Colombia

Paquete de Información Mensual sobre Colombia No. 29 - del 12 de abril del 2005 al 12 de mayo del 2005

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1. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PRESENCIA DE MILICIANOS DE LAS FARC EP EN ZONA HUMANITARIA

(...) Martes 26 de abril, a las 6:20 a.m. aproximadamente, un grupo de 4 milicianos de la guerrilla de las FARC EP ingresó a la Zona Humanitaria de "Pueblo Nuevo" en el río Jiguamiandó. Los armados uno de ellos con arma larga, tres hombres y una mujer, vestidos de camuflado (...) se acercaron a los acompañantes que allí se encontraban de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y posteriormente se acercaron a Peace Brigadas Internacional, PBI. A los acompañantes les hicieron planteamientos sobre la política de seguridad democrática -red de informantes-, cuestionando además la labor -sin precisar nombres- de algunas instituciones, esto lo hicieron luego de solicitar y usurpar el medio de comunicación, un satelital. (...) Posteriormente, los milicianos convocaron a una reunión a los habitantes de las Zonas Humanitarias, quiénes cuestionaron la acción armada, exigieron respeto a su proyecto de vida. Otros pobladores afrodescendientes en un signo de rechazo se retiraron de la reunión o se abstuvieron de asistir. Luego de su discurso, los milicianos se retiraron del lugar. La actuación de los milicianos de la guerrilla de las FARC EP colocó en riesgo la vida e integridad de los integrantes de la comunidad afrodescendiente, y de los acompañantes nacionales e internacionales, pues en la zona se desarrollan operaciones militares y paramilitares en los que se ha afectado los derechos a la vida y al territorio de los afrodescendientes. (...) La presencia de la milicia colocó en riesgo la vida, la integridad personal de los integrantes del Consejo Comunitario y de los acompañantes nacionales e internacionales de Justicia y Paz y de Peace Brigadas Internacional, PBI. (...) [N]uestra presencia de acompañamiento se mantendrá en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó, en medio de la avanzada de siembra ilegal y deforestación a pasos agigantados con la complicidad y el cordón de seguridad de la Brigada XVII y las estructuras de tipo paramilitar. Las comunidades afrodescendientes están profundamente convencidas y sustentadas en su Proyecto de Vida alternativo, en su búsqueda de paz con dignidad basada en el ejercicio del derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral, por lo que la presencia de organismos nacionales e internacionales sigue siendo urgente, necesaria, válida y legítima.

CASERIO DE SAN JOSÉ SE QUEDA SIN HABITANTES

Asociación Nacional de empleados de la rama judicial - Asonal Judicial , Corporaciòn Jurídica Libertad, Red Juvenil. La Red Juvenil de Medellín, la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial -Asonal Judicial- y la Corporación Jurídica Libertad efectuaron una visita conjunta a San José de Apartadó entre los días 8 y 9 de abril del presente año, logrando constatar lo siguiente:

1. Luego del arribo oficial al caserío de San José de Apartadó, de un copioso número de integrantes de la Policía Nacional compuesto por uniformados pertenecientes a la Contraguerrilla de la Policía de Urabá y a la Policía Comunitaria, sus habitantes se vieron obligados a abandonarlo trasladándose, {}, algunos hacia otras veredas cercanas y unos pocos hacia otros sitios del departamento de Antioquia. Durante el transcurso de la primera semana de presencia permanente de los agentes policiales, en el caserío sólo quedaron cinco familias (...).

2. Más de quinientas personas de las que integran la Comunidad de Paz, doscientas de ellas menores de edad, se han desplazado hacía el predio La Holandita, de su propiedad, en el cual están edificando las viviendas para que puedan ubicarse cómodamente esta población desplazada. La construcción del nuevo asentamiento se efectúa a través del trabajo comunitario (...).

3. Los integrantes de la Comunidad de Paz se niegan a retornar a sus viviendas hasta tanto el gobierno nacional no retire a los integrantes de la fuerza pública que ha destacado en el caserío de San José (...) Sobre todo cuando en las resoluciones de medidas provisionales dictadas por la corte Interamericana de Derechos Humanos (...) se aceptó que la seguridad que debía brindarse a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tendría que ser concertada entre el estado colombiano y los representantes de la Comunidad y no podía ser personal ni armada para evitar la trasgresión de sus principios. (...)

RED JUVENIL, ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL - ASONAL JUDICIAL, CORPORACIÓN JURIDICA LIBERTAD
Medellín, abril 11 de 2005

UNA CRONICA MÁS DE LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA

(...)Hoy 2 de Mayo 2005 al cumplirse un año del atentado a la sede del Sindicato de Trabajadores de la empresa Nacional Minera Minercol Ltda SINTRAMINERCOL(...) El día 3 de Mayo 2004 Sintraminercol instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el atentado, el cual fue asignado por reparto a la Fiscalía 5 Delegada ante la Sijín (Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional), sin que ésta haya llamado a ratificar la denuncia a pesar de haber transcurrido un año de los hechos, envió al Sindicato un investigador que nunca presentó un informe y recientemente el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien tiene poder para constituirse en parte civil en el proceso penal, ha informado que desapareció la Fiscalía que llevaba la investigación y no existe información de quien adelanta el proceso. (...)Las medidas cautelares otorgadas en octubre 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en favor de Francisco Ramírez, presidente de Sintraminercol, no han sido implementadas a pesar de la reunión y compromisos adquiridos en la Cancillería en enero 2005 en relación al avance de las investigaciones, medidas de protección y prevención. (...) En desarrollo de una permanente política de persecución contra las organizaciones sindicales Sintraminercol y Sintramín, jueces laborales de Bogotá y Medellín han levantado el fuero sindical a varios dirigentes sindicales y han autorizado despidos (siete hasta el momento), sin aceptar las pruebas solicitadas por el sindicato, que implican investigaciones contra el Ministro de Minas y Energía, abogados de las multinacionales Holcim (Suiza) y Cemex (Mexicana) y Ladrillera Santa Fe, por la persecución y exterminio de Sintraminercol. (...)persiste la grave violación a los derechos humanos desarrollada por parte de miembros de la fuerza publica y de los mercenarios agrupados en los llamado grupos de autodefensa, contra la población civil de las zonas minero-energéticas de Colombia, masacres como la de 12 Jóvenes de Buenaventura, los desplazamientos forzados en Guajira, Bolívar y

