Colombia

Seminario aborda el tema del derecho a la tierra y la restitución

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BOGOTÁ, Colombia, 12 de abril (ACNUR) - El 6 y 7 de Abril 2011, se llevó a cabo en la cuidad de Cartagena, en Colombia, el seminario regional Derecho a la Tierra y Restitución en la Región Caribe. El seminario fue organizado por la oficina en Barranquilla del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Cartagena, la Defensoría del Pueblo seccional de La Guajira y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) regional de Bolívar.

La región Caribe es una de las más golpeadas por el conflicto armado, que ha causado el desplazamiento de más de 909.767 personas y el abandono y despojo de cerca de 2.104.415 hectáreas de tierra, equivalentes al 38,2% de los territorios abandonados en todo el país, según la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Al mismo tiempo, la región es escenario de interesantes iniciativas gubernamentales como el Plan de Choque y la constitución de una Zona de Reserva Campesina, entre otras, que han generado gran expectativa y que -dependiendo de la capacidad estatal de promoverlos- podrían tener impactos importantes en la reivindicación del derecho a la tierra y el territorio.

Dado este contexto, se consideró la necesidad de promover un espacio de diálogo académico y técnico sobre el derecho a la tierra y la restitución en la región Caribe, entre expertos académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales y comunitarias, en particular los que están ubicados en la región, con el fin de identificar avances y desafíos actuales en los procesos de garantía del derecho a la tierra; teniendo en cuenta, que las comunidades y organizaciones de la región tienen sus propios puntos de vista sobre la problemática de tierra y territorio, así como sobre los procesos e iniciativas estatales.

El Seminario intentó resaltar y visibilizar las iniciativas que están adelantando las comunidades, las organizaciones comunitarias y las instituciones de la región, en la defensa y protección de las tierras y el territorio. Treinta ponentes de instituciones académicas y estatales, autoridades territoriales y nacionales, ONG de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, Naciones Unidas y organizaciones comunitarias expusieron sus lecturas sobre la problemática de la tierra y sus experiencias de promoción de la restitución y el acceso a la misma.

El evento contó con la participación física de 174 representantes de comunidades campesinas, afro-colombianas, indígenas, población en situación de desplazamiento o riesgo de desplazamiento y víctimas de los siete departamentos de la región Caribe, además de la participación de muchos otros dentro y fuera de Colombia a través de Internet, dado que el evento fue transmitido en directo por streaming durante los dos días de su duración.

Los y las participantes expresaron sus inquietudes frente a numerosos aspectos relacionados con la problemática de tierra, en particular la venta masiva de tierras en zonas estratégicas por sus recursos naturales y ubicación geopolítica como es el caso de los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira y más, cuando los procesos de consulta previa no han garantizado de manera efectiva los derechos de las comunidades.

Finalmente, se expresó la preocupación por la explotación de grandes extensiones de tierras para producción de agrocombustibles y cultivos de palma africana, como es el caso del municipio de Maria la Baja. Se reconoció también que la pérdida de tierra y la vulnerabilidad de los campesinos se ven aumentadas por las deudas y su incapacidad de pago.

En este sentido, varios participantes llamaron la atención a que las medidas de protección de tierras definidas en las rutas colectiva e individual, siguen siendo acciones válidas en las zonas que se encuentran en conflicto, sin embargo, se hace necesario fortalecerlas, ya que en algunos municipios se están cayendo, de hecho, cuando los autoridades locales y estatales autorizan las ventas.

La falta de rutas efectivas de protección individual y colectiva para las personas que demandan el derecho a la tierra y el territorio es una de las grandes preocupaciones en la región. Varios representantes de las comunidades expusieron sus propios casos y las amenazas que han recibido por reclamar sus derechos, rechazando de manera categórica las amenazas y homicidios contra las comunidades y líderes ocurridos en la geografía nacional, relacionados especialmente con la reclamación de tierras y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

En el transcurso del evento, se hicieron varias recomendaciones. Entre ellas se resaltan en particular las siguientes:

  • La importancia de que el proceso de restitución de tierras y territorio impulsado por el Estado plantea la redefinición de la estructura agraria y el modelo de desarrollo rural, que contemple el acceso a la tierra y el territorio, planes regionales de apoyo y proyectos productivos que promuevan la economía campesina y tradicional, acompañamiento técnico y financiero, y la soberanía alimentaría de las comunidades.

  • La importancia de hacer un mayor esfuerzo por parte del Ministerio del Interior y Justicia para el desarrollo de medidas y estrategias más eficaces en la protección de las personas y comunidades que se encuentren en riesgo o amenazadas.

  • La necesidad de revisar de manera profunda los procedimientos y protocolos que se vienen implementado para las comunidades que han retornado, para que puedan lograr una estabilización y reintegración legal, socioeconómica real efectiva y sostenible.

  • La importancia de que el Estado y el Ministerio de Agricultura garanticen la participación de las comunidades y sus organizaciones en la definición de estrategias y programas de gran impacto regional; como son la declaratoria de zonas de Reserva Campesina y el Plan de Choque impulsado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

  • La necesidad de avanzar en una estrategia dirigida a garantizar la seguridad jurídica de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de la región, para lo cual se considera que el saneamiento y la ampliación de los resguardos indígenas existentes, constituye un primer paso importante.

  • La importancia de que el Estado haga un mayor esfuerzo para garantizar mecanismos efectivos para el desarrollo del derecho a la consulta previa, libre e informada, especialmente en lo referente al proyecto de Decreto-Ley sobre Víctimas del Conflicto y Restitución de Tierras y sus respectivas reglamentaciones, retomando la metodología acordada en la Mesa Nacional de Concertación Indígena, la construcción e implementación consultada y concertada de los Planes de Salvaguarda Étnica en el marco del Auto 004 de 2009.

  • La necesidad de que los procedimientos legales y administrativos aplicados por el Incoder sean efectivos, oportunos y pertinentes al contexto regional, encaminados a la titulación colectiva de comunidades afrodescendientes definidos en el Decreto 1745/95, de tal manera que responda a las condiciones de apropiación territorial del Caribe.

  • La importancia de ver al campesino no por su contribución económica a la sociedad, sino por sus conocimientos y cultura, por ende es importante apoyar los procesos culturales de las comunidades campesinas.