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Nota de prensa del Informe Trimestral del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

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Bogotá, Octubre 1 de 2020.- En su último Informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas señala que la implementación integral del Acuerdo Final de Paz tiene el potencial de ser un elemento clave de la ruta para la recuperación económica y social de los efectos de la pandemia.

En su Informe, el Secretario General presenta una actualización sobre la implementación de los capítulos del Acuerdo de Paz sobre reincorporación de excombatientes y sobre garantías de seguridad para exintegrantes de las FARC-EP y para comunidades en los territorios, y recomienda varias acciones que pueden tener un impacto positivo antes del final del año.

En lo referente al proceso de reincorporación, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) aprobó nueve nuevos proyectos productivos colectivos, para un total de 66 proyectos que benefician a 2,928 excombatientes (837 mujeres). De estos, 49 han recibido los fondos. En cuanto a proyectos productivos individuales, 158 fueron aprobados este periodo, para un total de 1,467 que benefician a 1,734 excombatientes (379 mujeres). Casi un tercio de las personas en proceso de reincorporación ha recibido apoyo financiero a través de proyectos colectivos o individuales. El Secretario General reitera la importancia de la tierra como un requisito esencial para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos.

En esta misma línea, el Secretario General señala la importancia de continuar con el proceso de consolidación de los antiguos ETCR. La formalización de estos y la titulación de tierra ayudarían a reducir la incertidumbre y a construir perspectivas de largo plazo a miles de excombatientes y sus familias. La reciente compra de la tierra del antiguo ETCR de Icononzo (Tolima) es un avance positivo, y el Secretario General espera que se pueda cumplir la meta del Gobierno de comprar tierras para otros nueve antiguos ETCR antes de finalizar el año.

Sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las iniciativas productivas de excombatientes, el Informe señala que las mesas técnicas del CNR, con el apoyo Naciones Unidas, han tomado medidas para mitigar el impacto, incluyendo capacitaciones, apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria a pequeña escala, otorgar conectividad a 53 proyectos productivos para mejorar su acceso a la asistencia técnica remota, y la distribución de más de 700 tapabocas para excombatientes involucrados en proyectos productivos.

A la fecha, al menos 88 excombatientes (33 mujeres) han dado positivo por COVID-19, dos de los cuales fallecieron. Se destaca la importancia de que las brigadas de salud se reanudaron en los antiguos ETCR, beneficiando a las comunidades y excombatientes.

El Informe reitera las vulnerabilidades que enfrentan más de dos tercios de la población total de excombatientes que llevan a cabo su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR, incluyendo en las nuevas áreas de reincorporación. Estos(as) excombatientes enfrentan mayores riesgos, tanto por inseguridad como por acceso insuficiente al apoyo institucional y a oportunidades productivas, por lo que el Secretario General nuevamente hace un llamado a proveerles de mayor apoyo. En este sentido, el Secretario General también alienta al Gobierno y a FARC a que trabajen conjuntamente a fin de desarrollar una estrategia para fortalecer el apoyo socioeconómico y la seguridad en las nuevas áreas de reincorporación.

A pesar de una disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto ha continuado. Con relación a las masacres que se dieron en diferentes departamentos en los últimos meses, el Secretario General se une a la sociedad colombiana, al Gobierno y a los actores políticos en condenar enérgicamente estos incidentes, incluidos los asesinatos de niños y jóvenes, e insta a las autoridades a que lleven rápidamente ante la justicia a las personas responsables. El Informe hace referencia a 42 casos verificados por la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en lo corrido del año y otros 13 en proceso de verificación. Además, OACNUDH ha verificado un total de 48 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos este año, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.

De acuerdo con el informe, estos crímenes están siendo perpetrados principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Adicionalmente, varias de las áreas donde ocurrieron estos crímenes fueron objeto de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, por lo cual el Secretario General insta a todos los actores a que trabajen de manera coordinada, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) a fin de responder a los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo y actuar sobre sus recomendaciones.

La violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz. El Informe destaca que la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes (todos hombres) durante este período, para un total de 50 (2 mujeres) en 2020. Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos (4 mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (4 mujeres). El Informe señala que, en respuesta a estos ataques, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales a tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC-EP.

El Informe resalta la aprobación por la Unidad Nacional de Protección de 94 medidas urgentes de protección para excombatientes. No obstante, según la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, 19 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de medidas de protección. En este sentido, el Secretario General menciona la importancia de que la Subdirección Especializada cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes. También señala la importancia de que las mujeres excombatientes tengan acceso adecuado a los esquemas de protección.