Chocó, los homicidios selectivos en la zona minera de Ciudad Bolívar y Cazucá en Bogotá y Soacha, la permanente presencia de paramilitares en la región donde opera la compañía Anglogold en el sur de Bolívar, zona donde además "coincidencialmente" se inicio la operación militar-paramilitar que ha copado la zona minera de esta región del país. En otro hecho de corrupción impulsado por las multinacionales y el Estado Colombiano, fueron demandados por corrupción en una Corte Federal de Estados Unidos, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, su asesor y amigo personal Fabio Echeverri, Isaac Yanovick, Presidente de la empresa Estatal petrolera Ecopetrol y Garry Drumond, Presidente de la compañía Drummond, por haberle quitado un contrato a la compañía Llanos Oil Exploration Ltd., y haberlo transferido a la Drummond, compañía en la cual posee intereses el amigo del presidente, según lo expresado por el abogado de la empresa Holandesa demandante. Este hecho demuestra una vez más cómo las compañías multinacionales y el Estado colombiano utilizan la violencia contra la población y la corrupción de los "administradores" de la cosa pública, para apoderarse de los valiosos recursos naturales de nuestro país, generando una gravísima crisis social y aumentando la violación a los derechos humanos en nuestro territorio, reafirmando una vez las denuncias presentadas por Sintraminercol(...)

Comision Intereclesial de Justicia y Paz, 3 de mayo 2005

"MUERTE A SINDICALISTAS"

El pasado miércoles 4 de mayo,cuando las organizaciones de defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales en la ciudad de Barranquilla, se encontraban acompañando el sepelio del dirigente sindical ADAN ALBERTO PACHECO RODRIGUEZ, asesinado el Mayo 02 de 2005, a la sede de ANTHOC fue enviada vía FAX la siguiente amenazas que nos permitimos transcribir a continuación:

MAS ES UNA ORGANIZACIÓN QUE PESE A IDENTIFICARSE CON LA LUCHA QUE LIBRAN LOS GRUPOS ARMADOS QUE OPERAN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, NO TIENEN NINGÚN TIPO DE VINCULOS CON ELLOS ACTUAMOS POR CONVICCION Y CONOCIMIENTO DE CAUSA. NUESTRO ACCIONAR(...)ESTARA DIRIGIDO A IDENTIFICAR, PERSEGUIR Y CASTIGAR A LOS SINDICALISTAS CORRUPTOS QUE DEJANDO DE LADO LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES SOLO ACTUAN EN DEFENSA DE LOS SUYOS PARA LLENARSE LOS BOLSILLOS DE BILLETE. (...) QUEREMOS DEJAR EN CLARO QUE LA AUTENTICIDAD O NO DEL PRESENTE DOCUEMNTO NO LA AVALAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SINO NUESTRO PROCEDER A PARTIR DE LA FECHA CON EL PODER DE LAS ARMAS. NUESTROS HOMBRES TRAS SEMANAS DE ESTUDIOS, AVERIGUACIONES Y SEGUIMIENTOS LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE SE HACE NECESARIO AJUSTAR O LLAMAR A RELACIÓN A DIRECTIVOS DE SINDITRABA, SINDIBA, ANTHOC, SINTRAISS, SINTRAENERGIA, SINTRAELECOL, SINTRATEL Y DE SINTRADIAN, ASI COMO DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES Y DE OTRAS CENTRALES OBRERAS. MUCHAS DE ELLAS APARECEN EN LISTAS DE PERSOANS QUE DEBEN SER "BORRADAS" DEL MAPA, TODO DEBIDO A QUE SU ACCIONAR NO HA ESTADO APEGADO A LA LEY. ENTRE LOS DIRECTIVOS QUE INICIALMENTE CONOCERAN DE NUESTRA PRESENCIA EN BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA ENCONTRAMOS A LOS SIGUIENTES: ALVARO MERCADO, JESUS MARIA ACOSTA, PABLO DE LA PEÑA, ISRAEL BARREIRO, GASTON TESILLO, LUIS CASTRO ALTAHONA, LAUREANO ALTAHONA Y BELISARIO SANCHEZ.ESTOS SINDICALISTAS TIENEN TREMENDO RABO DE PAJA Y SIGUEN JUGANDO CON LA CANDELA, VAMOS A VER QUE TA LO HACEN CON LA CANDELA DEL MAS(...) COMANDO CENTRAL MAS"

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 5 de Mayo 2005, Bogota.

