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Protejan la paz en Colombia: Por qué es importante la paz en Colombia para los Estados Unidos y América Latina, y qué puede hacer Estados Unidos al respecto

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Al cumplirse casi cuatro años desde la firma del histórico acuerdo de paz en Colombia, una vibrante energía ciudadana que busca construir una paz justa y duradera libra una dura batalla por superar la renuencia del Gobierno a implementar a cabalidad el acuerdo de paz y reabrir las negociaciones con los grupos guerrilleros que aún existen. La comunidad internacional debe actuar para catalizar el apoyo a la paz.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se han desmovilizado más de 13.000 guerrilleros de las FARC, que en su inmensa mayoría continúa reincorporados a la vida civil. El Gobierno colombiano está suministrando algunos de los servicios de reintegración prometidos en el acuerdo, pero todavía hay muchos que siguen pendientes. Los miembros de las antiguas guerrillas pueden participar en política. El sistema tripartito de verdad y justicia transicional ha logrado llegar a miles de víctimas en Colombia y en el exilio.

Las víctimas del conflicto depositaron su confianza en el acuerdo de paz. Las víctimas están encarando a sus abusadores en audiencias y dando testimonios desgarradores a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Víctimas y organizaciones de la sociedad civil han recopilado para el sistema de justicia tradicional cientos de informes sobre los devastadores efectos del conflicto. Los campesinos y las comunidades afrocolombianas e indígenas se han organizado junto con los gobiernos locales para crear programas de desarrollo con enfoque regional (PDET) previstos en el acuerdo. Los líderes sociales están arriesgando sus vidas para liderar a sus comunidades en erradicar y sustituir la coca según se pactó en el acuerdo. Un dinámico movimiento multisectorial de la sociedad civil, incluida la coalición Defendamos la Paz, reúne a un diverso grupo de colombianos—desde congresistas hasta líderes campesinos—en acciones por la paz desarrolladas en línea, en los medios de comunicación, en el arte y en la calle. Como lo expresó una lideresa campesina: “¿Por qué queremos defender el acuerdo de paz? Porque es nuestro. Nosotros lo construimos”.

A pesar de la gran cantidad de acciones ciudadanas de los colombianos—incluidas muchas de las víctimas del conflicto—para lograr hacer realidad el acuerdo de paz, las acciones del Gobierno han sido insuficientes y no han protegido a las personas que arriesgaron sus vidas por la paz.

El costo de ello se ve reflejado en los más de 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde que se firmó el acuerdo.

El pecado original es el fracaso del Gobierno colombiano en llevar la presencia del Estado civil a los territorios desalojados por las FARC—un fracaso que empezó con la falta de planeación para el posacuerdo del Gobierno Santos y se agravó con la deliberada falta de inversión para la implementación del Gobierno Duque—. El espacio que el Gobierno colombiano no reclamó actualmente es ocupado por grupos sucesores de los paramilitares, el ELN, las disidencias de las FARC y redes de narcotráfico. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2019, 25.303 personas fueron desplazadas internamente en desplazamientos masivos mientras que 27.694 fueron confinadas por conflictos, siendo Nariño, Chocó y Antioquia las zonas más afectadas. Minas antipersonales y explosivos hirieron a 352 personas, 42 de ellas murieron. “Vivir sin miedo es una deuda pendiente en Colombia”, declaró el jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Sin embargo, aún no es demasiado tarde para invertir en la paz de Colombia.