Colombia + 5 more

Nota Orientativa: Mitigación de riesgos de desalojo de población refugiada y migrante de venezuela

Sources
Posted
Originally published
Origin
View original

Attachments

ANTECEDENTES

La implementación de las medidas COVID-19 ha tenido un impacto directo sobre la población refugiada y migrante de Venezuela en la región, afectando el acceso a medios de vida, servicios básicos, seguridad alimentaria y alojamiento.

De acuerdo con el documento de evaluación rápida de necesidades desarrollada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia2 , el 53% de los hogares encuestados requieren apoyo para el pago de vivienda y 45% acceso a empleo/medios de vida. 83% viven en una casa/habitación de alquiler y en relación con ingresos económicos y antes del COVID; el 91% tenían un trabajo remunerado, en el contexto COVID; solamente el 20% conservan su trabajo (disminución del 78%). Así mismo, el 4% manifestaba no tener ingresos antes del COVID; en la actualidad ese dato subió al 40%.

En relación con el cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio del 48% que expresaron tener dificultades, el 10% estableció un vínculo con el riesgo de ser desalojados. Por otro lado, el estudio adelantado por el Danish Refugee Council (DRC)3 en Colombia, demostró altos niveles de hacinamiento entre la población refugiada y migrante de Venezuela en el país con un promedio de entre 5 y 9 personas por hogar (datos que varían dependiendo de la ciudad).

En el caso del Ecuador y en la evaluación rápida de necesidades desarrollada por el GTRM, se identificó que para el 43% de los refugiados y migrantes de Venezuela encuestados, el alojamiento es su principal preocupación.

La informalidad en la tenencia (tipo de acuerdos establecidos entre arrendatario y arrendador sobre la ocupación del inmueble), la falta de asequibilidad, las condiciones de hacinamiento, la falta de calidad de los alojamientos, el incremento de expresiones de discriminación y xenofobia, la falta de acceso a la información sobre debido proceso y el temor de acudir a la institucionalidad por encontrarse en situación de irregularidad ha generado en la región condiciones propicias para que el derecho fundamental a una vivienda se vea afectado a pesar de los esfuerzos que muchos Estados en la región han hecho a través de desarrollos normativos que incluyen, ante la excepcionalidad de la situación, medidas de protección como la suspensión de desalojos.

Los organismos de control y con competencias en la guarda y promoción de derechos humanos (Personerías, Defensorías, Procuradurías) han emprendido, en varios países acciones para mitigar el riesgo de desalojo invitando a la población a denunciar e instando a los Estados a garantizar la protección de este derecho, de manera especial para aquellos casos en riesgo de situación de calle, en movimiento con niveles más altos de vulnerabilidad en el contagio de COVID-19.

La imposibilidad de ejercer las actividades económicas habituales en los países de acogida (en la mayoría de los casos asociados a sectores informales de la economía) ha tenido impacto en la capacidad de la población de cubrir sus necesidades básicas, cumplir los gastos de alojamiento/vivienda generando procesos de retorno acelerado al país de origen a pesar de las medidas existentes para evitar la diseminación de la Pandemia, según las disposiciones de la OMS/OPS.

A pesar de los esfuerzos hechos por muchos países de la región con el fin de mitigar, a través de desarrollos normativos, los efectos de los desalojos, las acciones por vías de hecho, el incumplimiento/desconocimiento de las regulaciones impuestas sumados a la ausencia de información adecuada y de seguimiento/monitoreo, siguen representando un riesgo en la protección del derecho a la vivienda adecuada de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. En el caso de desalojos de bienes privados, las organizaciones humanitarias no cuentan con relaciones previas que faciliten el proceso de articulación (ej. Inspecciones de Policía), que permitan atender la situación de manera previa y con el fin de evitar el desalojo y sus impactos.