ASESINATOS, DESAPARICIONES, RESTRICCION A LA ALIMENTACION

(...) El batallón 21 Vargas, adscrita a la 7 brigada es responsable por acción, por omisión y comisión por omisión de decenas de hechos, de crímenes de lesa humanidad, los que vienen amparando la contrarreforma agraria en el Ariari, el control social y político de la región. El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, se ha convertido en una falacia, para justificar la represión y la constitución de un modelo de sociedad excluyente La impunidad en la totalidad de los crímenes cometidos en esta región es total, no existen investigaciones serias, eficaces. La Comunidad Civil de Vida y Paz, que se encuentra cobijada por medidas cautelares, se encuentra a merced de la presión de la policía en los barrios marginales de Villavicencio, donde operan las estructuras de tipo paramilitar, la dilatación a su propuesta de retorno por parte del Gobierno Nacional es evidente, tanto como, el cumplimiento de las responsabilidades institucionales respecto a sus derechos y a la atención debida de acuerdo con los principios Rectores Deng.(...) Lunes 28 de marzo(...)"Civiles" armados de la estrategia paramilitar, al mando de alias "EL SOLDADO", desaparecieron forzosamente a los campesinos JESÚS ANTONIO URREA SANMIGUEL y JHON ROBERT TRIANA, en la vía que comunica al corregimiento de Villa La Paz con la vereda El Darién, a la altura del sitio conocido como el puente de cemento, donde permanentemente está ubicado un reten paramilitar. (...)Testigos observaron como JESUS ANTONIO y JHON ROBERT fueron introducidos a las fuerza en una camioneta de los paramilitares.(...) Cinco minutos después, aproximadamente, se escucharon 4 disparos de fusil y dos de pistola, cerca del mismo sitio del puente de cemento. Posteriormente, varios paramilitares se dirigieron a una finca vecina solictándo unas palas, entre ellos decían: "ahora lo que falta es que se pongan a llorar"(...) Viernes 01 de abril, las familias y varios pobladores, cerca de 40 personas de Villa La Paz, se dirigieron a buscar por su cuenta a JESUS ANTONIO y JHON ROBERT, por la ruta que normalmente ellos transitaban hacia la vereda El Darién. Luego de varios minutos de camino, encontraron dos huecos en la vía, a la altura del puente de cemento, que conduce hacia la finca "Villa Unión", en los huecos se veían indicios de tierra recién removida y se encontraron restos de cabello, sangre coagulada y partes de abdomen humano. Alrededor de los huecos había moscas y se emitía un olor putrefacto. Los familiares y demás pobladores decidieron dejar todo quieto en el sitio y dirigirse al corregimiento Villa La Paz y desde allí buscar a las autoridades competentes. Este mismo día, familiares se dirigieron al municipio de Granada y colocaron el denuncio ante la Fiscalía(...) Domingo 03 de abril, dos helicópteros sobrevolaron la zona, uno de ellos aterrizó en los alrededores de Villa La Paz, del que se bajó un Mayor MURILLO, a la solicitud de uno de los familiares expresó: "Nosotros no nos comprometemos a ir a ese sitio porque puede ser una trampa, una emboscada. Nosotros no creemos en ustedes en los campesinos y ustedes no creen en nosotros, por qué no tomaron fotos del hallazgo? Nosotros no vamos por allá, denuncien el hecho"(...) Miércoles 06 de abril, las unidades militares adscritas a la Brigada 7 expresaron que se retiraban del corregimiento de Villa La Paz, lo que obligo a las familias de JESUS ANTONIO y JHON ROBERT a desplazarse por temor a la retaliaciones de los paramilitares(...) Este día, las organizaciones defensoras de derechos humanos Asociación de Familiares de detenidos Desaparecidos, ASFADDES, Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, y nuestra Comisión de Justicia y Paz, solicitamos la activación del Mecanismo de Búsqueda de personas desaparecidas, desde el cual se solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional -Meta, el acompañamiento a las familias y la recepción de los restos humanos que habían encontrado en las dos fosas(...) Las familias de JESÚS ANTONIO y JHON ROBERT, manifestaron gran temor por lo que les pueda suceder, ya que los paramilitares de la región de Puerto Lleras, los amenazaron: "si denuncian ya saben lo que les puede pasar, nosotros tenemos gente nuestra en todo lado desde Villavicencio hasta aquí"(...)

Comision Intereclesial de Justicia y Paz, 13 de abril 2005, Bogota

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO A ADRIANA MARIA DIOSA COLORADO Y FAMILIA. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE COLOMBIA, ASFADDES DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL LOS SIGUIENTES HECHOS:

A N T E CE D E N T E S:

Desde el año 2004, miembros de esta familia vienen siendo objeto de seguimiento realizado en el centro de la ciudad de Medellín, denuncia que reposa en la Fiscalia de Medellín. Es de anotar que Adriana Maria Diosa y su familia hacen parte de la Corporación Área Artística, que en el mes de enero de este año, participaron en una presentación artística dentro del Carnaval de Diablos en Riosucio, Caldas, fecha en la cual se han sucedido los siguientes hechos: El día domingo 13 de marzo de 2005, siendo el medio día, sonó el teléfono de la residencia de Adriana, y al contestar colgaron. Alrededor de las 5: 00 Pm., del mismo día, nuevamente sonó el teléfono, cuando contestaron preguntaron por Adriana (con voz que parecía fingida o con la bocina tapada), cuando contestaron que no estaba, preguntaron por Oscar (Compañero permanente de Adriana), cuando pasó Oscar al teléfono preguntaron nuevamente, ¿Adriana? El hombre al preguntársele ¿de parte de quien?, Contesto: de parte de Armando, el número de teléfono de donde marcaron se identifico 3734863. Cuando devolvieron la llamada, levantaban la bocina pero no contestaban y se escuchaba un sonido extraño, en días posteriores al llamar nuevamente, ya se escuchaba el mensaje de Empresas Publicas que anuncia que el número marcado no había sido asignado al público. Media hora más tarde nuevamente sonó el teléfono, cuando contestaron se escucho del otro lado unas risotada y preguntaron por Adriana, la persona que contesto insistió en que le dijera ¿de parte de quien?, y el hombre insistía en saber quien contestaba; finalmente dijo "Pues con Freddy", la persona que contesto (se asusto) y paso inmediatamente a Oscar (compañero permanente de Adriana), cuado Oscar paso al teléfono del otro lado le preguntaron ¿Oscar?, él contesto: Si, le preguntaron nuevamente ¿Y Adriana?, Oscar respondió ¿quién la llama y para qué?, el hombre contesto: "Póngale mucho cuidado a Adriana que tiene unos enreditos, cuado Usted estaba en Riosucio, ella se quedo con un tipo. Oscar pregunto: ¿Se quedo donde?, el hombre respondió: "Pues en su casa" y colgó. El número del cual realizaron la llamada fue el 914 16 11, cuando devolvieron la llamada el teléfono sonaba ocupado y en otras ocasiones no respondía. El 14 de marzo del 2005, a las 7:15 a.m. sonó nuevamente el teléfono, contesto Adriana, preguntaron: ¿Adriana?, a lo cual Adriana respondió: Ella no esta, preguntaron ¿quién es usted? Y denuevo respondió: soy la mamà de Adriana, (era la voz de una persona joven) le dijo: "oigame tienen que ponerse las pilas con Adriana, ella se esta reuniendo con comandantes guerrilleros en su casa cuando ni el marido ni usted están". A lo que yo respondí: lo que usted esta haciendo es hostigamiento y eso es un delito, ya hemos puesto la denuncia y tienen interceptado el teléfono y lo iban a ubicar, del otro lado colgaron inmediatamente. En esta oportunidad se trató de identificar el número pero este no quedó registrado. El 8 de abril de 2005, siendo aproximadamente las 7:30 pm., nuevamente se reciben unas llamadas extrañas realizadas a la residencia de Adriana, en las cuales preguntaban insistentemente por Adriana y por su compañero permanente, indagando por el paradero de los dos, por qué en ese momento no se encontraban. Cuando llegó a la residencia la hija de Adriana le comentó que recibió unas llamadas muy extrañas y le da los números de teléfonos de donde se hicieron dichas llamadas; la hija manifiesta que era un hombre que preguntaba por Adriana y Oscar, pero había una mujer que le daba la orden a él para que preguntara por ellos; inmediatamente Adriana devuelve las llamadas a esos números de teléfono, los cuales son: 913 64 03 y 9 13 61 87, en uno de ellos contesto una persona con acento homosexual y dijo que ese era un teléfono público que estaba ubicado diagonal al centro administrativo la Alpujarra, diagonal a Carabobo cerca al centro comercial Metro Centro, le preguntó: ¿qué si de ahí, él vio a alguien haciendo unas llamadas? El le respondió: que vio a una mujer y un hombre realizando varias llamadas desde ese teléfono, y que el hombre tenía una gorra de Edatel, le describió a la mujer que era pelirroja y tenia un morado en la cara. El día 21 de abril del 2005, Adriana se encontraba en la Corporación Aérea Artística y Cultural, y siendo las 12: 31 p.m. recibió una llamada al celular personal (310 503-84-55) de un hombre

