1. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ENCUENTRA EN RIESGO
El Instituto Popular de Capacitación -IPC- manifiesta su profunda preocupación sobre el ambiente hostil generado en las diferentes comunas de la ciudad, en especial la Comuna Cuatro (Aranjuez) producto del proceso de concertación del presupuesto participativo. Para el IPC este ambiente hostil es contraproducente y pone en riesgo la vida de múltiples lideres y lideresas sociales, si tenemos en cuenta que nos encontramos en una ciudad en donde pese al proceso de reinserción de ex integrantes del Bloque Cacique Nutibara, aún es conocida la presencia de actores armados ligados al narcotráfico, la insurgencia y al paramilitarismo, como lo han afirmado diversas autoridades locales, nacionales e internacionales. Hacemos un llamado a la Alcaldía municipal y a los organismos defensores de derechos humanos, a la contraloría municipal y a las diversas expresiones de control ciudadano para que realicen un seguimiento detallado a los procedimientos establecidos para la contratación y al proceso de ejecución de los recursos comprometidos en el presupuesto participativo del 2004, ya que estos deben contribuir a superar la deuda social que el Estado tiene con las comunidades y a que la participación democrática de los ciudadanos, en los asuntos que atañen a sus problemáticas barriales y comunales, no se vea interferida por prácticas clientelitas o por la intimidación de actores armados. Así mismo, le pedimos a las mismas entidades para que hagan presencia en las múltiples sesiones de los Consejos Consultivos y así garantizar la libre expresión y salvaguarda de los derechos civiles y políticos de los y las participantes del proceso. De la misma forma invita a los y las participantes a desarmar el lenguaje utilizado en el proceso de concertación y a estimular la concertación en donde las comunidades ganen por encima de los intereses de los diferentes grupos en contradicción. El IPC está convencido de que la planeación y presupuestación participativa del desarrollo, permitirá avanzar a la ciudad en la transformación de su cultura política, contribuirá efectivamente a la ruptura del clientelismo y la corrupción y a la reconstrucción de su tejido social, abatido por varios años de conflicto armado, razón por la cual, esta iniciativa requiere del concurso de todas las instituciones de la ciudad. (..) Instituto Popular de Capacitación – IPC. 20 de junio del 2005
DETENIDA POR LA POLICÍA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR, EN CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ
Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" REENVIA a la opinión pública nacional e internacional la acción urgente realizada por la Organización Femenina Popular en la que se denuncia la detención arbitraria de MONGUI GÓMEZ, el 7 de julio de 2005, quien se desempeña como Coordinadora de la Organización Femenina Popular con sede en Bogotá, y de dos mujeres relacionadas con la organización, Ciudad Bolívar (Bogotá)
HECHOS
1. El 7 de julio, a las diez de la mañana dos agentes motorizados y una patrulla de la Policía Nacional agredieron a un grupo de mujeres por participar de una pelea callejera. Con sus cascos golpearon en la cabeza a MARTHA ZORAIDA HIDALGO Y DORIS MOTA, quienes fueron atropelladas verbalmente y esposadas. 2.Frente a la agresión MONGUI GOMEZ, en su condición de defensora de derechos humanos, llama la atención a los agentes y los increpa por el abuso de autoridad. Como respuesta fueron aprehendidas en forma violenta: "qué hacen aquí hijueputas sapas malparidas, ahora nos las llevamos por sapas", les gritaron los uniformados. 3.MONGUI GOMEZ, y dos integrantes más de la Organización Femenina Popular fueron esposadas por la fuerza, subidas a una patrulla y llevadas a la estación de policía del barrio Meisen. Después de gestiones ante la vicepresidencia de la república y la comunidad Internacional, las integrantes de la OFP fueron dejadas en libertad, pero antes de salir quisieron hacerles firmar un documento en donde se hace constar que no fueron víctimas de maltratos.
DENUNCIAMOS
La Organización Femenina Popular denuncia y rechaza los maltratos físicos y verbales, el no respeto a las actividades de las organizaciones defensoras de derechos humanos no gubernamentales, la violación de los derechos de la mujer y de la infancia, hechos que a diario se presentan en la localidad de Ciudad Bolívar, por parte de la Policía Nacional. El escarnio público a que son sometidos hombres y mujeres y en particular las y los jóvenes y menores de edad, señalados como drogadictos, ladrones o por indocumentados, quienes han sido amarrados a las astas de las banderas en los puestos de Policía, como el del barrio San Francisco. Denunciamos la ola de asesinatos de jóvenes en esta localidad de Bogotá, a pesar de la fuerte militarización de estos sectores populares. Recientemente, el pasado jueves 30 de junio, Medios de Comunicación informaron sobre el hallazgo de los cadáveres descuartizados de tres jóvenes en el barrio la Arborizadora alta.
