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Plan de Apoyo 2021, Colombia - ETPV, Plan de apoyo del GIFMM a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos

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CONTEXTO

Según datos de Migración Colombia, con corte a 31 de enero de 2021, Colombia acoge más de 1,74 millones de refugiados y migrantes venezolanos; al menos 56% de ellos se encuentran en situación irregular, lo cual los hace más vulnerables a riesgos de explotación y violencia, e impone más barreras a su integración en la vida socioeconómica del país.

El 8 de febrero de 2021, el Gobierno de Colombia anunció la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un hecho sin precedentes en la historia del país, el cual fue celebrado por la comunidad internacional.

El ETPV es una medida que impactará de manera positiva la vida de la población refugiada y migrante venezolana que desea regularizar su estatus en Colombia y acceder a servicios básicos. El ETPV contribuirá a garantizar los derechos de la población venezolana, asegurar su acceso a servicios esenciales (salud, educación, acceso a bienes y servicios básicos, acceso al trabajo formal, entre otros), y a hacer que esta medida sea un motor para el desarrollo. Con el ETPV, la población refugiada y migrante podrá acceder al Sistema Nacional de Salud y a los planes de vacunación en el contexto de la pandemia por COVID-19 la cual ha hecho aún más difícil sus condiciones de vida.

Mediante el ETPV se crea el Permiso por Protección Temporal1 (PPT), siendo este el mecanismo de regularización migratoria contemplado para la implementación de la medida. En el corto plazo, el Gobierno colombiano tiene como objetivo entregar alrededor de 800.000 permisos, a diciembre de 2021.

Para que la persona refugiada o migrante pueda solicitar el PPT, deberá registrarse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el cual solicita información sobre su presencia en el territorio nacional, documentación de identificación (vigente o vencida), intención de permanencia, no contar con antecedentes penales, procesos administrativos o judiciales en el país. El marco jurídico tiene un enfoque diferencial, que contempla las necesidades específicas de la población en cuanto a edad, perspectiva de género, condiciones de discapacidad, diversidad, entre otros; para ello, contiene un titulo enfocado en niños, niñas y adolescentes y otro para la población transgénero, y reconoce la necesidad de articular la respuesta para población indígena.