diciendo ¿vas a dejar de hacer las cosas que estas haciendo o quieres que acabe con tu vida ya, y acordarle que vos tenés familia?, la llamada la realizaron de celular numero 315 415-38-64; siendo la 1:36 de la tarde se recibió nuevamente al mismo celular, con la misma voz de la primera llamada diciéndole : ¡Usted está ligada HP!. Adriana contesto: ¡Ligado esta vos HP!. Y en voz alta exclamo Adriana ¡señor agente! Para darle a entender que estaba con la policía, e inmediatamente el hombre colgó el celular, la llamada no quedo registrada. Siendo las 4:27 de la tarde del mismo día, recibió una llamada perdida del numero 311 372-20-72 e inmediatamente devolvió la llamada de otro celular y respondieron que era de un teléfono publico y que la llamada la realizó un hombre que se había ido por que no le habían contestado.

(…)

SOLICITUDES

1. Al Gobierno el esclarecimiento de los hechos denunciados.

2. Al gobierno la preservación de la Garantía Constitucional de la vida e integridad física y psicológica de la compañera ADRIANA MARIA DIOSA COLORADO Y FAMILIA.

Exigimos:

- a los organismos Gubernamentales y Estatales realizar una severa investigación contra las personas responsables de estos hechos

- la intervención inmediata de la comunidad Internacional para que se inste al Gobierno Colombiano y las autoridades competentes, a que investiguen estos hechos, se identifiquen los responsables y se preserve la vida e integridad física y psicología de la compañera ADRIANA MARIA DIOSA COLORADO Y FAMILIA. (…)

SEGUNDA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SOBRE LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL ESTADO EN LA REGIÓN DEL ATRATO.

Respetado Dr. Álvaro Uribe Vélez:

El 24 de abril de 2004, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, Obispo de la Diócesis de Quibdó, le entregó personalmente una CARTA ABIERTA, sobre la crisis de legitimidad del Estado en la región del Atrato, suscrita por la Diócesis de Quibdó, la Organización Regional Embera Wounaan – OREWA y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACIA.

Esa carta manifestaba profundas preocupaciones sobre la situación de inseguridad y desprotección, que a pesar del gran despliegue de la Fuerza Pública, sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes en los municipios de Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte y Medio Atrato, expuestas a las múltiples agresiones de las fuerzas ilegales de la guerrilla de las FARC y los paramilitares de las AUC. Hacía especialmente hincapié en la inocultable tolerancia, connivencia y complicidad de miembros de la Fuerza Pública con el actuar de los paramilitares.

De igual manera, Monseñor Fidel Cadavid le hizo entrega de la propuesta de Acuerdo Humanitario, elaborada durante dos años por 47 organizaciones populares de la sociedad civil del departamento, que participan en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, como un aporte a la construcción de la paz y la humanización del conflicto.

Hoy, un año después, las Diócesis de Quibdó, Istmina – Tadó y Apartadó, y las 47 organizaciones del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, constatamos con gran pesar que la situación de las comunidades, en vez de mejorar, ha empeorado mucho más: La Policía, la Armada y el Ejército han instalado tantos retenes a lo largo del río Atrato, que es sumamente difícil y en ocasiones imposible que los viajeros lleguen a su destino antes de las seis de la tarde, hora límite, después de la cual la Fuerza Pública prohíbe toda clase de tránsito por el río. Son doblemente incomprensibles estas medidas exageradas, considerando que los rigurosos controles sólo valen para la población civil, mientras los paramilitares se siguen moviendo con total libertad.

Los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas avanzan con gran despliegue de tropas y carga por el río Atrato y sus afluentes Opogadó, Napipí y Bojayá, transitando por numerosos lugares que están bajo control de la Fuerza Pública. La población indígena y afrodescendiente en los afluentes donde hay presencia de la guerrilla, en cambio, es sometida a restricciones tan severas que se encuentra bajo un bloqueo alimenticio.

Entre febrero y marzo de este año, dos mil pobladores afrodescendientes de la cuenca del río Bojayá se han desplazado hacia la cabecera municipal, Bellavista, con el fin, de no quedar en medio de un fuego cruzado ante la avanzada masiva de los paramilitares y la presencia de las FARC en el río Bojayá. La desembocadura de este río queda a menos de un kilómetro de Bellavista y frente a Vigía del Fuerte. En ambos pueblos hay presencia permanente de la Policía y el Ejército.