EXIGIMOS
1.El respeto a los derechos humanos de toda la población en la localidad de Ciudad Bolívar, en especial de las mujeres, y las garantías para el ejercicio pleno de sus derechos. 2.Exigimos a la Policía el cumplimiento de sus funciones en el marco del respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos. 3.Exigimos a los organismos de control del Estado investigar los diarios abusos de autoridad y excesos que vienen cometiendo la Policía y el Ejército Nacional, y los organismos de seguridad.
SOLICITAMOS
Al alcalde Mayor de Bogotá LUIS EDUARDO GARZON, una reunión con la dirección de la Organización Femenina Popular para que brinde las garantías y la seguridad necesarias para el desarrollo de nuestras actividades como defensoras de los derechos humanos en esta localidad de Bogotá. Solicitamos a la comunidad internacional verificar las presentes denuncias y exigir al gobierno colombiano respeto por la vida y los derechos humanos de los habitantes de Ciudad Bolívar.
Organización Femenina Popular Barrancabermeja, Julio 7 de 2005
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Movimiento Nacional de Víctimas Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, da a conocer a la opinión pública nacional e internacional, la carta dirigida al Presidente de la República de Colombia, en la que se expresan los hostigamientos del que ha sido objeto el Movimiento y en la que realizan una serie de exigencias conforme a la situación.
Bogotá D.C., 7 de julio de 2005. Señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente:
(...) El II Encuentro mostró un panorama de generalizadas violaciones a los derechos humanos y de creciente control paramilitar en vastas regiones del país. (...) Esta situación sin duda se verá avalada por la ley llamada de "Justicia y Paz" que, diga lo que diga el Gobierno, no toma en consideración a las víctimas, deja en total impunidad la responsabilidad del Estado y premia a reconocidos criminales y narcotraficantes con cómodos beneficios. Nuestra postura pública de rechazo a la legalización de la impunidad es la razón por la cual, en contra de quienes hacemos parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se están desarrollando operaciones sistemáticas de persecución y amenaza. (...) Nos dirigimos a usted con el objeto de poner en su conocimiento que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado viene siendo sometido a actos de intimidación, hostigamiento y amenaza, que permiten anticipar posibles acciones de hecho contra quienes hacemos parte de esta iniciativa. (...)
Los hostigamientos recientes tienen antecedentes en otros actos de persecución. (...)
- El 13 de mayo de 2005, la Presidenta del [ Colectivo de abogados José Alvear Restrepo ] recibió un paquete que contenía una muñeca decapitada, descuartizada, quemada en algunas partes y con esmalte de color rojo esparcido por todo el cuerpo. El macabro objeto estaba acompañado por una nota manuscrita que decía: "Usted tiene una familia muy linda cuídela, no la sacrifique".
- El martes 31 de mayo de 2005, fecha en la que se realizaba una rueda de prensa por parte del Proyecto Justicia y Vida, denunciando los crímenes que se cometen contra los jóvenes de Ciudad Bolívar, un hombre llegó a la sede de la organización, se identificó como miembro de la guerrilla, inquirió sobre el trabajo que allí realizan y profirió amenazas contra los directivos de la entidad. (...)
- El jueves 23 de junio de 2005, a las 6:00 p.m., cuando se retiraban del recinto en el que sesionaba el II Encuentro, algunos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) fueron seguidos por varios hombres en la carrera 7?df; con avenida 19. (...)
- El domingo 26 de junio de 2005 en la edición dominical del diario El Tiempo (página 16 - sección 5), apareció un aviso clasificado de un sexto de página con el título "DENUNCIA PÚBLICA". En el aviso se suplantó a ASFADDES y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, atribuyéndoles un texto en el que se presentaban falsas conclusiones de la asamblea de víctimas. (...)
- El martes 21 de junio, cuando miembros de ASFADDES vieron que desde un edificio vecino a las oficinas de su organización, dos hombres con cámaras estaban filmando la reunión del Consejo de Coordinación Nacional. (...)
Nuestra preocupación se fundamenta, además, en el hecho de que Usted mismo ha hecho declaraciones en diversos contextos en las que ha formulado graves acusaciones contra organizaciones que hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. (...) tenemos el legítimo derecho a organizarnos, expresarnos libremente, realizar nuestra acción pública contra la impunidad y exigir de su gobierno, y del Estado colombiano, el cumplimiento de obligaciones, nacionales e internacionales, en materia de verdad, justicia y reparación [ y ] garantías plenas a los procesos organizativos de las víctimas del Estado (...);
El Movimiento Nacional de Víctimas Crímenes de Lesa Humanidad. 7 de julio de 2005.
DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES AL II ENCUENTRO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Las delegadas y los delegados internacionales de Argentina, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Perú, Alemania, Suecia, Holanda y Reino Unido asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, concluimos y afirmamos:
1. Que hemos escuchado a las víctimas reunidas en este II Encuentro, y hemos constatado el abandono de ellas (...); 2. Que la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia es una de las más graves de las Américas, y tiende a empeorar debido a la aplicación de la Política de Seguridad Democrática de la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez; 3. Que cualquier proceso de negociación, desmovilización y de paz con actores armados, debe hacerse con transparencia, de cara a la sociedad y en especial a las víctimas. Por consiguiente, ningún acuerdo de estos puede significar impunidad para los crímenes de lesa humanidad o detrimento a los principios de verdad, justicia y reparación. Desafortunadamente, el proceso actual en Colombia, muestra graves evidencias de que las negociaciones y la ley aprobada omite tales principios y contraviene el derecho internacional de Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario. (...)
5. Que la Ley de Justicia y Paz, aprobada recientemente por el Congreso de la República, es incompatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, (...) ; 6. Enfatizamos la necesidad de que no se desconozca la responsabilidad de países industrializados, de sus compañías transnacionales (...).
Por lo tanto, aprobamos un acompañamiento solidario y humano a esas víctimas y decidimos:
Exhortar al Gobierno de Colombia a que asuma la responsabilidad estatal en la creación del paramilitarismo en Colombia (...)Exigimos que realmente se desactiven las estructuras paramilitares (...); Instar a la comunidad internacional a que priorice su apoyo a las personas y comunidades victimizadas. Solicitar a los organismos regionales, como el Parlamento Andino y la Comunidad Suramericana de Naciones, a que reconozcan la emergencia humanitaria que vive Colombia, (...); Rechazamos la actitud parcial de la Organización de Estados Americanos (OEA) (...); Se propone efectuar en nuestros países una jornada por la memoria y verdad, en solidario gesto con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad en Colombia (...); Contribuir a organizar un movimiento internacional de victimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos; Respaldar la iniciativa tomada por el movimiento de víctimas de crímenes de lesa humanidad (...); Respaldar el valor del pueblo colombiano en su lucha contra la impunidad y por alcanzar una vida digna (...).
Firmamos:Alexis Ponce, APDH, Ecuador
Amy Pekol y Patricia Dahl, Colombia Support Network, EEUU David Raby, Colombia Solidarity Campaign, Reino Unido Emmanuel Molina, Abogados Sin Fronteras, Francia Jímena Reyes, FIDH, Francia John Lewis, KAIROS, Canadá
Marta Ocampo de Vásquez, Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina Samuel Fernández Gómez, AFDDEET, Perú Sarah Reynolds, Grupo (Estudiantil) América Latina, Universidad de Cornell, EEUU Sonia Cletona Escalante, Samuel Fernandez de Huancayo, Perú
Bogotá, junio 25 de 2005
ACCION URGENTE POR LA VIDA DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN SANTANDER - CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT, COMITÉ BARRANCABERMEJA
Denuncia ante la opinión publica Nacional e Internacional las amenazas por parte de grupos PARAMILITARES, mas exactamente del Bloque Auto-denominados Bloque Central Bolívar (B.C.B.) y quienes recientemente han manifestado entrar en el proceso de desmovilización que la A.U.C. sostiene con el Gobierno (...). Esto demuestra una vez mas la violación por parte de los PARAMILITARES a los acuerdos firmados en Santa Fe de Ralito en materia del CESE DE HOSTILIDADES a la población civil con el Beneplácito del Gobierno (...). La operación Denominada " EMPRESAS SIN SINDICATOS" hace parte de la operación de exterminios que el estado Colombiano junto con las Empresas sobre todo TRANSNACIONALES, han utilizado para desaparecer al sindicalismo en nuestro País.
Las amenazas ocurrieron el día 13 de Junio y esta titulado:
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
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POR COLOMBIA EMPRESAS LIBRES DE SINDICALISTAS Y GUERRILLEROS y señala a continuación: El BLOQUE CENTRAL BOLIVAR COMISIONAMOS A UN ESCUADRON DENOMINADO EMPRESAS SIN SINDICATOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA QUE LIMPIEN LA CIUDAD DE SINDICALISTAS Y GUSANOS SERVILES DE LA GUERRILLA DEL MAGDALENA MEDIO-FARC.
