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2. Justificación
2.1. Justificación
Actualmente, según el Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias de OCHA (PRPC), Colombia enfrenta una crisis humanitaria multidimensional causada por la prevalencia del conflicto armado, de los flujos migratorios mixtos y de los desastres causados por variabilidad climática. En múltiples territorios del país, estos fenómenos convergen causando dobles o triples afectaciones en las poblaciones, por ejemplo, zonas con alto flujo de migración en las que, paralelamente, hay control o disputa territorial de grupos armados no estatales (GANE). Para estos territorios, también se ha identificado la prevalencia de vulnerabilidad económica1 por estar ubicadas, generalmente, en áreas rurales dispersas o en municipios con altas tasas de informalidad laboral. La convergencia de estos factores limita la movilidad y el acceso a productos básicos generando entornos de riesgo en los que las personas no solo pierden su seguridad y sus medios de vida, sino que también son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Además, según datos de la Evaluación de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (WFP), los hogares afectados ya sea por conflictos/violencia o eventos climáticos y desastres naturales se ven más expuestos y tienen una mayor probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria.
Con base en este contexto, desde Save the Children, el Grupo de Transferencias Monetarias (GTM) e IMPACT-REACH se han planteado la realización de una evaluación de factibilidad de intervenciones en efectivo en zonas con este tipo de características, para la implementación de proyectos enfocados en seguridad alimentaria. Para esto, se priorizaron tres municipios: Arauca (Arauca), Buenaventura (Valle del Cauca) y Maicao (La Guajira).
Las evaluaciones de factibilidad, según la CALP Network3, hacen parte del análisis de la respuesta, es decir de la fase de preparación previa a la implementación de intervenciones basadas en efectivo (CVA). De esta forma, en las evaluaciones de factibilidad, se tiene en cuenta el acceso a los mercados, la disponibilidad de proveedores de servicios financieros (PSF) y la aceptación de la comunidad. Estas condiciones determinan si la implementación de CVA representa un riesgo para las poblaciones afectadas por una crisis. Por ejemplo, si los mercados no tienen la capacidad para atender a las personas que reciben dinero en efectivo, se estaría socavando la economía local. También, si las poblaciones no pueden hacer uso del CVA de manera segura ni acceder a proveedores de servicios financieros (PSF) confiables, podrían amplificarse los riesgos de protección, desencadenando en programas con posibles impactos negativos. Además, un análisis de factibilidad puede determinar si el CVA es la opción más costo-eficiente para las organizaciones en comparación con intervenciones basadas en bienes o servicios. Por último, el componente de aceptación comunitaria define si la forma de incidir en las poblaciones es la que ellos prefieren, es decir, permite poner a las comunidades en el centro de la respuesta.