En Semana Santa, los paramilitares tomaron el control de la parte baja del río Bojayá. Posteriormente, algunos miembros de las comunidades desplazadas de Corazón de Jesús, Caimanero, La Loma y Cuía, fueron a sus fincas en busca de pan coger y encontraron en sus pueblos las casas saqueadas, puertas, ventanas y varias paredes destruidas, los teléfonos comunitarios dañados y tirados al agua; las reses y los cerdos del Instituto Agrícola fueron hurtados.

En los ríos de Opogadó y Napipí, dominados desde el año pasado por los paramilitares, ya ha comenzado la explotación a gran escala de los recursos maderables, siendo este territorio de titulación colectiva. Nadie controla el comercio ilegal de esta madera.

En Bellavista, en el mes de marzo, ante la mirada indolente de la Fuerza Pública, los paramilitares retuvieron madera que salía del río Bojayá. Esta acción está a cargo de un exmiliciano de las FARC, alias Chombo, quien se entregó en noviembre del año pasado al Ejército en Bellavista, bajó a Riosucio y volvió después de dos meses con el nuevo alias de Seguridad.

El 20 de marzo, en el río Bebará, municipio del Medio Atrato, el Ejército retuvo arbitrariamente durante 30 horas a 16 campesinos, entre ellos tres menores de edad, quienes habían salido por la mañana a buscar plátano y a pescar. Este abuso de autoridad causó un gran pánico entre las comunidades afrodescendientes del río Bebará y entre sus familiares en Quibdó.

Otro miliciano de las FARC, de sobrenombre Barbachita, se entregó a principios del mes de febrero al Ejército en Boca de Bebará, municipio del Medio Atrato. Ahora anda libre en Bellavista como informante y siembra desconcierto entre la población desplazada.

En diciembre del año pasado, el Ejército se retiró del corregimiento de Napipi, ubicado a orillas del Atrato y permitió que allí se instalara un grupo de paramilitares. En este pueblo, el 3 de abril un paramilitar de sobrenombre Escamoso agredió físicamente a un anciano de 75 años, quien fue remitido al hospital de Quibdó.

El 18 de abril, las autodefensas que controlan el río Bojayá, por la negligencia de la Fuerza Pública, robaron la planta lister del trapiche comunitario, aprovechando el desplazamiento forzoso que condujo a los campesinos a protegerse en Bellavista desde el 14 de febrero. Este grupo es responsable de otros daños y robos como el ganado vacuno y destrucción de bienes de la comunidad.

Desde hace cuatro meses no hay Defensor Público en Bojayá.

En noviembre de 2004, las FARC asesinaron al Sacerdote FRANCISCO JOSÉ MONTOYA, del Clero de la Diócesis Istmina – Tadó, cuando misionaba en las comunidades campesinas del municipio de Nóvita, sin que hasta el momento haya sido posible recuperar sus restos.

La esperanza de que nuestra CARTA ABIERTA del año pasado motivara una iniciativa de poner fin a tantas irregularidades, hasta ahora ha sido en vano. Nos preguntamos cada vez con mayor desconcierto: A quién protege y a quién combate la Fuerza Pública en el Atrato? Pues, seguimos observando y sufriendo a diario en carne propia estas situaciones absolutamente inaceptables en el marco de un estado social de derecho. Por eso le reiteramos con insistencia nuestra solicitud de hace un año:

- Dé una orden para que cesen inmediatamente todas estas irregularidades que hemos denunciado una y otra vez a lo largo de los últimos años y que la Fuerza Pública actúe conforme al mandato constitucional y legal.

- Ordene una investigación rigurosa contra aquellos funcionarios, quienes con sus actitudes de tolerancia, connivencia y complicidad con los paramilitares son responsables que se esté socavando la legitimidad del Estado en la región del Atrato.

- Ordene a las instituciones del Estado adelantar la investigación correspondiente, a fin de que no quede en la impunidad la muerte del sacerdote FRANCISCO JAVIER MONTOYA, asesinado por las FARC en noviembre de 2004 en el Municipio de Nóvita.

Señor Presidente: las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas no aguantamos más abusos y agresiones. Queremos vivir en paz dentro de nuestros territorios y los que se han visto obligados a desplazarse quieren retornar cuanto antes. Por lo tanto, pedimos acciones concretas e inmediatas, para que nuestros derechos ancestrales que nos han sido reconocidos por el poder legislativo y son violentados, sean defendidos eficazmente por el poder ejecutivo.

Atentamente,

Diócesis de Quibdó, Diócesis de Apartadó, Diócesis de Istmina – Tadó, Foro Interétnico Solidaridad Chocó Quibdó, 27 de abril de 2005

VOCES DE MUJERES - ¿Qué tienen las comunidades de paz, que tanto interesan a los actores armados? Continúan los hostigamientos contra las comunidades de paz

Recientemente, la comunidad de paz de San José de Apartado fue señalada por parte de las autoridades gubernamentales de ser refugio de guerrilleros; así mismo, forzada a tener que aceptar en su espacio territorial, la fuerza policial cívica, es decir, aquella policía civil uniformada. Esta llegada de la policía ha generado un desplazamiento de dicha comunidad de paz, obligándolos a escoger un nuevo territorio cercano para continuar con su comunidad de paz.

Así mismo, la comunidad de Toribio-Cauca, considerada igualmente comunidad de paz, viene siendo hostigada por integrantes de las FARC-EP. Mientras el gobierno nacional se limita a realizar señalamientos, sin ofrecer posibilidades de seguridad real, utilizando el hecho como excusa para justificar el aumento de la militarización de los territorios y la vida de la gente.

(…) ¿Qué tienen las comunidades de paz, que tanto interesan a los actores armados?

Tendríamos que responder que como Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra, La Organización Femenina Popular considera que:

- Una Comunidad de paz en medio de la guerra, víctima de los actores armados y el Estado, genera sospecha para quienes determinan no ser actor de guerra de ningún bando.

- Una comunidad de paz en medio de una guerra, se convierte en “sujeto político autónomo”, es decir, decide por sí misma, no necesitar de los actores armados y por lo tanto éstos actores no tienen, ni pueden aceptar esas resoluciones.

- Las comunidades de Paz son una posición clara de la civilidad y la negación de la seguridad es sinónimo de militarización.

