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En Colombia, las tasas de deforestación están aumentando, luego de los tropiezos de las negociaciones del gobierno con la guerrilla que controla franjas de la Amazonía. La mejor forma de evitar que más árboles sigan siendo talados es reanudar los diálogos, pero Bogotá también debe reafirmar la autoridad estatal en estas zonas remotas.
¿Qué hay de nuevo? El gobierno colombiano ha hecho de la protección ambiental una prioridad. Pero el control que ejercen los grupos armados sobre grandes extensiones de la amenazada selva amazónica ha dificultado la materialización de ese objetivo. Un grupo en particular, el Estado Mayor Central o EMC, ha demostrado que tiene el poder de frenar o acelerar la deforestación cuando así lo decide.
¿Por qué importa? El creciente control de los grupos armados sobre la Amazonía colombiana ha puesto aún más en peligro la integridad de una selva que desempeña un papel esencial en el clima del planeta. Las personas que viven bajo el yugo de estos grupos han quedado expuestas a los caprichos de los criminales decididos a expandir sus negocios ilícitos a toda costa.
¿Qué se debe hacer? El gobierno colombiano debe continuar negociando con los grupos armados y buscar formas para detener la deforestación. Pero también debe afirmar su autoridad sobre la Amazonía mediante la creación de programas de desarrollo que fomenten ocupaciones económicas que sean ambientalmente sostenibles, con esfuerzos por combatir a los grandes infractores ambientales y mejor coordinación de las políticas de seguridad, paz y medio ambiente.
I.Panorama general
El presidente colombiano Gustavo Petro ha puesto la protección ambiental en el centro de su agenda de gobierno, pero la influencia de los grupos armados sobre la Amazonía ha complicado su propósito de detener la deforestación. Algunas zonas remotas de la Amazonía colombiana, donde la presencia estatal ha sido débil desde hace mucho tiempo, están bajo el control del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en su mayoría se desmovilizó a partir de 2016. Desde el comienzo de la administración Petro, esta facción guerrillera demostró su poder para detener la tala de bosques, utilizándolo como un gesto de buena voluntad durante las incipientes negociaciones con funcionarios estatales. Pero los tropiezos de estas negociaciones y las luchas internas del EMC han disparado de nuevo las tasas de deforestación. Bogotá debe fortalecer tanto los esfuerzos por sentar a todos los grupos armados del país a la mesa de negociaciones, como su promesa de invertir en las zonas rurales con una estrategia de seguridad sólida y cuidadosamente diseñada que proteja la Amazonía y a sus habitantes antes de que se produzcan más daños ambientales que sean irreversibles.
Las tasas de deforestación en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, han aumentado en gran medida durante la última década. Históricamente, las FARC habían velado por la protección de los bosques, los cuales servían para ocultar sus movimientos de la vigilancia aérea estatal; dos años después de que la guerrilla iniciara conversaciones con el Estado colombiano en 2012, la praderización de tierras se aceleró. Los efectos en el país han sido alarmantes, entre otras cosas en términos de pérdida de hábitat, disminución de la variedad de especies y desestabilización climática. Las consecuencias de la deforestación masiva también resuenan mucho más allá de Colombia. La Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, es un importante sumidero de carbono, que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico y resulta esencial para contener el cambio climático. Junto con la tala en Brasil, Perú y otros países amazónicos, la deforestación de Colombia pone en riesgo la estabilidad ambiental del planeta y disponibilidad de recursos hídricos de toda la región. También ofrece oportunidades a los grupos criminales para aprovecharse de las tierras recién taladas y de las comunidades cercanas.
Uno de estos grupos es el EMC, que surgió en 2016, cuando los comandantes de los frentes Primero y Séptimo de las FARC anunciaron que no serían parte de los compromisos asumidos en las negociaciones de paz en La Habana y dejarían de seguir las órdenes del comando central de las FARC. El grupo se fusionó en torno a la dirección de estos dos frentes, con base en el departamento amazónico del Guaviare, y pasó a ser conocido por su nombre actual alrededor de 2021. El grado de control de esta organización sobre la Amazonía colombiana y el notable crecimiento del grupo se hizo visible a finales de 2022, cuando anunció estrictos límites a la tala y praderización de tierras y amenazó a los residentes que desobedecieran estas órdenes con multas y trabajos comunitarios. Como resultado, la deforestación se redujo en un 51 por ciento en las zonas de la Amazonía controladas por el EMC (y aproximadamente en una tercera parte a nivel nacional) entre 2022 y 2023. Estos resultados generaron cierto grado de reconocimiento hacia el grupo armado en los círculos gubernamentales por su aparente buena voluntad. También parecían augurar un buen futuro para las ambiciones ambientales de Petro y para su política de “paz total”, que busca negociar con todos los grupos armados y criminales del país.
En medio de las crecientes tensiones en las conversaciones [con el EMC], a finales de 2023, los comandantes del grupo relajaron las restricciones a la tala de árboles.
Sin embargo, las conversaciones con el EMC han encontrado varios obstáculos y los avances hacia una mayor protección ambiental se han estancado. En medio de las crecientes tensiones en las conversaciones, a finales de 2023, los comandantes del grupo relajaron las restricciones a la tala de árboles en las regiones bajo su control, como Guaviare, Meta y Caquetá. Las divisiones internas en el EMC llevaron a una ruptura formal, anunciada en abril de 2024: sólo una parte minoritaria de los frentes, los liderados por Alexander Díaz (en adelante llamado por su alias Calarcá), permanecen en la mesa de negociaciones, mientras que los liderados por Néstor Gregorio Vera (alias Iván Mordisco) han retomado su lucha contra el Estado en todo el país.
Las tensas negociaciones no son la única preocupación de Bogotá. Las tasas de deforestación parecen haber aumentado drásticamente en el primer semestre de 2024, y pueden empeorar con la llegada de la temporada tradicional de tala de bosques en octubre. Mientras tanto, el grupo armado ha prohibido el ingreso de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales a las áreas protegidas de la Amazonía bajo su control.
Las autoridades colombianas están luchando por responder a estos reveses y entrelazar sus objetivos comunes de protección ambiental y paz. En el futuro inmediato, las negociaciones con el EMC pueden ser la mejor, y posiblemente la única, manera de reducir la deforestación en las regiones amazónicas del país. Pero a largo plazo, el Estado tendrá que diseñar una estrategia de seguridad que frene la destrucción ambiental y proporcione protección y servicios estatales a las personas que hoy viven bajo la asfixiante presión de los grupos armados. El gobierno colombiano tiene una oportunidad única para ayudar a diseñar un conjunto de políticas que vinculen el medio ambiente, la consolidación de la paz y el intento por consolidar la autoridad estatal en todo el país. El precio de no hacerlo lo pagarán la selva y sus habitantes más vulnerables.