Colombia

Restitución de los derechos vulnerados a la población desplazada un compromiso de acción social

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• Desplazamiento forzado por la violencia sigue cayendo, en el 2010 se registró una disminución del 44.63 por ciento.

Bogotá, 11 de abril de 2011.- En Colombia el desplazamiento forzado por la violencia sigue con su tendencia a la baja. En relación con el año 2009, este flagelo cayó en un 44.63 por ciento pasando de 46.939 hogares expulsado en 2009 a 25.998 hogares en 2010.

Al hacer la rendición de cuentas correspondiente al año 2010, el Alto Consejero Presidencial y Director de ACCIÓN SOCIAL, Diego Andrés Molano Aponte, señaló que “el Gobierno Nacional asumió el reto de brindarles atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, como uno de los compromisos fundamentales para lograr la reconciliación necesaria y alcanzar la paz en Colombia”.

“Parte de este compromiso fue el presupuesto que se destinó ese año por 1.5 billones de pesos, una cifra sin precedentes en la historia. Para el 2011 estos recursos serán de 1.6 billones de pesos”, manifestó el funcionario.

Durante la intervención, Molano Aponte informó que la Atención Humanitaria de Emergencia ese año llegó a 76 mil 353 nuevos hogares incluidos en el registro Único de Población Desplazada – RUPD – y a 234 mil 714 hogares en situación de desplazamiento que continúan con u n alto grado de vulnerabilidad.

ACCIÓN SOCIAL como coordinadora del Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada, SNAPD, logró, entre otras, una mayor acción interagencial para prevenir el desplazamiento forzado y mitigar sus impactos, una atención humanitaria programada y priorizada con base al grado de vulnerabilidad del hogar solicitante y un intercambio de información con otras entidades que condujo al fortalecimiento de la Red Nacional de Información.

En el año 2010 ACCIÓN SOCIAL continuó con el cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Constitucional, a través de sus diferentes autos. Adelantó concertaciones con las comunidades indígenas y afrodescendientes y desarrolló una nueva Política Pública, ajustada y definida en octubre del año 2009 para el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en tres componentes: prevención y protección; atención integral y verdad, justicia y reparación.

“Avanzamos considerablemente, pero aún falta mucho por hacer y el Gobierno Nacional no desfallecerá en su misión de brindar apoyo integral a las familias que lo han perdido todo”, puntualizó el Alto Consejero Presidencial.