PRIMERA ADVERTENCIA:
DESTIERRO DE TODA ACTIVIDAD GUERRI-"SINDICAL" DEL DEPARTAMENTO.
SEGUNDA ADVERTENCIA.
CASO OMISO DE LA PRIMERA ADVERTENCIA PENA DE MUERTE PARA: CAROLINA RUBIO, GABRIEL GONZALES, CESAR PLAZA, ADELA PEÑA, MARTHA DIAZ, WILLIAM RIVERO, JAIMES REYES, DAVID FLOREZ, RODRIGO CORDOBA, OSWALDO BONILLA, ALFONSO LEON, JORGE CADENA y WILSON FERRER; 4 compañeros que hacen parte de la CUT, 3 Dirigentes populares , 2 compañeros de algunos sindicatos de la ciudad, 1 trabajador despedido, 1 desplazado y 2 dirigentes del comité de presos políticos.
El comunicado del Bloque Central Bolívar termina siendo firmado por el comandante NELSON BOLIVAR.
Estas amenazas contra la CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT, dispara la alerta máxima de los miembros del comité ejecutivo de nuestra central (CUT). Por cuanto la forma de operar de este grupo en nuestro Departamento, particularmente en las cabeceras municipales son libres y sin ningún control por parte de las autoridades competentes, asesinando a cualquier ciudadano que se oponga al modelo totalitario de la ultra-Derecha en este País que se impone. (...).
Por todo lo anterior solicitamos a:
La comunidad Internacional pronunciarse enérgicamente y exigir al gobierno nacional el respeto por la vida del movimiento sindical en el Departamento de Santander (...); A la oficina de Naciones Unidas, instar al Gobierno Nacional a implementar las medidas y recomendaciones en materia de Derechos Humanos; A la Organización de Estados Americanos, OEA, que haga seguimiento a estos hechos (...); Al Estado Colombiano: Tomar las medidas inmediatas de prevención y protección para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física del Movimiento Sindical Santandereano (...); Desmonte Real de las estructuras del Paramilitarismo en nuestro País. (...)
COMITÉ EJECUTIVO CUT BARRANCABERMEJA. 12 Julio 2005
Nuevamente la Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere dejar constancia de acciones de persecución y amenazas, en esta ocasión contra un miembro de nuestro consejo interno.
Los hechos que ponemos a la historia y a la solidaridad internacional y nacional son: · El día 24 de junio hacia las 9 a.m. Diana Valderrama, miembro del consejo interno de la comunidad, fue insultada por miembros del ejército en el retén militar ubicado en La Balsa; allí le tomaron datos personales y preguntaron por su trabajo en la comunidad. Los militares le dijeron que no aparecía en la lista que ellos tenían y que eso era peligroso y mortal ya que se convertía en sospechosa, además que ella bajaba mucho y que eso le iba a costar muy caro, como le había costado a otros personas. Cuando Diana bajó a Apartadó fue perseguida por un hombre que tenía gafas y casco negro impidiendo ver su cara; el hombre se transportaba en una moto negra y la siguió durante las tres horas que estuvo en Apartadó, llamándola varias veces por su nombre. Diana Valderrama ya ha sido objeto de persecuciones y amenazas. (...) Estos hechos (...) demuestran claramente la búsqueda de aniquilación que se sigue contra nuestra comunidad, y contra nuestros líderes. Hechos similares de persecución y amenazas le había tocado vivir a LUIS EDUARDO GUERRA por parte del ejército el 12 de diciembre de 2004, posteriormente fue asesinado por el ejército el 21 de febrero de 2005 en la masacre de ocho personas. La comunidad teme por la vida de Diana y de los miembros de la comunidad, pedimos la solidaridad nacional e internacional para que estas amenazas y persecuciones no se lleven a cabo y que cese la persecución y exterminio que el gobierno ha decretado contra la comunidad. (...)