Con respecto al avance en las investigaciones sobre ataques contra excombatientes, el Informe señala que, hasta la fecha, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación ha reportado 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio. En el período del Informe, fueron detenidos 4 sospechosos de ser autores intelectuales, con lo que en total suman 15 desde la firma del Acuerdo Final. El Secretario General insta a todas las instituciones relevantes a que apoyen a la UEI para que fortalezca su presencia en las regiones con mayor número de ataques a excombatientes y que así pueda continuar avanzando en llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos ataques.

Sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Informe señala que el presidente Iván Duque convocó una sesión plenaria el 12 de agosto y que se realizaron tres sesiones regionales de la Comisión durante este período, en Nariño, Córdoba y Cauca. El Secretario General exhorta a la Comisión a que finalice la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, teniendo en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar hacia su implementación en 2021.

En reiteradas ocasiones, el Secretario General ha señalado la importancia de apoyar a las comunidades más afectadas por el conflicto. En este sentido, el Secretario General acoge con beneplácito el progreso en la reactivación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (decreto 660) y el diálogo productivo entre el Gobierno y actores de la sociedad civil en el marco de sus comités técnicos. Aún así, destaca la importancia de garantizar los recursos apropiados para el funcionamiento de los proyectos piloto para que traigan avances tangibles a las comunidades.

El Informe destaca avances en la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), incluyendo labores de planificación y aprobación de proyectos por medios virtuales, así como la aprobación de 30 proyectos para municipios PDET con financiamiento de regalías. El Secretario General insta a que se logre cumplir el objetivo del Gobierno de finalizar, antes de final de año, las 15 hojas de ruta para la estabilización incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y destaca la importancia de sean desarrolladas de acuerdo con las prioridades identificadas por las comunidades en la fase de diseño de los PDET.

El Secretario General destaca el rol de las autoridades regionales y locales en la implementación del Acuerdo, y saluda la inclusión de elementos de reincorporación en 26 planes de desarrollo departamentales y de garantías de seguridad en 17. Según el Secretario General, “Esto demuestra la importancia que las autoridades, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto, atribuyen a la implementación integral del Acuerdo, incluidos componentes clave para llevar seguridad y desarrollo a las zonas rurales, como los PDET y el PNIS”.

El informe hace énfasis en que para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz se requiere un diálogo sostenido y un trabajo conjunto entre las partes y otros actores. Para tal fin, “las partes deben continuar usando cada vez más los mecanismos de diálogo previstos en el Acuerdo Final, incluidos la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación.”

Dado que en octubre se cumple el vigésimo aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, el Secretario General insta en su Informe a todos los actores a acelerar la aplicación de las disposiciones de género del Acuerdo de Paz, incluyendo mediante la asignación de recursos adecuados para su implementación. También insta a las partes a promover medidas para fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres excombatientes en las iniciativas de reintegración económica y espacios de toma de decisiones, y reitera la importancia de la implementación del plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

En su Informe, el Secretario General reitera que “las Naciones Unidas respaldan firmemente a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en sus esfuerzos por ofrecer verdad y justicia restaurativa para dar voz y alivio a las víctimas”. Así mismo, el Secretario General destaca los avances del Sistema y hace un llamado a que las partes del conflicto contribuyan a la verdad y reconozcan sus responsabilidades, y a los actores en general a que respeten el trabajo de las tres entidades del Sistema.

A medida que el país continúa haciendo frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19, será esencial llevar desarrollo y renovadas oportunidades, mayor seguridad y una presencia integral del Estado a las zonas rurales de Colombia que sufrieron el conflicto y que ahora están sufriendo los efectos de la pandemia. En este sentido, el Secretario General enfatiza que el Acuerdo Final de Paz ofrece herramientas y mecanismos para abordar cada uno de estos temas, entre otros los PDET y los programas de salud rural previstos en el punto 1 del Acuerdo, los aspectos sobre reincorporación y garantías de seguridad del punto 3 y el programa de sustitución de cultivos ilícitos previsto en el punto 4. “Por tanto, aliento a todos los actores en Colombia a que reconozcan el potencial que tiene la implementación del Acuerdo como elemento clave de la ruta para la recuperación económica y social de la pandemia, y a que redoblen sus esfuerzos para implementar el Acuerdo de manera integral.”

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 14 de octubre de 2020.

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2020/943

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