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Nota de prensa: Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 31 de Marzo 2020

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​En su último Informe trimestral sobre Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas plantea tres prioridades para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz para el 2020:

(1) adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes;

(2) fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes; y

(3) asegurar que las comunidades, y en especial las víctimas, estén en el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz.

  • En su Informe, el Secretario General reconoce los retos que trae el brote de COVID-19 a la implementación de la paz, pero saluda los esfuerzos conjuntos de FARC y el Gobierno para tomar medidas preventivas con la población de excombatientes.

Bogotá, Marzo 31 de 2020. – Con el augurio que este año 2020 traiga avances alentadores para Colombia mediante la implementación del Acuerdo de Paz, el Secretario General de las Naciones Unidas destaca los avances y los retos de la implementación del Acuerdo en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que cubre el período entre el 27 de diciembre 2019 y el 26 de marzo de 2020.

El Secretario General hace especial énfasis en el papel de las autoridades locales y departamentales en la implementación del Acuerdo. El Secretario General acoge “con gran satisfacción las múltiples expresiones de apoyo y compromiso para la implementación del Acuerdo de Paz de los alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras” posesionados en enero, incluyendo a 12 excombatientes y candidatos del partido FARC que también fueron elegidos en los comicios locales de 2019. En este sentido, el Informe destaca el lanzamiento de la Red Nacional de Autoridades Locales para la Paz en febrero y también el lanzamiento de la hoja de ruta para la protección efectiva de líderes sociales desde los departamentos en la “Mesa por la Vida” celebrada en Puerto Asís en marzo. También señala que 162 municipios y 15 departamentos han adoptado medidas jurídicas para incluir los programas de desarrollo con enfoque territorial en sus instrumentos de planificación territorial. El Informe comenta que la cooperación de las autoridades locales será fundamental para incorporar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en el ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación municipales.

El Informe reconoce que el brote de COVID-19 planteará muchos retos a Colombia en los próximos meses. Sin embargo, el Secretario General celebra el compromiso del Gobierno de asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz en este difícil contexto y acoge con beneplácito “que FARC y el Gobierno hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. Específicamente, el Informe destaca que el 98% de excombatientes se han afiliados al sistema nacional de salud.

Además de hacer un balance de la implementación durante este período, el Secretario General propone tres prioridades para el 2020. El Secretario General señala como la principal prioridad para el 2020, la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes. Durante el periodo del Informe se señala que la Misión verificó 16 asesinatos de ex miembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres). Aproximadamente el 73% del total de asesinatos de excombatientes se han producido en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales.

El Informe también destaca que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, 6 de los cuales han sido verificados, entre ellos los asesinatos de dos mujeres.

En este sentido, el Secretario General afirma que “no se deben escatimar esfuerzos para garantizar la protección y la seguridad de quienes enfrentan riesgos específicos debido a su papel en la promoción de los derechos humanos, en la implementación del Acuerdo de Paz y en la defensa de los intereses de sus comunidades, y de quienes dejaron las armas y siguen comprometidos con el proceso de paz.”

El Secretario General hace un llamado a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades. Por un lado, reitera su llamado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de avanzar en la adopción de una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. También apunta la importancia de dotar de suficientes recursos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para así atender más de 400 solicitudes pendientes de esquemas de protección. Finalmente, el Informe resalta los avances de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía en las investigaciones de varios asesinatos de ex miembros de las FARC-EP, y a la vez insta a todos los actores relevantes a que apoyen plenamente la decisiva labor de la Unidad para llevar ante la justicia a los autores de esos ataques, incluidos sus autores intelectuales.

El Informe señala que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación sigue coordinando la implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno en junio de 2019 para reforzar la protección de los excombatientes y apoyar a las entidades encargadas de investigar los ataques contra ellos. Destaca, por ejemplo, las cuatro reuniones a nivel regional de la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Seguridad y Protección, incluyendo en el municipio de Ituango, donde el Secretario General señala su especial preocupación dado que es el municipio con el mayor número de ataques contra excombatientes desde la firma del Acuerdo.

Como una segunda prioridad para este año, el Secretario General observa que se deben fortalecer las bases del proceso de reincorporación a más largo plazo, y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes. El Informe reconoce la aprobación en diciembre de la Ruta de Reincorporación, que fue acordada entre las partes y establece el marco para el proceso de reincorporación socioeconómica a largo plazo y alienta a las partes a que sigan trabajando conjuntamente, en un espíritu de diálogo constructivo, durante su implementación. El Secretario General hace especial énfasis en el tema de acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, como un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales.

El Informe destaca los 49 proyectos colectivos y los 1225 proyectos individuales aprobados que benefician a un poco más de 3500 excombatientes. El Secretario General recuerda que esta cifra representa el 27% de los ex integrantes de las FARC-EP acreditados.

El Secretario General señala en el Informe la situación de más de 9.400 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Si bien 22 de los 49 proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) benefician a excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCRs, “la mayoría de estos excombatientes residen en lugares con acceso limitado a tierras, vivienda, educación, oportunidades productivas, atención de salud y seguridad.” En este sentido, el Secretario General plantea que es necesario que todos los actores —incluidos FARC, el Gobierno, las autoridades locales y la comunidad internacional— se adapten a esa realidad. “El proceso de reincorporación solo tendrá éxito si todos y cada uno de los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso de paz reciben oportunidades, protección y seguridad, independientemente del lugar donde viven,” observa el Secretario General.

Como tercera prioridad para el 2020, el Secretario General se enfoca en la importancia de que las comunidades, y en especial las víctimas, estén al centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz. “El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz vendrá determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz,” señala el Secretario General.

En este sentido, el Informe señala que lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios –previsto en el Acuerdo– tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país. El Secretario General también apunta que será esencial el progreso sostenido en la reforma rural integral, incluidos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), manteniendo la participación social y su coordinación efectiva con otros programas. Finalmente, el Secretario General reitera su valoración que la presencia sostenida e integrada de las instituciones del Estado sigue siendo el medio más eficaz para garantizar la paz y la estabilidad en los territorios. Sobre este punto, el Secretario General confía que, en los casos donde se decida trasladar algunos antiguos ETCRs por motivos de seguridad, esto no dará lugar a una reducción de la presencia del Estado sino, por el contrario, a su fortalecimiento, a fin de garantizar la protección de las comunidades en esas zonas.

El Secretario General destaca que en cada una de estas tres prioridades se debe prestar atención especial a las necesidades específicas de las mujeres, los niños y niñas, las comunidades étnicas y las personas jóvenes.

El Secretario General también reitera su apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad—. En su Informe reconoce que los siete casos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz siguen avanzando, recibiendo versiones de 291 ex miembros de las FARC-EP, 232 de la Fuerza Pública, 7 agentes estatales no combatientes y terceros, y con la acreditación de más de 260,000 víctimas. En este sentido, el Secretario General exhorta a todos los actores a que contribuyan plenamente a su labor, en particular demostrando sinceridad en sus contribuciones a la verdad y empatía en su reconocimiento del sufrimiento de las víctimas.

El Secretario General concluye su Informe reafirmando que, a pesar de las difíciles circunstancias relacionadas con el COVID-19, confía que el año 2020 pueda traer avances alentadores para Colombia mediante la implementación integral del Acuerdo de Paz.

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el 14 de Abril de 2020.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia. S/2020/239

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