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO Junio 25 de 2005
2. TEMA – ARTÍCULO - ENTREVISTA
Demandan ante Corte Penal Internacional al Gobierno
La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fihd) anunció ayer que su demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los crímenes cometidos por paramilitares en Colombia incluye al Gobierno como actor pasivo de los mismos. La Fihd considera que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe es "cómplice" de los crímenes de lesa humanidad cometidos por 'paras', por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones, declararon ayer miembros de la Federación. (...) El secretario general de la Fidh,(...) dijo que la denuncia incluye los nombres del presidente Uribe, y sus ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Pretelt, como demandados. El vicepresidente de la Fidh, Alirio Uribe, explicó que la demanda argumenta que el Gobierno colombiano "ha encubierto los crímenes, pero es el fiscal del CPI quien tiene que decidir sobre a quién corresponden los diferentes niveles de responsabilidad". (...) El informe presentado ante la oficina del fiscal del la CPI, incluye como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares" (...). Entre esos jefes figuran Rodrigo Escobar, jefe paramilitar en el norte de Colombia; Ernesto Baez, líder de la región del eje cafetero del interior; y el conocido como 'Don Berna', jefe 'de la zona de Medellín (...) En el informe se identifican unos 2.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta la actualidad, explicaron las fuentes. En su mayoría se trata de homicidios, pero también casos de masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados, si bien este último crimen todavía no está completamente documentado, admitieron. La CPI tiene competencia para juzgar los crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad cometidos a partir de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma, marco que establece la jurisdicción de la Corte. (El Tiempo, 30 de junio de 2005)
Captura por fosas en San Onofre
Munir Alberto Naissir Barrios, quien hace seis años se desempeñó como inspector de Policía del municipio de San Onofre (Sucre), fue capturado el martes en Barranquilla. Naissir Barrios es investigado por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzosa dentro del proceso que la Fiscalía realiza por el hallazgo de fosas comunes en ese municipio ubicado en el Golfo de Morrosquillo.
(El Tiempo, 30 de junio de 2005)
ONU pide a Uribe acatar observaciones
Al reiterar sus observaciones a Ley de Justicia y Paz, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le pidió ayer al presidente, Álvaro Uribe, tener en cuenta sus recomendaciones antes de proceder a su sanción y entrada en vigencia. (...) El organismo enumera uno a uno varios puntos que considera no reúnen los "elementos esenciales" para una justicia transicional "que, en aras de ser un instrumento de paz sostenible, prevea incentivos y ofrezca beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades". La ONU dice que la ley ofrece "muy generosos beneficios judiciales" a quienes hayan cometido crímenes graves, "sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación". Por estas y otras razones, la ONU le solicita "al excelentísimo Señor Presidente considerar la oportunidad de tomar en cuenta sus observaciones para asegurar los puntos arriba mencionados antes de sancionar la ley. (El Tiempo, 29 de Junio de 2005)
'Habrá cierta impunidad': Uribe
Durante su visita al Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, en Washington (E.U.), el ministro de W Defensa, Jorge Alberto Uribe, admitió la necesidad de "aceptar un cierto grado de impunidad" en las negociaciones con grupos armados, como las de los paramilitares. "Vamos a tener que aceptar que alguien reciba cinco años de cárcel y no la pena de muerte que vuestro corazón dice que merece", dijo.
(El Tiempo, 30 de Junio de 2005)
El 'portafolio' paramilitar
La falacia quizá más grande que los paramilitares han tratado de venderle al país a lo largo del proceso de negociación con el Gobierno es que ellos también serían 'víctimas'. No hay idea más equivocada. Además de sus múltiples crímenes, el informe publicado el domingo por este diario pone de manifiesto el inmenso botín que esas supuestas 'víctimas' han sacado de la guerra. A su vasto y sistemático uso de la violencia, a su penetración en la política y las sociedades locales, los paramilitares sumaron la captura de sectores enteros de la economía legal e ilegal del país. Aliados con narcotraficantes, o ellos mismos dedicados al tráfico, según la evidencia. 'La capitulación de Colombia', un duro editorial de The New York Times, ayer, contra la ley de Justicia y Paz, es nueva evidencia de esa siniestra imagen de los 'paras'. Con esos métodos se han hecho a un 'portafolio' de inversiones ensangrentadas, que va mucho más allá de su originario interés en tierras y ganados y cubre una amplia geografía. 