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DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COSTA RICA
Logros del ACNUR en 2024
NTRODUCCIÓN
Karla es una mujer nicaragüense refugiada en Costa Rica. Mediante sus conocimientos en estudios sociales, de la mano con su fe católica, Karla asiste a personas en situación de calle, brindándoles apoyo para que vivan dignamente y fuerza para salir adelante. Así, transformó su historia, en principio triste, mediante su altruismo, en alegría, y ahora es una portadora de esperanza en esta, su nueva casa.
Costa Rica mantiene una perspectiva de ‘puertas abiertas’ y una tradición estatal de promover y respetar los derechos humanos. Esto, de la mano con un panorama político, económico y social positivo, implica condiciones favorables para la acogida de personas con necesidades de protección internacional, principalmente personas refugiadas y solicitantes de asilo de Nicaragua, un país con el que Costa Rica comparte lazos históricos, culturales y sociales y cuya llegada incrementó desde 2018 - y continúa.
A pesar de este panorama favorable, y de que el marco legal costarricense contempla la inclusión de estas personas en los programas de protección social, existen desafíos para cubrir las necesidades y apoyar la integración de un número creciente de personas que continúan llegando y permanecen en el país. En este sentido, la documentación que reconoce a las personas desplazadas por la fuerza como personas refugiadas y apátridas es la condición que les permite gozar de sus derechos como vivienda, trabajo, salud y protección social, y se posibilita mediante un sistema de asilo justo, accesible y eficiente.
En términos sociales, la inclusión pasa por el reconocimiento del aporte cultural y económico de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, entendiendo las oportunidades que representa acogerles e integrarles: según un estudio del Fondo Monetario Internacional, el trabajo de las personas extranjeras a la economía nacional representa un aumento de entre 2.2 y 2.4% del PIB de Costa Rica; asimismo, los aportes de aquellos en el mercado laboral formal superan los costos de recibirlos en el esquema de seguridad social del país.
Aun ante estas evidencias, algunas tendencias recientes como los retos en seguridad ciudadana y la reducción de los presupuestos públicos destinados a inversión social podrían causar tensiones sociales y alentar narrativas desfavorables e incluso xenofobia en contra de la población extranjera.
A estos retos de integración se suman aquellos que resultan en un incremento sin precedentes del tránsito de personas refugiadas y migrantes que pasan por Costa Rica en busca de mejores oportunidades en terceros países. Costa Rica enfrenta el desafío de asegurar mínimos humanitarios para estas personas en este punto de su trayecto, razón por la cual el gobierno nacional emitió un decreto de emergencia en septiembre 2023.
El gobierno de Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes por asegurar la protección y el respeto de los derechos de las personas refugiadas, tanto para aquellas en tránsito como para quienes permanecen en el país. Así, ante las capacidades de acogida distintas entre distintas regiones del país, ha sido necesario que la comunidad internacional complemente estos esfuerzos para asegurar sostenibilidad en la acogida de personas desplazadas por la fuerza.
ACNUR busca, en últimas, catalizar esfuerzos de múltiples actores para asegurar el ejercicio de derechos y la inclusión de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras en necesidad de protección internacional. Esto incluye reforzar capacidades de las comunidades para conocer, acceder y proteger sus derechos y para potenciar y desarrollar sus habilidades y contribuciones. Igualmente, ACNUR complementa los esfuerzos institucionales de cara a asegurar el acceso de personas refugiadas y apátridas a servicios y derechos; y responder eficaz y coordinadamente ante situaciones de emergencia que les afecten, de modo que las personas desplazadas por la fuerza puedan transitar o integrarse en Costa Rica en condiciones dignas y seguras.