Exigimos que el Estado colombiano cumpla con su deber constitucional de dar seguridad ciudadana, sin dedicarse solamente a señalar ó a mostrar qué tan malo son unos actores armados y qué tan bueno son los otros. La Organización Femenina Popular, insiste y respalda que sólo la solución política negociada, convertirá a Colombia en una comunidad de paz

Organización Femenina Popular
Barrancabermeja – Magdalena Medio – Colombia, Abril 21 de 2005

Asesinada una niña de 19 meses por paramilitares en la vereda Cerro Azul de San Pablo, sur de Bolívar.

Los combates entre paramilitares del Bloque Central Bolívar - BCB y fuerzas combinadas del ELN y las FARC-EP se presentan desde el medio día de hoy en la vereda Cerro Azul donde se encontraban los paramilitares desde el día de ayer, como previamente había sido alertado por la ACVC.

Durante los combates fue asesinada la niña Gisella Fernandez de 19 meses de edad, su padre Pastor Fernández fue herido en los brazos.

Los hechos se produjeron cuando los paramilitares dispararon hacia una vivienda campesina, pensando que en la casa se encontraba atrincherada la guerrilla.

Los combates continuaron hasta las 3 (p.m). Los paramilitares, unos 200 aproximadamente, se encuentran en estos momentos en la vereda Alto Berlín y se dirigen caminando hacia la parte baja de San Pablo, sus bases están en San Blas y Monterrey.

A cinco minutos de Alto Berlín se encuentra un retén de la guerrilla, el lugar es sobrevolado por un helicóptero militar, lo que hace prever el inicio tardío de un operativo militar. Desde hace tres días se denunció la incursión paramilitar en la zona.

En el lugar se encuentra una comisión humanitaria conformada por dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, una funcionaria del PDPMM, un funcionario de la Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar y un ciudadano estadounidense acompañante del Internacional Peace Observatory.

Dada la presencia de paramilitares, de guerrilleros y la inminente llegada de una operación militar, exigimos reiteradamente a las partes no desarrollar actividades militares en cercanías de objetivos civiles, ni entorpecer las labores de la comisión humanitaria.

El asesinato de Gisella ocurre mientras el gobierno colombiano desarrolla un supuesto proceso de paz con los jefes paramilitares, entre quienes se encuentra Ernesto Báez, propietario del BCB.

Al mismo tiempo, el día de hoy, mientras era asesinada Gisella, se desarrollaba una reunión entre los promotores de la guerra que desangra al Magdalena Medio y a Colombia, se reunían Condoleezza Rice, secretaria de Estado del país que diseñó el paramilitarismo a nivel global como parte de la doctrina de la Seguridad Nacional y AUV, quien legalizó el paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia, y quien ahora busca institucionalizarlo, garantizar la impunidad para los crímenes de lesa humanidad y legalizar las tierras expropiadas violentamente y los negocios legales e ilegales del paramilitarismo.

Zona de Reserva Campesina, Abril 27 del 2005
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC

2. TEMA – ARTÍCULO - ENTREVISTA

Respetar y hacer respetar el DIH

Por Yves Giovannoni: Jefe de operaciones para América Latina y el Caribe, Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) Ginebra, Suiza.

Las desapariciones, la toma de rehenes, las ejecuciones sumarias, el desplazamiento, las minas antipersona y los ataques a la misión médica, son prácticas recurrentes que afectan a la población civil en Colombia. Si las reglas del derecho internacional humanitario (DIH) fuesen respetadas, se evitarían muchos sufrimientos, particularmente de las personas más vulnerables, como los niños y las mujeres. Por ello, uno de los principales desafíos es la aplicación y el respeto del DIH.

Basado en el principio del respeto de la persona, el DIH -denominado también derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra- es un conjunto de normas que, en tiempo de conflicto armado, presta protección y asistencia a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y limita los métodos y medios para hacer la guerra. Su finalidad es exclusivamente humanitaria.

De acuerdo al comentario sobre el artículo tres común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, se acepta generalmente que existe una situación de conflicto armado no internacional cuando surgen hostilidades abiertas en el territorio de un Estado entre fuerzas armadas y/o grupos armados dotados de un mando responsable, es decir, con un mínimo de organización, cuya acción hostil presenta un carácter colectivo. Asimismo, para mejorar la protección de las víctimas de los conflictos armados, el concepto de conflicto armado no internacional fue especificado en el artículo primero del Protocolo adicional II de 1977.

Fundado en las exigencias humanitarias y la buena fe, el artículo tres común a los convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II se aplica cuando se presenta, de facto, una situación de conflicto armado. Es más, se considera que las normas del artículo tres común tienen valor consuetudinario y son un mínimo que debería ser aplicado y respetado -sin distinción- por las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados. Cabe precisar que ello no tiene efecto alguno sobre el estatuto jurídico o el reconocimiento de estos últimos.

A la luz del DIH, la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, en el cual son aplicables el artículo tres común a los cuatro convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. Esta calificación es fundamental en la medida que da lugar a ciertas obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar las normas del DIH, así como sus principios fundamentales. También tienen el deber de distinguir entre las personas que participan directamente en las hostilidades y la población civil, así como entre los objetivos militares y los bienes de carácter civil, sin olvidar que está prohibida la utilización de métodos y medios que causen daños superfluos o innecesarios.

La eventual existencia de actos de terrorismo -prohibidos por el DIH- no modifica la calificación jurídica del conflicto. Se trata de un conflicto armado de carácter interno, en el cual son aplicables el artículo tres común a los cuatro convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre la calificación del conflicto en Colombia, hoy en día resulta urgente trabajar en la difusión y aplicación del DIH para prevenir violaciones a estas normas humanitarias. Para reforzar la protección de las víctimas del conflicto debe respetarse y hacer que se respete el DIH en Colombia.

( El Tiempo , 5 de mayo del 2005 )

ONU pide castigo para los crímenes de guerra

La situación de derechos humanos en Colombia, pese a la mejoría que muestran las cifras oficiales, sigue siendo crítica.

También es preocupante el escalamiento del conflicto, los "persistentes" nexos entre miembros de la fuerza pública y las autodefensas y la salvaguarda de siete años para que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Así de enfática fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, al contestar un cuestionario que le envió EL COLOMBIANO.