'Vacunas' contra los pimpineros colombianos que traen gasolina de Venezuela, en Norte de Santander; compra forzosa de tierras a precios irrisorios, en Urabá; despojo de las comunidades negras de sus territorios ancestrales, en Chocó; presunta intervención en negocios de palma aceitera, el chance y las ARS; contrabando de arroz para lavar dinero sucio; rumores de que emplean a mototaxistas, que pululan en las ciudades y pueblos del norte del país, en calidad de redes de espionaje; compra de fincas en el Eje Cafetero; control de prostíbulos y pandillas en Bogotá; contrabando de gasolina y hasta evidencia de que habrían infiltrado -qué ironía- el Programa de Familias Guardabosques... Larga lista de indicios que es, seguramente, apenas la punta de un iceberg poco investigado, al cual el Estado está en mora de ponerle atención. Se supone que, en parte, de los bienes que entreguen los 'paras' desmovilizados deberá nutrirse el Fondo de Reparación de las víctimas, contemplado en la Ley de Justicia y Paz. Dado que esto, lamentablemente, depende en gran medida de la 'buena voluntad' de aquellos, es fundamental que el Estado emprenda investigaciones serias de las fortunas mal habidas -
de los jefes paramilitares, y abra procesos de extinción de dominio contra quienes se han enriquecido con la guerra. Solo de este modo se hará justicia a las víctimas y se reparará, así sea en parte. Víctima es quien sufre a manos de otro. Los paramilitares se han declarado tales arguyendo que 'sufrieron' a manos de la guerrilla. Pero, a partir del momento en que tomaron las armas y cometieron toda clase de barbaridades contra civiles, se convirtieron en victimarios, en perpetradores. Se beneficiaron con los expolios de la guerra que a miles costaron muerte y desplazamiento. Reconocerlo no es promover la venganza. Es la base de una verdadera reconciliación. La cual solo puede tener lugar entre victimarios que asuman en serio su culpa y víctimas a las que se repare con plenitud. (El Tiempo, Editorial, 5 de julio de 2005)
Un caso muy grave
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de ordenar la captura de seis militares como responsables del homicidio de cinco campesinos, entre ellos un bebé, en la vereda Potosí de Cajamarca (Tolima), es a la vez un hito y un serio campanazo de alarma. Han pasado 15 meses desde que, el 10 de abril del año pasado, el Presidente y el Ministro de Defensa proclamaron que la muerte de esos cinco campesinos, a manos de tropas del Batallón Pijaos, había sido "un doloroso error", y avalaron la versión militar de que los muertos echaron a correr ante una orden de alto, en medio de la noche llena de neblina. La justicia penal militar, a la que le correspondió el caso, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra el cabo y los cinco soldados profesionales implicados. Solo cuando Medicina Legal encontró que al menos una de las víctimas había recibido un disparo a quemarropa (a una distancia de entre 30 y 60 centímetros) y la Procuraduría ordenó abrir pliego de cargos contra los militares, la investigación la asumió la Fiscalía. Y la ha adelantado con diligencia y autonomía, hasta que, el viernes pasado, ordenó la captura de los militares. La decisión reivindica la confianza en la independencia del poder judicial como elemento básico del Estado de Derecho. Pero preocupa que flagrantes atropellos contra los derechos humanos y el DIH, como este, se sigan presentando. Generan una mala imagen para las Fuerzas Militares y hacen pensar con escepticismo en episodios que siguen sin aclararse, como el de San José de Apartadó o el de Guaitarilla. Porque una cosa son errores trágicos que produce la guerra sucia que vive Colombia (como la muerte de seis niños en Pueblo Rico, Antioquia, en el 2000) y otra manipular la realidad. Todas las encuestas de opinión demuestran que la institución más querida y respetada por los colombianos son las Fuerzas Militares. Por ello, flaco favor hace que sus máximos jefes civiles salgan a encubrir a algunos de sus miembros, cuando la justicia, encargada de esclarecer los hechos, ni siquiera ha empezado a actuar. Esas muestras de un espíritu de cuerpo, compartido por altos funcionarios civiles, refractario a la crítica y cuya reacción automática es negar, no contribuyen a la indispensable transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación de los militares. Las acciones de unos pocos no son, por supuesto, argumento para condenar a toda una fuerza. Pero reaccionar encubriendo las cosas solo refuerza las suspicacias. (El Tiempo, Editorial, 8 de julio de 2005)
El eterno drama de la tierra
Indudablemente, el paramilitarismo en Colombia ha acentuado la concentración de la propiedad agraria, pero al mismo tiempo ha sido una consecuencia de la altísima concentración de la propiedad agraria, generada por una ganadería extensiva y anticuada en la que participan todos los grupos sociales de estratos altos casi sin excepción. La ganadería es una de las formas colombianas de ocultación de capita. les y evasión de impuestos. Que hace algunos días se llegase a ver envuelto en un lío el presidente de la Compañía Nacional de Chocolates, Fabio Rico Calle, por la venta de una gran propiedad en el Bajo Cauca antioqueño, a un extraditable, muestra claramente que quienes participan de la economía moderna, también siguen aferrados a ese vicio de comprar tierras para mantener ganaderías improductivas, de bajísimo rendimiento y que generan un empleo precario. Que haya casos de industriales modernos que controlen, por ejemplo, un enorme predio dedicado a la ganadería extensiva, junto a Chigorodó, indica que el afán de acumular tierra también está en el ambiente de los grandes industriales.
