fin, una indemnización, pero el proceso está empañado por quejas de mala gestión y malversación.
Amnistía Internacional entrevistó a más de 50 personas, sobrevivientes en su mayoría, así como a organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del sector de la justicia.
Las “guerras de los tres días, un día y seis días” de Kisangani
La guerra de los seis días fue parte de una serie de conflictos entre los ejércitos de Uganda y Ruanda que tuvieron lugar en Kisangani entre agosto de 1999 y junio de 2000 y que dejaron tras de sí un rastro de muerte y destrucción.
La primera guerra —”la guerra de los tres días”— comenzó el 14 de junio de 1999, y los dos ejércitos intercambiaron fuego y bombardeos indiscriminados que causaron la muerte de más de 30 civiles y heridas a más de 100.
Tras casi un año de tranquilidad relativa, el 5 de mayo de 2000 se reanudaron los combates, que duraron sólo un día. Exactamente un mes después, empezó “la guerra de los seis días”, que fue mucho más intensa. Sin distinguir entre civiles y combatientes, los dos ejércitos bombardearon indiscriminadamente Kisangani y causaron la muerte de varios centenares de civiles y heridas a miles.
Un activista de la sociedad civil que sobrevivió e informó sobre las tres guerras de Kisangani, recordaba:
“Durante seis días sólo caían bombas, no sabíamos si íbamos a vivir. Hubo muchas víctimas mortales…”
Una mujer que tenía siete años en aquel momento, dijo:
“Iba caminando con mi abuela cuando una bomba me hirió en la pierna. No sabía cómo llegar a un hospital, era peligroso, así que nos ocupamos de la herida en casa, pero el pie se estaba pudriendo. Al quinto día fui al hospital, pero era demasiado tarde, me cortaron la pierna”.
Durante seis días sólo caían bombas, no sabíamos si íbamos a vivir. Hubo muchas víctimas mortales.
Sobreviviente, Kisangani
“Un hombre que no pudo ir a casa hasta que terminó la guerra volvió al cabo de los seis días y encontró muertos a su esposa y tres hijos, los cadáveres descomponiéndose. La casa había sido alcanzada por las bombas. ‘Se volvió loco y murió poco después’.”
La población quiere verdad, justicia y reparación
Pese a la ausencia de actuaciones penales judiciales en la RDC y en el ámbito internacional, la población sigue reclamando con fuerza justicia y reparación décadas después.
Un hombre, que también sobrevivió a las guerras, dijo: “Mi mayor deseo era el establecimiento de tribunales. Ese es el deseo del pueblo congoleño. Ahora sentimos frustración en la población. ¿Por qué hubo obstrucciones? No está claro por qué no se han juzgado unos crímenes que ya están documentados. ¿No hay nadie a quien conmuevan los crímenes cometidos en Congo?”
Al menos 40 personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que no había voluntad política de iniciar actuaciones penales o de hacer justicia. La ausencia de independencia judicial también ha hecho que, sin el apoyo de dirigentes políticos —algunos de los cuales pertenecieron a las partes beligerantes—, las autoridades judiciales no puedan abrir investigaciones.
La ausencia total de enjuiciamientos ha causado la pérdida de confianza en el sistema de justicia y el gobierno del país.
En cuanto a programas de reparación, se ha criticado al Fondo Especial para la Distribución de Indemnizaciones a Víctimas de las Actividades Ilícitas de Uganda en la RDC (FRIVAO), encargado de gestionar los millones de dólares que la CIJ ha ordenado a Uganda que pague en concepto de indemnización, por falta de transparencia y de consultas adecuadas con las víctimas de las guerras de Kisangani.
La justicia no puede esperar otros 25 años. Es responsabilidad de las autoridades judiciales congoleñas investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesar a los presuntos responsables penales de delitos cometidos en territorio de la RDC.
Tigere Chagutah
Un activista manifestó: “Son unos sinvergüenzas; ha habido derramamiento de sangre… ¡y están malversando fondos destinados a obras de interés público y a las víctimas! Eso no es por lo que hemos luchado”.
Tigere Chagutah declaró: “Amnistía Internacional recuerda a la RDC su obligación de investigar y, si se encuentra pruebas admisibles suficientes, procesar en juicios justos a los presuntos responsables penales de los graves crímenes cometidos en el territorio de la RDC desde hace más de 30 años, incluida la guerra de Kisangani”.
“El gobierno debe ofrecer también una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas tras una consulta real con las personas sobrevivientes y la sociedad civil”.