Arbour, quien comienza hoy una visita oficial al país, conocerá sobre el terreno el drama del desplazamiento de unos 2.000 habitantes del Atrato Medio, en Chocó.

Las diferencias entre funcionarios de la ONU, que afirman que en Colombia existe un conflicto armado interno, y el presidente Álvaro Uribe, quien asegura que se trata de una amenaza terrorista, ¿Afecta la labor de su oficina en el país? "Mi oficina cumple estrictamente con los términos del mandato suscrito entre la ONU y el Gobierno y que fue extendido por solicitud del presidente Uribe hasta octubre de 2006. En el mandato se dice que mi oficina debe asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en 'el contexto de violencia y conflicto armado que vive el país'. Y esto es lo que la oficina está haciendo".

¿En qué afecta la salida de James Lemoyne el acercamiento que venía adelantando Naciones Unidas con las Farc? "El Secretario General de la ONU ha dicho, en un comunicado del 24 de enero de 2005, que estaría dispuesto a considerar una ayuda más activa de parte de las Naciones Unidas si se produjera un cambio de circunstancias y hubiera un pedido explícito de las partes".

Proceso con las Auc

Su oficina en Colombia ha manifestado su preocupación por el marco jurídico que va a regir la desmovilización de las Auc. ¿Se han acatado sus recomendaciones?, ¿Cuáles vacíos deja el proyecto? "El 13 de abril, ante la Comisión de Derechos Humanos, expresé mi preocupación por el actual texto del proyecto de ley que el Congreso está considerando. Debo enfatizar la necesidad de que la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales cuente con un marco jurídico adecuado, cuyas normas permitan reconocer y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de delitos atroces. También he dicho que los beneficios procesales sólo deben otorgarse a integrantes de agrupaciones comprometidas en acuerdos colectivos y sólo cuando estas personas contribuyan, de manera efectiva, a la administración de justicia, al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas".

Su oficina recomendó al Gobierno suprimir la salvaguarda de siete años para que la Corte Penal Internacional juzgue crímenes de guerra. ¿Por qué es importante esta decisión? "Hay dos razones: primero es recomendable no hacer salvaguardas a los instrumentos que tratan graves crímenes internacionales; segundo, en el caso de Colombia, tomando en cuenta lo degradado del conflicto armado interno, principalmente por la actuación de los grupos armados ilegales, ayudaría la aplicación plena del Estatuto de Roma. No se debe dar espacio a la impunidad de los crímenes de guerra".

En las autodefensas hay preocupación por la posible intervención de la CPI una vez se hayan desmovilizado. Uno de los fiscales de la Corte pidió al Gobierno información sobre los avances del proyecto de Justicia y Paz e información sobre la investigación de algunos crímenes cometidos por la guerrilla y las Auc. ¿La CPI podría juzgar a algunos de los desmovilizados de las Auc? "Esta situación solamente podría surgir si la justicia colombiana no lograra adecuadamente investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humildad y de guerra".

Nexos con las Auc

Su informe sobre Colombia deja ver la inquietud por el incremento de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos por parte de servidores públicos; en especial, señala un aumento en la tortura y las desapariciones. ¿Qué tan grave es la situación y qué respuesta ha dado el Gobierno?

"La situación de los derechos humanos sigue siendo crítica en Colombia. Hubo un alto nivel durante el año 2004 de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas; un alto número de torturas y maltrato, numerosos casos de detenciones y allanamientos arbitrarios y continuó siendo alto el grado de impunidad. Varias de mis recomendaciones están dirigidas, justamente, para contrarrestar estas violaciones. Confío en que el Gobierno implemente adecuadamente mis recomendaciones".

Las denuncias sobre los nexos entre grupos de autodefensas y miembros de las Fuerzas Militares y la Policía se siguen presentando. La última denuncia la hizo la Diócesis de Quibdó en referencia a la situación de Bojayá ¿Qué conoce del caso? "En los sucesivos informes sobre Colombia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos se ha referido al lamentable hecho de que persisten casos de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares en varias partes del país. Últimamente, en el Atrato, mi oficina ha podido observar lo que parecería ser un aumento de estos casos de vínculos entre la fuerza pública y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. Al respecto también conozco los recientes pronunciamientos de los obispos de la región y del Procurador General".

Los indígenas del Cauca pidieron al Presidente retirar las instalaciones del Ejército y la Policía de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló por nuevos ataques de la guerrilla. El Gobierno se ampara en un concepto de la Procuraduría según el cual prima el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. ¿Qué piensa? "El Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone a todos los que participan directamente en las hostilidades el deber de garantizar a la población civil una protección general. En cumplimiento de ese deber resulta obligatorio tomar precauciones para que los efectos de las operaciones bélicas no afecten a las personas protegidas. A la luz del Derecho Internacional Humanitario no es aconsejable construir instalaciones de defensa militar en lugares donde se da una concentración de civiles".

Su oficina pidió al Gobierno esclarecer la masacre de ocho personas en San José de Apartadó y a los integrantes de la comunidad de paz facilitar la labor de las autoridades ¿Cómo ve este proceso y qué recomendaciones hace a las partes? "Mi oficina en Colombia emitió un comunicado sobre el tema el 22 de marzo. Al respecto quiero subrayar tres recomendaciones concretas sobre este caso. La primera, que la presencia integral de las autoridades del Estado en todo el territorio es necesaria para garantizar y proteger los derechos humanos de la población. La segunda, que la vida y la integridad de los miembros de esa comunidad deben ser protegidos y garantizados a través de medidas estatales adecuadas que se adopten en concertación con la comunidad. La tercera, que los moradores de la comunidad de paz deben colaborar con los funcionarios judiciales encargados de investigar las masacres, y que éstos les deben garantizar la seguridad y la tranquilidad a los testigos y familiares de las víctimas".

(Por Clara Isabel Vélez Rincón, El Colombiano, 11 de mayo del 2005 )

3. ACTIVIDADES DE PBI COLOMBIA

En las interlocuciones que PBI Colombia sostuvo con autoridades colombianas e internacionales, así como con Organizaciones Intergubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, se compartió la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y comunidades desplazadas acompañadas.