El proceso acumulativo en Urabá es impresionante. Los pequeños bananeros salen del mercado cada día, casi expropiados por las comercializadoras de banano que les cobran carísimo el servicio de fumigación, les venden los insumos en formas asfixiantes y se quedan con la mejor tajada del cultivo. En las regiones de ganadería extensiva como Córdoba, Sucre, Bolívar y el Magdalena Medio, se originó el paramilitarismo en su forma actual. Los narcotraficantes dedican, y lo han hecho todo el tiempo, la mayor parte de sus inmensos recursos a adquirir tierras, para dedicarlas a la ganadería extensiva. Esta ha destruido los bosques para sostener una res por hectárea, ha deforestado las laderas de las montañas para sostener media res por hectárea, ha mantenido vigente un proceso de expulsión de propietarios y trabajadores rurales hacia las ciudades, y ha mantenido en el atraso a departamentos como Córdoba y Sucre, y el sur de Bolívar. No hablemos de los Llanos Orientales, el valle del Magdalena, Cesar y parte de La Guajira. Mientras Colombia no resuelva el problema de la tierra, los conflictos sociales y armados seguirán vigentes. El gobierno de Uribe encarna ese concepto conservador y latifundista de Colombia, lo representa plenamente. (...) Las fuerzas políticas colombianas nunca han tenido clara la resolución del problema de la tierra, aunque ha habido economistas, como Hernán Echavarría Olózaga, ahora aliado de las fuerzas del latifundio, que vieron la imposibilidad de una modernización de Colombia sin una solución del problema de la tenencia de la tierra. La ganadería extensiva ha sido la gran aliada del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo y de todos los procesos que socavan la sociedad colombiana. Desgraciadamente, en el panorama del país, no se ve a nadie que sea capaz de ponerle el cascabel al gato. (El Tiempo, Opinión, Rodrigo Jaramillo V., 06 de Julio de 2005)
3. ACTIVIDADES DE PBI COLOMBIA
En las interlocuciones que PBI Colombia sostuvo con autoridades colombianas e internacionales, así como con Organizaciones Intergubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, se compartió la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y comunidades desplazadas acompañadas.
Del 12 de junio del 2005 hasta el 12 de julio del 2005, se hizo hincapié en la situación de amenazas y hostigamientos a varias organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad de Medellín pertenecientes a la Red de Hermanamiento. Los casos más graves fueron el robo de todos los archivos de papel y electrónico de la asociación Arco iris y la bomba colocada en la puerta de la organización Corpades. También se mostró preocupación por los hostigamientos a miembros de la comunidad de paz de San Jose de Apartadó y a miembros del recién creado Movimiento de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos en la ciudad de Bogotá.
INTERLOCUCIÓN CON AUTORIDADES
PBI Medellín se reunió con el Coronel Raúl Peña, Jefe del Estado Mayor de la Primera División y el Coronel Rubén Carillo Venegas, Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. PBI Barrancabermeja se reunió con el Coronel Torres, Comandante del COEMM, el Teniente Camargo de la Policía Nacional en Puerto Wilches y el Dr.Jairo Carrillo Vergel, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Barrancabermeja. PBI Bogotá se entrevistó con el Coronel Adolfo Gómez Parada de la Policía Metropolitana de Cali, el Coronel Uriel Toro Díaz de la Policía Departamental del Valle del Cauca, el Brigadier General Mario Enrique Correa Zambrano de la III División del Ejército en Cali, la Dra. Luz Fernanda Ospina de la Defensoría Departamental de Cundinamarca, el Dr. José Roberto Andrade, Primer Secretario de la Embajada de Brasil, el Dr. Carlos Gómez Mújica, Embajador de España y el Dr. Ángel González, encargado de la Cooperación Internacional de la Embajada de España. Además nos reunimos con el Dr. Fabio Varoli, Representante Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la Dra. Paula Berutti, encargada de los defensores de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). PBI Urabá se reunió con el Coronel Peña de la Primera División, el General Zapata Uribe, comandante de la Brigada XVII, el Coronel Duque del Batallón Bejaranos, el Coronel Padilla del Batallón Voltígeros, el Coronel Ramírez del Batallón Fluvial XX, la Subteniente Salazar, encargada de DDHH de la Brigada XVII. Se entrevistó con el Doctor Rubén Darío y la Doctora Nora Elena de la defensoría del Pueblo de Urabá y con la Doctora Angela Méndez de la Defensoría, seccional de Apartadó.
