El reclutamiento forzado, la violencia sexual y el control social, económico y territorial, son algunas de las formas invisibles de violencia que hacen difícil identificar el impacto humanitario de la violencia en Medellín.
A esa conclusión llegó el estudio “Acción Humanitaria y violencia urbana en Medellín”, realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y el proyecto de investigación independiente, con sede en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, HASOW.
En el trabajo de campo, los investigadores establecieron además que la invisibilización de la violencia en Medellín está aunada a dificultades como el subregistro de casos y a las deficiencias en la medición, que suele centrarse en la tasa de homicidios relegando el impacto de las violencias no letales.
Retomando cifras de la Personería Municipal, se documentó que en el año 2012 “la ciudad presentó una tasa de 52 homicidios por 100 mil habitantes, que en promedio representa 3 homicidios por día. También, se hicieron 2.546 registros de desplazamiento forzado intraurbano, 60 líderes sociales fueron amenazados y hubo una amenaza colectiva contra 67 artistas. Y en los últimos tres años, se reportaron 1.872 personas desparecidas, de las cuales se presume 48 corresponden a desaparición forzada.”
Partiendo de estos impactos humanitarios, ocasionados por violencias letales y no letales, se estableció que la violencia en la capital antioqueña alcanza los niveles de intensidad de un conflicto armado, en cuanto a la frecuencia y la gravedad de las victimizaciones. Sin embargo, se aclaró que el caso de Medellín no puede catalogarse como un conflicto armado, porque la violencia no tiene los niveles de organización de los conflictos convencionales.
Lo anterior se explica en el elevado número de agrupaciones armadas ilegales, unos 300 entre combos, bandas y oficinas de cobro, según estableció la investigación. Esto hace que la violencia no esté tan regula y que los grupos no estén organizados como en los conflictos convencionales; en el caso colombiano la confrontación entre insurgencia y Estado.
En este contexto, la ciudad de Medellín llama la atención de las agencias humanitarias que en los últimos años “han iniciado intervenciones en contextos urbanos que presentan una compleja combinación de tipos de violencia, con motivaciones políticas, económicas y sociales, que no encajan dentro los criterios establecidos para definir un “conflicto armado”. Pero –que-por sus dramáticos impactos humanitarios, requieren de intervención humanitaria cuando el aparato estatal es deficiente o insuficiente para proteger a los ciudadanos de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH por parte de agentes armados –estatales y no estatales-”, indicó un comunicado de la investigación.
De ese interés, en torno al futuro de la acción humanitaria en ciudades con altos niveles de inseguridad y violencia, se desprende la intención principal del estudio de documentar la forma cómo las agencias humanitarias están respondiendo a los contextos de violencia urbana o a las denominadas “otras situaciones de violencia”.
La capital antioqueña fue seleccionada porque constituye un referente para intervenciones similares que están siendo desarrolladas en otros países de América Latina y el Caribe, como Ciudad Juárez (México), Puerto Príncipe (Haití) y Rio de Janeiro (Brasil).
En entrevista con la agencia de prensa del IPC, Claudia Navas Caputo, investigadora del CERAC, habló sobre las particularidades de la violencia y su invisibilización en Medellín, y sobre cómo este contexto puede incidir en las estrategias de atención humanitaria en América Latina. Ver: El futuro de la acción humanitaria podría decidirse en América Latina.
¿Por qué se concluye que se ha invisibilizado la violencia en Medellín?
En el desarrollo del trabajo de campo al entrevistar a personas de organizaciones sociales, a líderes comunitarios y a personas que están en contacto directo con las comunidades, nos hicieron ver que hay unas formas de violencia que por lo general no son tomadas como indicador para las autoridades a la hora de llevar a cabo estrategias de prevención o de reducción de violencia.
Entonces, por lo general las autoridades se fijan en los niveles de homicidios y la situación más fuerte es cuando se elevan los homicidios. Sin embargo con otras formas de violencia como la extorsión, la violencia sexual, el control social, político y económico, las autoridades desconocen el tema o no saben cómo manejarlo, o simplemente no están interesadas en afrontarlo.
Esas diferentes formas de violencia, que de hecho son las que usan los grupos armados de Medellín de manera prioritaria, precisamente para controlar a la población, son las que más afectan humanitariamente a las comunidades; en términos de acceder a educación, acceder a servicios de salud o circular libremente por los barrios de sus comunas. Entonces vimos que todas esas formas de victimización aún se desconocen o son poco atendidas por las autoridades locales.
Desde ese punto de vista, ¿cuál responsabilidad tienen el Estado y las autoridades locales en esa invisibilización de la violencia en Medellín?
Por un lado, hay un problema grave de monitoreo que hasta ahora las autoridades han empezado a trabajar y a ponerle cuidado. Digamos el SISC –Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia- ha venido registrando de manera más juiciosa el tema del desplazamiento forzado, aunque hay otras entidades que registran mucho mejor este tipo de violencias. También está trabajando mucho el tema de balas perdidas y violencia sexual. Sin embargo hay como una desconexión de todas las fuentes de información que pueden indicar cuál es la situación real de estas formas de violencia en Medellín. Entonces creo que es un poco de descoordinación y de falta de monitoreo de este tipo de violencias.
También falta cambiar la forma de atender el problema, no sólo atender con estrategias policivas sino también de prevención, como en el caso del reclutamiento forzado, prevenir que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas, prevenir la violencia en las escuelas, es decir, otro tipo de estrategias que no involucren el uso de la fuerza policiaca o militar, que tradicionalmente han aplicado las autoridades. Diría que esas son las dos principales falencias.
Esa invisibilización de la violencia, ¿cómo afecta a la población de Medellín?