Del 12 de abril del 2005 hasta el 12 de mayo del 2005, se hizo hincapié en la situación de seguridad de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos (ASFADDES) tras haber recibido serias amenazas. También se siguió mostrando preocupación sobre la situación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

INTERLOCUCIÓN CON AUTORIDADES

PBI Urabá se reunió con el Dr. Diego Tranquillini de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con el Dr. Daniel Rojas, Defensor comunitario encargado de las comunidades del río Cacarica.

PBI Bogotá se entrevistó con el Teniente Coronel Juan Carlos Gómez Ramírez, encargado de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa; el Mayor General Hernando Alonso Ortiz de la V División y el Brigadier General Carlos Arturo Suárez Bustamente de la XIII Brigada. Además se reunió con el Coronel Luis Alfonso Novoa Díaz, encargado de Derechos Humanos de la Policía Nacional; el Coronel Álvaro Becerra Álvarez, Comandante Operativo de Servicios Especializados de la Policía; con el Teniente Coronel Carlos Ayala Jiménez del Grupo Acción Unificada Libertad Personal (GAULA); y con el Coronel Carlos Alberto Suzunaga de la Policía de Carreteras. Además el equipo se reunió con Dra. Paula Berutti, oficial de Derechos Humanos - programa de defensores, de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

PBI Medellín se entrevistó con Dr. José Manuel Hernández Franco, encargado del Orden Publico de la Gobernación de Antioquia, Dra. Roció Piñeda, Directora de la Oficina de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Gobernación de Antioquia, Dr. Fajardo Landeata, Asesor de la Gobernación de Antioquia, Dr. Michell Vermett de la Embajada de Canadá, Dr. Jaime Mejía Martínez, el Segundo Secretario del Gobierno de Antioquia, y Coronel Vargas y Mayor Sánchez de Batallón Plan Especial Energético Vial No. 4.

PBI Barrancabermeja se reunió con el Dr. Jorge Gomez Lizarazo, Defensor del Pueblo del Magdalena Medio; el Capitán Chacon de la Policía de San Pablo; el Capitán Lora de la Policía de Cimitarra; el Dr. Roberto Desogus, de la OACNUDH de Bucaramanga; el Teniente Medina Ocampo de la Policía Tiquisio y el Coronel Bermúdez del Batallón Nariño.

La representación de PBI Colombia en Norte America y Europa sostuvo reuniones con congresistas y parlamentarios, representantes de sus Gobiernos, la Unión Europea y del sistema de las Naciones Unidas.

ACOMPAÑAMIENTOS

PBI Urabá brindó presencia permanente en los asentamientos de CAVIDA (Comunidades De Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica), a sus miembros por el río Atrato y a la CIJP en sus estancias en dichos asentamientos y sus desplazamientos en Turbo. Acompañamos también a miembros de la CIJP en sus estancias en comunidades de la cuenca del Jiguamiandó. Se mantuvo presencia internacional en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó realizando acompañamientos a miembros del Consejo Interno de la Comunidad en sus viajes a Apartadó. Asimismo se acompañó puntualmente a Dr. Eduar Lancheros en su estancia en dicha comunidad.

PBI Bogotá acompañó a la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC) en su sede y durante sus diligencias en la ciudad. El equipo también brindó acompañamiento a ASFADDES tanto en su oficina nacional y la de la seccional Cundinamarca como durante actividades realizadas en otras partes de la ciudad y en su viaje a Tibacuy. Igual brindó acompañamiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en su oficina, en audiencias y en diligencias dentro de la ciudad de Bogotá y en sus viajes a los departamentos de Valle de Cauca, Arauca y La Guajira. El equipo además acompañó a la CIJP en su sede y en sus desplazamientos por la ciudad. Se acompañó a la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) en su sede nacional en Bogotá, en sus diligencias por la ciudad y en sus visitas a las cárceles en Bogotá. PBI Bogotá acompañó a MINGA - la Asociación para la Promoción Social Alternativa - en su sede y en su viaje a Catatumbo. Acompañamos a la Organización Femenina Popular (OFP) en su trabajo en el distrito de Ciudad Bolívar. Se acompañó a la Corporación Juridica Yira Castro en su oficina. El equipo acompañó también el trabajo que realiza la Dra. Berenice Celeyta de la organización NOMADESC en las ciudades de Cali y Bogotá y brindamos acompañamiento a su abogado Dr. Jorge Molano en sus diligencias en Bogotá. Se acompañó también al Dr. Iván Cepeda y a la Dra. Claudia Girón de la Fundación Manuel Cepeda Vargas en su trabajo en Bogotá. Finalmente acompañamos a un miembro de la coordinación de la CAVIDA y a un miembro del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en sus diligencias en la ciudad de Bogotá.

PBI Medellín realizó diariamente rondas por las sedes de las organizaciones : la Corporación Jurídica Libertad (CJL), ASFADDES, FCSPP y pasó regularmente por la sede del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Se acompañó a funcionarios de ASFADDES en una marcha convocada por las Universidades de Antioquia y Nacional y en la marcha del Primero de Mayo. De la misma forma, PBI Medellín acompañó a Adriana Diosa, miembro de ASFADDES habitualmente durante las últimas semanas a lugares varios en la ciudad. PBI Medellín también acompañó a CJL a los municipios de Granada & Cocorná, Oriente Antioqeño y al municipio de Bellavista en el departamento del Chocó. También se acompañó al FCSPP en la cárcel de Bellavista y durante una visita a cárceles en el Eje Cafetero (Risaralda y Caldas). En el marco de una visita a Medellín se acompañó también a un integrante del Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en sus diligencias en la ciudad.

PBI Barrancabermeja acompañó a la OFP en sus recorridos diarios por Barrancabermeja y barrios periféricos. También en sus viajes a los siguientes municipios y corregimientos: Cantagallo, Puerto Wílches, Landázuri, Tiquisio. A la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) se le ha acompañado en sus recorridos rutinarios por Barrancabermeja. A Régulo Madero y a Francisco Campo, Defensores de Derechos Humanos de la Corporación Nación, se les ha acompañado en Barrancabermeja.