DATOS CLAVES
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Desde el 4 de septiembre y hasta el 28 de octubre, aproximadamente 3.051 personas de 15 comunidades indígenas y afrocolombianas de la cuenca de los ríos Truandó y Salaquí en el municipio de Riosucio y del río Domingodó en el municipio de Carmen del Darién se encuentran con restricciones a la movilidad, que han escalado a confinamiento1 debido a la presencia y a los combates entre grupos armados no estatales y grupos armados posdesmovilización (GAPD).
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La presencia y las acciones de las GAPD Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Chocó han sido advertidas por la Defensoría del Pueblo desde mediados de 2014 (por medio del Oficio 495-636-2014 y la Nota de Seguimiento No. 001-15), así como por organizaciones humanitarias, ONG y la Iglesia.
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Las restricciones a la movilidad son causadas por la presencia masiva de combatientes de las AGC y del grupo armado no estatal ELN, que no hacían presencia en esta zona, tradicionalmente controlada por las FARC-EP. Desde la desmovilización de las AUC no se había presentado un posicionamiento como el actual de este tipo de organizaciones. El ELN, desde hace mas de 30 años aproximadamente no hacía presencia en la zona del Bajo Atrato.
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Desde hace más de 20 años, las FARC-EP han ejercido control territorial y hasta cierto punto social en la cuenca del río Truandó y zonas aledañas. Desde el cese unilateral decretado por este grupo armado no estatal, este control se ha debilitado dando pie a los dos nuevos grupos armados. Las AGC han entrado a esta zona desde la región de Urabá; y en el caso del ELN posiblemente desde las zona del río Baudó y de la región del Medio San Juan en Chocó.
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La presencia de estos grupos está generando presión sobre la población civil, en particular sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se han dado casos de desplazamiento individuales en comunidades indígenas (7 personas) por las amenazas directas de las AGC. La Defensoría Comunitaria para el Bajo Atrato ha alertado sobre 100 familias afrocolombianas que habrían llegado a Riosucio desplazadas por la presencia de grupos armados en la zona. Hasta la edición de este reporte estas personas no han declarado formalmente su situación de desplazamiento y algunas han manifestado temor para hacerlo.
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El reposicionamiento de las AGC y del ELN en zonas controladas históricamente por las FARC-EP en el Chocó evidencian una nueva dinámica que trae consigo consecuencias humanitarias en los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas. Además de lo ocurrido en Riosucio, las comunidades han denunciado presencia de AGC y ELN en Bojayá y en otros lugares de la zona del Medio Atrato. Esto se suma a las disputas ya en curso entre estos dos grupos en la región del río Baudó, que en 2015 han causado el desplazamiento de 1.032 personas y limitaciones a la movilidad para cerca de 3.000.
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Los riesgos de desplazamiento para estas comunidades son constantes, mientras continúe el accionar de los grupos armados. Se han presentado desplazamientos individuales y varias familias y personas se encuentran sin posibilidad de acceder a sus medios de vida en los ríos (actividades madereras y agropecuarias), y se ven obligados a permanecer en la cabecera municipal.
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Es posible que los impactos humanitarios de estas dinámicas se manifiesten en otras zonas del Chocó e incluso en otros departamentos del país a medida que avanza el acuerdo de paz y que las FARC-EP abandonan una estrategia de carácter militar. El acuerdo de paz representa una esperanza para millones de colombianos; al mismo tiempo, la comunidad humanitaria internacional no debe dejar de monitorear las otras dinámicas de la violencia que podrían incluso aumentar en un periodo postacuerdo, como consecuencias de disputas entre otros grupos interesados en ocupar lugares y negocios estratégicos antes controlados por las FARC-EP.
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