Está afectando de muchas maneras. Las extorsiones son generalizadas, están extorsionando al comercio, a las pequeñas tiendas y eso obviamente afecta la economía familiar y el comercio. Jorge Giraldo, en un estudio que hizo sobre el control de las marcas de productos en las tiendas de barrio, mostró como se afecta la economía familiar porque, digamos, los combos obligan a las familias a movilizarse a una tienda específica y a comprar una marca específica de arepas.
Afecta también en la libre expresión de las comunidades. Las amenazas contra los artistas y los raperos erosionan la capacidad de las comunidades de resistir a la violencia. Todas las amenazas a los líderes comunitarios, a las madres, todo eso está afectando gravemente la manera como las comunidades resisten y proponen alternativas a las actividades que desarrollan los grupos armados. Entonces hay muchas formas de la vida cotidiana que se ven afectadas pero que todavía falta conocer mucho más.
Hay un estudio muy interesante que hizo el Observatorio de Seguridad Humana, que hace una recopilación de como el control social, territorial y económico, que son formas de violencia invisible, afecta en la vida cotidiana a las personas.
En el estudio se indica que el caso de Medellín no se puede catalogar propiamente como un conflicto armado, porque alcanza los estándares de intensidad pero no de organización de la violencia. ¿Eso cómo afecta la atención humanitaria?
Lo que presentábamos, revisando la experiencia del CICR en Medellín, es que si bien los niveles de intensidad del conflicto en Medellín pueden ser equiparables a los de un conflicto armado en cualquier parte del mundo, es muy difícil abordar un contexto como estos, en términos humanitarios, porque no hay una forma fácil de abordar a los grupos armados.
Por lo general estas agencias desarrollan estrategias que son exclusivas, por ejemplo actividades exclusivas de interlocución con los grupos armados, tratar de hacerles cumplir el Derecho Internacional Humanitario, que respeten espacios como las escuelas, los centros de salud, las zonas de recreación de los niños, todas estas reglas que el CICR aplica y trata de promover en los grupos armados.
Eso es muy difícil con grupos como los de Medellín, principalmente porque son muchos, más o menos 300, aunque las estadísticas varían de cada lado. ¿Cómo hacer una interlocución con tal cantidad de grupos con una alta volatilidad? Porque las alianzas son muy intermitentes, de repente un combo está aliado con otro y por conveniencia, como que una organización más grande les ofrezca armas y dinero, se genera una disputa con el otro combo –antes aliado-.
Este tipo de alianzas y disputas complican mucho una interlocución humanitaria y el cumplimiento de los estándares internacionales, sobre todo porque estos grupos tienen una motivación criminal mucho más fuerte que cualquier otro grupo armado, precisamente debido a los delitos que cometen en la ciudad.
Pese a que ejercen efectivamente formas de violencia política, sus patrones de actividad violenta son mucho más orientados a controlar formas lucrativas ilícitas, como los juegos de azar, la prostitución, la trata de personas, el tráfico de armas, todos esos crímenes que son muy lucrativos para las organizaciones delincuenciales.
¿Esta situación hace que sea más difícil solucionar este tipo de conflictos?
Claro, porque hay una combinación de formas de violencia muy complejas. Hay formas de violencia política que se ven en como los grupos armados tratan de intervenir en las juntas de acción comunal, de restringir las reuniones de sindicatos o de personas que estén en contra de sus actividades. Esas son formas de violencia política que podrían entenderse como las que se dan en un conflicto armado.
Pero también hay formas de violencia criminal que son mucho más fuertes y grandes que ellos mismos –los combos-, porque están ligadas a organizaciones criminales del orden nacional, digamos “Los Urabeños”. La entrada de esa banda criminal a Medellín supuso una cosa muy fuerte en la ciudad y los combos empezaron a aliarse a Los Urabeños como una forma de obtener protección y de cierta manera también impunidad, por las grandes alianzas de ese grupo con los sectores de justicia y de policía en la ciudad e incluso a nivel nacional.
Entonces estas formas de violencia criminal se mezclan con formas de violencia política y también con formas de violencia social. Es bastante complejo abordar un contexto así donde no está claro ¿Quién está del lado de qué?
En un contexto como este, ¿Por qué se destaca la atención humanitaria?
Hay que destacar las actividades que está desarrollando el CICR en Medellín, que digamos va a ser un precedente muy importante para lo que puede venir en sus intervenciones en América Latina. Me parece muy importante que Medellín sea visibilizada como una ciudad que tiene unas necesidades humanitarias muy grandes.
También que otras agencias, como Médicos sin Fronteras, presten servicios humanitarios en ciudades como Medellín e incluso ya estén empezando a hacer intervenciones exploratorias en Rio de Janeiro, Brasil; y en Puerto Príncipe, Haití.
En Centro América valdría la pena mirar cómo están manejando estas agencias su intervención en contextos donde hay una guerra de pandillas muy fuertes. De ahí se pueden rescatar prácticas muy importantes para ciudades de Colombia y de otros países.
¿Podríamos concluir que en Medellín se necesita visibilizar más la violencia y atenderla con más acciones humanitarias?
Sin duda. Y sobre todo en términos de asistencia humanitaria, evidentemente hay que proveer recursos y protección a personas víctimas de amenazas, porque ese tipo de actividades son muy importantes, pero creo que lo que más puede aportar, y en lo que está encaminado el CICR, es la prevención. O sea, enfocar mucho más las actividades en términos de prevención de la violencia, precisamente en el tema de trabajar en las escuelas, trabajar con los artistas y con los líderes, que son enclaves muy importantes en las comunidades para aumentar la resistencia contra la violencia.
Entonces, se requiere un trabajo muy importante de prevención más que de actividades represivas de los organismos estatales.