En doce municipios de Chocó, y en Buenaventura, Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas coordina la atención humanitaria a sobrevivientes del conflicto, pese a los inconvenientes. Acciones de la guerrilla del ELN y de bandas delincuenciales agravan la situación.
BOGOTÁ, D.C.
En los últimos tres años, la Unidad para las Víctimas coordina la atención de las emergencias humanitarias que afectaron a 31.834 personas de 8.327 familias, y alrededor de 182 comunidades afro e indígenas, en doce municipios del departamento de Chocó y en Buenaventura, Valle del Cauca.
Dichas poblaciones han sido de las más afectadas en el país durante los años 2015, 2016 y 2017, por situaciones humanitarias críticas originadas por desplazamientos forzados, confinamientos y otras restricciones, generadas por hechos violentos cometidos por grupos armados ilegales que aún permanecen en esas regiones.
Aunque el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC firmaron un Acuerdo de Paz, en la zona colombiana colindante con el océano Pacífico, donde están ubicados Chocó y Valle, aún actúan la guerrilla del ELN y bandas criminales como las denominadas Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas.
Las amenazas, intimidaciones, enfrentamientos armados, homicidios y otras acciones armadas de esas agrupaciones son los motivos por los que las familias y comunidades han decidido abandonar el sitio donde vivían cotidianamente o han quedado confinadas sin poder entrar alimentos o desarrollar actividades diarias.
El balance ha sido presentado por voceros de la Unidad para las Víctimas en reuniones a las que acudieron también representantes de diversas entidades estatales que también hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (SNARIV).
En Chocó sucedieron 17 del total de las 31 emergencias humanitarias masivas que se han registrado durante el presente año en cinco departamentos. Los otros son Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Más de 1.500 hogares chocoanos han sido afectados por esta situación.
En 2017, en el Chocó se han visto afectadas 44 comunidades en ocho municipios, así: por desplazamiento, 10 comunidades en Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral de San Juan y Lloró. Por restricción y confinamiento, 34 comunidades en Alto Baudó, Litoral de San Juan, Lloró y Riosucio.
En Buenaventura, en 2017, una comunidad ha sido afectada por desplazamiento y dos por confinamientos y restricciones.
Entre las labores que realiza la Unidad para las Víctimas están: monitoreo y seguimiento a situaciones de riesgo; incide en la convocatoria y las decisiones de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), que son la máxima instancia en municipios y departamentos para la atención de las víctimas; y coordina la atención de la población afectada.
Además, la Unidad coordina la respuesta oportuna a las víctimas; asesora en la formulación, aprobación e implementación de planes de contingencia humanitarios y acompaña misiones humanitarias de verificación, seguimiento y/o atención coordinadas con las administraciones municipales y departamentales.
En desarrollo de esas labores, la entidad, a través de la Subdirección de Prevención de Emergencias Humanitarias, ha entregado en Chocó 5.914 kits de ayuda humanitaria en 2016 y 2017.
También, entregó ocho proyectos para fortalecer la capacidad instalada de la infraestructura social y comunitaria en ese departamento y tiene cuatro en ejecución; actualizó la guía metodológica para la elaboración de planes de contingencia humanitaria y prestó asistencia técnica para el desarrollo de dichos planes en 23 municipios chocoanos.
En los últimos tres años, la Unidad apoyó a ocho municipios de Chocó y a Buenaventura (Valle del Cauca), con materiales para la construcción de infraestructura para la atención de posibles desplazamientos, por un valor cercano a los 3.000 millones de pesos ($2.733.187.032).
La Unidad para las Víctimas advirtió sobre zonas con limitación en la cobertura de telefonía celular, lo que impide conocer de manera oportuna los eventos de emergencia. Además, el que no se cuenta con comunicación satelital. Los municipios no cuentan con disponibilidad de recursos para cubrir el componente alimentario con elementos perecederos que complementen la carga nutricional, y no hay disponibilidad de agua potable en los albergues temporales.