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Justificación

Este documento de referencia provee un marco general para estimular la discusión en la preparación de la Cumbre Mundial Humanitaria (WHS), consulta regional para América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Ciudad de Guatemala, del 5 al 7 de mayo de 2015.
La consulta proveerá de perspectivas y recomendaciones sobre la atención de las necesidades de personas en conflicto para diferentes actores, tomando como referencia el caso de Colombia.

El conflicto en Colombia y sus consecuencias humanitarias

Colombia se enfrenta a necesidades humanitarias persistentes como resultado del impacto del conflicto y la violencia armada, sumado a desastres naturales en determinadas zonas. Mientras el conflicto armado sigue entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP y el ELN, otras fuentes de violencia, como los grupos armados postdesmovilización (GAPD), plantean importantes desafíos humanitarios y de protección.

Según datos oficiales, entre 1985 y 2015 el conflicto armado ha provocado el desplazamiento de más de 6 millones de personas, lo que equivale al 14 por ciento de la población del país1. Además, en ese periodo más de 150,000 personas han sido víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada; 38,000 de secuestro y 12,000 personas han sido víctimas de minas antipersonal2.

Desde noviembre 2012 el Gobierno colombiano adelanta unas conversaciones de paz con las FARC-EP, uno de los principales actores del conflicto. Este proceso es una oportunidad histórica para poner fin a una de las fuentes de violencia y afectación humanitaria en el país. No obstante, aun si se logra un acuerdo con ese grupo, persistirían otros actores generadores de violencia, como el ELN, el EPL y los grupos armados postdesmovilización.

En los dos primeros años de las negociaciones de paz, según cifras oficiales, fueron desplazadas al menos 427.795 personas, los que significa que cada mes fueron obligadas a desplazarse cerca de 16.454 personas. En este mismo período se registraron 713 víctimas de minas antipersonal, es decir que cada mes al menos 27 colombianos se convierten en nuevas víctimas de estos artefactos. De igual forma, durante las negociaciones de paz se siguen reportando casos de uso y reclutamiento de niños, violencia sexual, secuestro, extorsiones y homicidios que afectan la vida normal de comunidades enteras y generan necesidades humanitarias y de protección3. A pesar de las esperanzas puestas en el proceso de paz y de las mejorías en algunos indicadores, el conflicto y la violencia continúan y afectan de manera desproporcionada comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a mujeres y niños, niñas y adolescentes.