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Sector Regional de Protección: Encuesta Regional Desalojos (Guía para encuestadores)

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ANTECEDENTES

Las evaluaciones rápidas de necesidades desarrolladas por las plataformas nacionales para la respuesta a personas refugiadas y migrantes de Venezuela evidencian que el riesgo de desalojo, vinculado a la ausencia de acceso a medios de vida como consecuencia de las implementaciones de las medidas del COVID-19 constituye una de las causas estructurales que han llevado a la población a situación de calle y, consecuentemente, a iniciar procesos de retorno a su país. Algunos de los hallazgos en este sentido (junio 2020) evidencian que, en el caso de Colombia, el 53% de los hogares encuestados requieren apoyo para el pago de vivienda, 45% acceso a empleo/medios de vida, 48% expresaron tener dificultades para el cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio, de estos, 10% estableció un vínculo con el riesgo de ser desalojados. Así mismo, en Ecuador, el 43% de la población encuestada manifestó que el alojamiento era su principal preocupación.

Así mismo y a través de la encuesta nacional de desalojos desarrollada por el GIFMM en Colombia, entre el 10 de junio y el 14 de agosto se habían registrado un total de 265 incidentes de desalojo que afectaron a 1103 personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Así mismo, y para el mismo período, los riesgos de desalojo fueron identificados en 41 hogares con un potencial de afectación a 453 personas más. 15% de las personas desalojadas eran mujeres gestantes y/o lactantes, 1.3% población indígena, 8% niños y niñas no acompañados, 2.4% personas con discapacidad.

Los datos también permitieron identificar en el 46% de los casos de desalojo los habitantes se encontraban en situación de irregularidad, y del total de hogares afectados, 12 tienen activa la solicitud de protección internacional. Los incrementos registrados en el último mes reflejan, además un incremento del 8% en la intención de retorno a Venezuela por ausencia de condiciones para sobrevivir y asegurar el alojamiento/vivienda.

Aunque Colombia es el único país que ha registrado, de manera sistemática, la información de algunos de los desalojos de los cuales se tiene conocimiento y a pesar de ser una situación que afecta a la población refugiada y migrante de Venezuela en toda la región, no se han activado aun procesos que permitan monitorear el nivel de afectación, los perfiles ni información general que facilite el análisis de la situación y sus impactos. En el caso de Ecuador desde la Defensoría Pública y del Pueblo se ha hecho un registro de aproximadamente 1500 casos y en Brasil se cuenta con un dato aproximado de 2000. Chile, la región del Caribe, Perú, son seguramente otros países en donde la situación de la COVID-19 ha activado procesos de desalojo sin que se cuenta con sistemas de identificación y monitoreo.

En línea con la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda a través de su nota orientativa sobre desalojos en el contexto del COVID-191 , en relación con: “Los Estados deben dar prioridad al estudio de estrategias que reducen el desplazamiento. Sería preciso realizar evaluaciones amplias y holísticas de los efectos (…) éstas deberían incluir la exploración de alternativas y de estrategias para mitigar los daños. (…) la evaluación de los efectos debe tener en cuenta los distintos efectos de los desalojos forzosos sobre las mujeres, los niños, las personas de edad y los sectores marginados de la sociedad”; el Sector Regional de Protección de la Plataforma para la respuesta a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela se propone desarrollar un ejercicio de carácter regional sobre desalojos como punto de partida para la identificación de la magnitud, la caracterización de la situación, la identificación de tipologías y el diseño de estrategias adecuadas para la mitigación de los riesgos existentes y conexos.