La representación de PBI Colombia en Norte America sostuvo reuniones con congresistas y parlamentarios, representantes de sus Gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas.
La Representante Europea de PBI mantuvo diversas reuniones con miembros del parlamento europeo, asesores de los grupos políticos de la eurocámara y acompañó al defensor de derechos humanos colombiano, Dr. Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, a una sesión de la subcomisión de Derechos Humanos donde el mismo participó en un intercambio de puntos de vista sobre las directrices para defensores de la Unión Europea. Asimismo, la representante mantuvo reuniones de trabajo con representantes de la comisión europea, y con representantes de la presidencia británica así como con organizaciones internacionales de derechos humanos y mantuvo el contacto con otras instituciones de la Unión Europea como el consejo de ministros, y con representantes de Naciones Unidas en Ginebra.
ACOMPAÑAMIENTOS
PBI Medellín realizó diariamente rondas por las sedes de la Corporación Jurídica Libertad ( CJL), Asociación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ( FCSPP) y pasó regularmente por la sede del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Acompañó a los integrantes de ASFADDES en sus diligencias en la ciudad e los integrantes del IPC a la Comuna 4. Se hizo acompañamientos a los integrantes de CJL y CODEHSEL al asentamiento La Honda en la Comuna 3 y a un integrante de CAJAR ( Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) durante su visita en la ciudad. A fuera del perímetro urbano el sub-equipo de Medellín acompañó a los integrantes de CJL en sus desplazamientos a los municipios de Sonson y San Luis. Se hizo también acompañamientos a los integrantes de la comunidad de paz de San José Apartadó en sus desplazamientos entre Medellín y Apartadó. El sub-eqipo de Medellín ingresó a los cárceles de Bellavista y Buen Pastor acompañando a integrantes de CSPP: PBI Barrancabermeja acompañó a la Organización Femenina Popular ( OFP ) en sus recorridos diarios en Barrancabermeja y barrios periféricos. También a los siguientes Municipios y corregimientos: Yondó, Puerto Wilches, San Pablo, Santa Rosa y Altocañabraval. También se realizó un acompañamiento a la OFP, CREDHOS y Dr. Régulo Madero ( Corporación Nación ), a la ciudad de Bogotá al II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los DDHH que transcurrió entre los días 23 al 25 de junio. En Bucaramanga se acompañó a un integrante del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" a la última audiencia del caso de la masacre del 16 de mayo y a la audiencia en el caso de Esperanza Amaris (OFP). Así mismo se acompañó a ASFADDES, en la ciudad de Bucaramanga desde el 8 al 11 de julio. PBI Bogotá acompañó a diferentes organizaciones en el Encuentro Nacional de Víctimas del 23 al 25 de junio y en el Evento Contra la Tortura del 30 junio, ambos en la ciudad de Bogotá. Acompañamos a ASFADDES en su sede y en sus desplazamientos por la ciudad. Asimismo se acompañó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en la ciudad, en citas a diferentes embajadas, al juzgado en el caso de la masacre de Mapiripán y en un viaje a Valledupar. Se acompañó a la Asociación MINGA en su sede y en sus desplazamientos por la ciudad. A los miembros de la Fundación Manuel Cepeda Vargas les acompañamos en sus desplazamientos por la ciudad y a varias reuniones. Al CSPP, PBI les acompañó en su sede, en visitas a las cárceles de Bogotá y a la cárcel El Barne de Tunja-Boyacá y en un viaje a Cocuy-Boyacá. Acompañamos a la OFP en su trabajo y sus eventos en Ciudad Bolívar, en sus desplazamientos por la ciudad y a una reunión en la Embajada de Suiza. A la Comisión Intereclesial Justicia y Paz (CIJP) se les brindó acompañamiento en su sede y el equipo acompañó a la Dra. Berenice Celeyta de la organización Nomadesc en sus desplazamientos por la ciudad y a una reunión en la Embajada de Estados Unidos de América. Acompañamos a varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en sus desplazamientos por la ciudad y a una reunión en la Embajada de Francia y al Padre Javier Giraldo a reuniones y en sus desplazamientos por la ciudad. PBI Urabá acompañó en los asentamientos de CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida, y Dignidad del Cacarica), a los miembros de la Comunidad por el río Atrato y a la CIJP en sus estancias en dichos asentamientos y sus desplazamientos en Turbo. Se mantuvo presencia internacional en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó realizando acompañamientos a miembros del Consejo Interno de la Comunidad en sus viajes a Apartadó. Asimismo se acompañó puntualmente a los miembros del Comité de Derechos Humanos "Luis Eduardo Guerra" en sus estancias en dicha comunidad.